Más de un millón de castellano-manchegos cuentan con un juez de paz
01/10/2010 - 09:45
Casi 900 hombres y mujeres de la región contribuyen al mantenimiento de la Administración de Justicia en su primer nivel. Se trata de los jueces y juezas de paz, cuyo papel mediador en las zonas rurales es determinante para la resolución de conflictos particulares y vecinales. Ayer, Guadalajara acogió la primera jornada formativa de estos justicieros que, en la provincia, suman 285.
Pueden celebrar matrimonios, coordinan asuntos relacionados con el Registro Civil, median en actos de conciliación, resuelven pequeñas faltas o conflictos menores entre vecinos y dan solución a procesos civiles que no superen los 90 euros. Todas estas tareas son realizadas por los jueces y juezas de de paz de Castilla-La Mancha, una figura que cobra gran protagonismo, principalmente, en las zonas rurales, donde son respetados casi como instituciones por la labor justiciera que desempeñan en sus localidades. Su mediación suele ser respetada por todos puesto que su carácter se define por la sensatez y la buena disposición.
Para incidir en su formación, la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia ha puesto en marcha una serie de jornadas que recorrerán la geografía regional durante el mes de noviembre con el propósito de abordar cuestiones como la organización del Registro Civil, la conciliación y la mediación en el ámbito de la Justicia de Paz, las técnicas de resolución de conflictos, el juicio verbal y el juicio de faltas, los actos de comunicación y ejecución y el papel de las entidades locales en la gestión de recursos de los juzgados de Paz. Estas jornadas fueron inauguradas en la mañana de ayer por la titular de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, quien destacó que su papel social es muy importante en los municipios sobre todo en los más pequeños, donde están contribuyendo a impartir justicia. Son personas que tienen talante negociador y además desarrollan una labor con un bonito nombre: jueces o juezas de paz.
Junto a la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, también han colaborado en su celebración el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
El hecho de que la primera jornada formativa se celebrara ayer en la capital concretamente, en el Teatro Moderno se relaciona con la característica de dispersión geográfica de Guadalajara, lo que le obliga a multiplicar la cifra de jueces y juezas de paz para prestar servicio al mayor número de vecinos. Tal y como indicó la propia consejera, ninguno de ellos tiene en su haber la licenciatura en Derecho, pero dentro del poder judicial de este país, pese a no tener este título universitario, poseen una capacidad innata de mediar en conflictos y ayudar en sus respectivos municipios. Son personas con prestigio en la zona. Son hombres o mujeres buenos. Esta figura es especialmente relevante donde no existe una estructura de Administración Judicial, de ahí su importancia en el ámbito rural. Más de un millón de habitantes de Castilla-La Mancha, casi la mitad de su población, dispone de jueces o juezas de paz a la hora de resolver pequeños conflictos o situaciones legales. Ellos constituyen el primer eslabón en la Administración de Justicia y pocos son los que se atreven a cuestionar sus decisiones pese a que no dispongan de conocimientos reglados en jurisprudencia.
El programa de las jornadas será idéntico en las cinco provincias castellano-manchegas e incidirá en su correcta preparación para mejorar el servicio que prestan al ciudadano.
888 jueces
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es el órgano del que dependen los 888 jueces de paz de la provincia, de los cuales existen 285 en la provincia y sólo 15 son mujeres. Ana María Rojo es uno de los pocos ejemplos de juezas de paz que existe en la provincia. Se dedica a estos menesteres desde hace seis años en la localidad de Horche y asegura que los vecinos ven en el juez una figura de respeto. Otro veterano en la justicia de paz es Javier Sánchez, quien ejerce de juez de paz en Yebra desde hace siete años. También a él le ha marcado esta labor, de la que no se desprenderá al menos hasta dentro de cuatro años. Considera que se dedican muchas horas, pero en su caso le compensa el cariño que tiene a sus convecinos de Yebra.
La elección
Los ayuntamientos son los encargados de convocar la plaza de juez de paz, a la que los interesados se presentan de forma voluntaria. La afición por este papel de mediador social o justiciero suele hacer que repitan año tras año, debido a su sentido de la responsabilidad y al alto grado de implicación que alcanzan con los conflictos vecinales o locales. Como condición para poder convertirse en juez o jueza de paz es imprescindible no pertenecer a ningún grupo político o sindicato. El pleno del Ayuntamiento en cuestión es el que debe aprobar la candidatura del interesado y proponerle para esta tarea durante un periodo de cuatro años.
El siguiente paso es su nombramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ante el magistrado decano de los juzgados de su partido judicial en el caso de la provincia hay tres: Guadalajara, Sigüenza o Molina de Aragón.
El primer eslabón de la Justicia desinteresada
La justicia de paz presta un servicio indispensable en aquellos lugares donde no existe estructura física de juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En su lugar, son los jueces y juezas de paz los responsables de encauzar las competencias de estos órganos. Pese a que su cobertura en la provincia y en la región es muy extensa, llegando a alcanzar los 1.055.000 habitantes, no existen en todos los municipios de la provincia. Además de cumplir las funciones correspondientes al Registro Civil, como inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, se encargan de resolver juicios de faltas, actos de conciliación entre partes o firma de declaraciones. Otra de sus tareas encomendadas es, por ejemplo, trasladar hasta el juzgado correspondiente el escrutinio de las votaciones de sus municipios en las elecciones municipales, autonómicas, nacionales o europeas.
A cambio de estas importantes tareas reciben una pequeña compensación económica. Sin embargo, ninguno de ellos se convierte en juez de paz por dinero. Les mueve más su afán de servicio público y su implicación con los conflictos del municipio en el que residen.
Uno de los que más sabe de esto es Luis Alcázar, juez de paz de Cabanillas del Campo desde el año 1976. Alcázar asegura sentirse muy orgulloso de su función y, después de todos estos años, no falta a su cita de los jueves por la tarde para resolver asuntos relacionados, principalmente, con el Registro Civil. El crecimiento de la localidad ha hecho que nazcan conflictos de nuevo cuño como, por ejemplo, molestias por ladridos de perros de chalés o árboles que saltan de una urbanización a otra.
Para incidir en su formación, la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia ha puesto en marcha una serie de jornadas que recorrerán la geografía regional durante el mes de noviembre con el propósito de abordar cuestiones como la organización del Registro Civil, la conciliación y la mediación en el ámbito de la Justicia de Paz, las técnicas de resolución de conflictos, el juicio verbal y el juicio de faltas, los actos de comunicación y ejecución y el papel de las entidades locales en la gestión de recursos de los juzgados de Paz. Estas jornadas fueron inauguradas en la mañana de ayer por la titular de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, quien destacó que su papel social es muy importante en los municipios sobre todo en los más pequeños, donde están contribuyendo a impartir justicia. Son personas que tienen talante negociador y además desarrollan una labor con un bonito nombre: jueces o juezas de paz.
Junto a la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, también han colaborado en su celebración el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
El hecho de que la primera jornada formativa se celebrara ayer en la capital concretamente, en el Teatro Moderno se relaciona con la característica de dispersión geográfica de Guadalajara, lo que le obliga a multiplicar la cifra de jueces y juezas de paz para prestar servicio al mayor número de vecinos. Tal y como indicó la propia consejera, ninguno de ellos tiene en su haber la licenciatura en Derecho, pero dentro del poder judicial de este país, pese a no tener este título universitario, poseen una capacidad innata de mediar en conflictos y ayudar en sus respectivos municipios. Son personas con prestigio en la zona. Son hombres o mujeres buenos. Esta figura es especialmente relevante donde no existe una estructura de Administración Judicial, de ahí su importancia en el ámbito rural. Más de un millón de habitantes de Castilla-La Mancha, casi la mitad de su población, dispone de jueces o juezas de paz a la hora de resolver pequeños conflictos o situaciones legales. Ellos constituyen el primer eslabón en la Administración de Justicia y pocos son los que se atreven a cuestionar sus decisiones pese a que no dispongan de conocimientos reglados en jurisprudencia.
El programa de las jornadas será idéntico en las cinco provincias castellano-manchegas e incidirá en su correcta preparación para mejorar el servicio que prestan al ciudadano.
888 jueces
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es el órgano del que dependen los 888 jueces de paz de la provincia, de los cuales existen 285 en la provincia y sólo 15 son mujeres. Ana María Rojo es uno de los pocos ejemplos de juezas de paz que existe en la provincia. Se dedica a estos menesteres desde hace seis años en la localidad de Horche y asegura que los vecinos ven en el juez una figura de respeto. Otro veterano en la justicia de paz es Javier Sánchez, quien ejerce de juez de paz en Yebra desde hace siete años. También a él le ha marcado esta labor, de la que no se desprenderá al menos hasta dentro de cuatro años. Considera que se dedican muchas horas, pero en su caso le compensa el cariño que tiene a sus convecinos de Yebra.
La elección
Los ayuntamientos son los encargados de convocar la plaza de juez de paz, a la que los interesados se presentan de forma voluntaria. La afición por este papel de mediador social o justiciero suele hacer que repitan año tras año, debido a su sentido de la responsabilidad y al alto grado de implicación que alcanzan con los conflictos vecinales o locales. Como condición para poder convertirse en juez o jueza de paz es imprescindible no pertenecer a ningún grupo político o sindicato. El pleno del Ayuntamiento en cuestión es el que debe aprobar la candidatura del interesado y proponerle para esta tarea durante un periodo de cuatro años.
El siguiente paso es su nombramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ante el magistrado decano de los juzgados de su partido judicial en el caso de la provincia hay tres: Guadalajara, Sigüenza o Molina de Aragón.
El primer eslabón de la Justicia desinteresada
La justicia de paz presta un servicio indispensable en aquellos lugares donde no existe estructura física de juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En su lugar, son los jueces y juezas de paz los responsables de encauzar las competencias de estos órganos. Pese a que su cobertura en la provincia y en la región es muy extensa, llegando a alcanzar los 1.055.000 habitantes, no existen en todos los municipios de la provincia. Además de cumplir las funciones correspondientes al Registro Civil, como inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, se encargan de resolver juicios de faltas, actos de conciliación entre partes o firma de declaraciones. Otra de sus tareas encomendadas es, por ejemplo, trasladar hasta el juzgado correspondiente el escrutinio de las votaciones de sus municipios en las elecciones municipales, autonómicas, nacionales o europeas.
A cambio de estas importantes tareas reciben una pequeña compensación económica. Sin embargo, ninguno de ellos se convierte en juez de paz por dinero. Les mueve más su afán de servicio público y su implicación con los conflictos del municipio en el que residen.
Uno de los que más sabe de esto es Luis Alcázar, juez de paz de Cabanillas del Campo desde el año 1976. Alcázar asegura sentirse muy orgulloso de su función y, después de todos estos años, no falta a su cita de los jueves por la tarde para resolver asuntos relacionados, principalmente, con el Registro Civil. El crecimiento de la localidad ha hecho que nazcan conflictos de nuevo cuño como, por ejemplo, molestias por ladridos de perros de chalés o árboles que saltan de una urbanización a otra.