Médicos de familia comienzan a objetar en la atención a inmigrantes

  Los médicos alegan cuestiones éticas y deontológicas para poder seguir atendiendo a sus pacientes, independientemente de su situación legal en España. Pero, legalmente, los inmigrantes sin permiso de residencia no tienen derecho a la asistencia sanitaria, según el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno central. Su tarjeta sanitaria les está siendo retirada y únicamente se le reconoce derecho a atención en casos de urgencia. Comunidades como Asturias, Andalucía, Cataluña y Euskadi no pondrán en marcha esta medida, pero Castilla-La Mancha sí.

  La Semfyc manifestó desde el primer momento su disconformidad con esta norma y por eso ha creado una red de médicos objetores a la que en pocos días se han adherido medio centenar de profesionales en la región. De momento, solo cinco de ellos de Guadalajara. En el formulario de adhesión manifiestan su voluntad de “querer ejercer la objeción de conciencia ante la norma promulgada por el Gobierno español en el RD 16/2012 que deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas. Mi lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a mi deber ético profesional e incurrir en el abandono.

  Entiendo que la objeción de conciencia, tal como se entiende actualmente en el contexto de la actividad profesional, es la negativa por motivos de conciencia a someterse a una conducta jurídicamente exigible, ya sea por tratarse de una obligación que proviene de una norma legal, de un mandato de la autoridad o de una resolución administrativa, tomando la forma de omisión de presunto deber, del cual se solicita ser eximido sin ser penalizado.

  Es mi voluntad poder seguir atendiendo a las personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de residencia”. Sin embargo, no basta con la predisposición profesional, puesto que hay pacientes que no llegan a la consulta al serles retirada la tarjeta y negarles la cita. En casos puntuales, el médico les ha podido informar de su voluntad de seguir tratándole pero en otros no.

  Además no podrán derivarles a otros servicios si necesitan realizarse algún tipo de prueba y las recetas tendrán que costeárselas ellos mismos. Aparte del conflicto ético que se presenta para los profesionales, desde distintos ámbitos ya se augura un colapso de los servicios de urgencias por cuestiones que podrían resolverse en Atención Primaria.