Moreno Ocampo acusa formalmente a Al Bashir del genocidio de Darfur
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, solicitó ayer una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, tras presentar pruebas razonables que permitirían procesar al mandatario por los cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en la región de Darfur.
El Gobierno sudanés ya ha anunciado que no reconocerá ninguna orden de arresto.
Tres años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitase al fiscal la apertura de una investigación sobre Darfur, y a partir de las pruebas recogidas desde entonces, el fiscal ha concluido que hay pruebas razonables para creer que Al Bashir debe responder penalmente de diez cargos de acusación por genocidio, crimen contra la Humanidad y crimen de guerra, se lee en el comunicado emitido hoy por el TPI.
Según datos de Naciones Unidas, se estima que en Darfur han muerto alrededor de 300.000 personas desde principios de 2003, tanto directamente a causa de los combates como debido a enfermedades o malnutrición derivadas de la guerra que enfrenta desde entonces a las fuerzas del Gobierno y a sus aliados árabes yanyawid con varios grupos rebeldes locales.
Las pruebas presentadas por la acusación demuestran, según el comunicado, que Al Bashir elaboró y ejecutó un plan destinado a destruir a una gran parte de los grupos fur, masalit y zaghawa debido a su pertenencia étnica. Varios miembros de estos tres grupos, históricamente muy influyentes en Darfur, se levantaron en armas para luchar contra la marginación de su provincia.
Motivación política
Al Bashir no consiguió vencer a los movimientos armados y por ello la tomó con la población, afirmó el Tribunal. Sus motivos eran, ante todo, políticos, aseguró Moreno Ocampo. El pretexto era la lucha contra la insurrección, pero, de hecho, el objetivo era el genocidio, añadió. No me permito el lujo de mirar hacia otro lado, tengo pruebas, aseveró Moreno Ocampo.
Al Bashir es el presidente, y es el comandante en jefe. No son palabras vacías de contenido. Se sirvió del aparato del Estado en su conjunto, utilizó el Ejército, reclutó a las milicias yanyawid, afirmó Moreno Ocampo. Todos fueron puestos bajo su autoridad, todos le obedecían, mantuvo un control absoluto, añadió. La Sala Preliminar número uno del TPI debe analizar las pruebas presentadas por el fiscal y si los jueces estiman que hay motivos razonables para creer que la persona citada ha cometido los crímenes que se le imputan, decidirán la forma más adecuada para garantizar su comparecencia ante el Tribunal. Además de solicitar la orden de arresto, el fiscal solicitó que se incaute de las propiedades del presidente sudanés y congele sus bienes.
La Sala Preliminar número uno del TPI debe analizar las pruebas presentadas por el fiscal y si los jueces estiman que hay motivos razonables para creer que la persona citada ha cometido los crímenes que se le imputan, decidirán la forma más adecuada para garantizar su comparecencia ante el Tribunal. Además de solicitar la orden de arresto, el fiscal solicitó que se incaute de las propiedades del presidente sudanés y congele sus bienes.
El Gobierno no reconoce la acusación
Como era de esperar, el Gobierno sudanés no ha reconocido la acusación contra Al Bashir y ha asegurado que seguirá adelante con el proceso de paz para Darfur y que protegerá al personal de Naciones Unidas desplegado en la región. El Gobierno está manteniendo conversaciones informales con China y Rusia para presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de retrasar en doce meses la orden de arresto contra el presidente. Menos previsible era la reacción de los partidos de la oposición de Sudán, que el año pasado apoyaron la actuación del TPI contra un antiguo ministro de Asuntos Humanitarios y contra un líder de los yanyawid por crímenes de guerra y que en esta ocasión han advertido de que la orden de detención contra Al Bashir, a pocos meses de que se celebren las primeras elecciones libres de los últimos 23 años, podría afectar al proceso de paz.
La reacción de la comunidad internacional se ha caracterizado por la ambigüedad propia de este tipo de casos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, afirmó que el TPI es una institución independiente a la que hay que respetar y expresó su confianza en que Sudán siga cooperando completamente con la ONU. En un sentido muy diferente, Amnistía Internacional afirmó que la actuación del fiscal supone un paso importante.
Tres años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitase al fiscal la apertura de una investigación sobre Darfur, y a partir de las pruebas recogidas desde entonces, el fiscal ha concluido que hay pruebas razonables para creer que Al Bashir debe responder penalmente de diez cargos de acusación por genocidio, crimen contra la Humanidad y crimen de guerra, se lee en el comunicado emitido hoy por el TPI.
Según datos de Naciones Unidas, se estima que en Darfur han muerto alrededor de 300.000 personas desde principios de 2003, tanto directamente a causa de los combates como debido a enfermedades o malnutrición derivadas de la guerra que enfrenta desde entonces a las fuerzas del Gobierno y a sus aliados árabes yanyawid con varios grupos rebeldes locales.
Las pruebas presentadas por la acusación demuestran, según el comunicado, que Al Bashir elaboró y ejecutó un plan destinado a destruir a una gran parte de los grupos fur, masalit y zaghawa debido a su pertenencia étnica. Varios miembros de estos tres grupos, históricamente muy influyentes en Darfur, se levantaron en armas para luchar contra la marginación de su provincia.
Motivación política
Al Bashir no consiguió vencer a los movimientos armados y por ello la tomó con la población, afirmó el Tribunal. Sus motivos eran, ante todo, políticos, aseguró Moreno Ocampo. El pretexto era la lucha contra la insurrección, pero, de hecho, el objetivo era el genocidio, añadió. No me permito el lujo de mirar hacia otro lado, tengo pruebas, aseveró Moreno Ocampo.
Al Bashir es el presidente, y es el comandante en jefe. No son palabras vacías de contenido. Se sirvió del aparato del Estado en su conjunto, utilizó el Ejército, reclutó a las milicias yanyawid, afirmó Moreno Ocampo. Todos fueron puestos bajo su autoridad, todos le obedecían, mantuvo un control absoluto, añadió. La Sala Preliminar número uno del TPI debe analizar las pruebas presentadas por el fiscal y si los jueces estiman que hay motivos razonables para creer que la persona citada ha cometido los crímenes que se le imputan, decidirán la forma más adecuada para garantizar su comparecencia ante el Tribunal. Además de solicitar la orden de arresto, el fiscal solicitó que se incaute de las propiedades del presidente sudanés y congele sus bienes.
La Sala Preliminar número uno del TPI debe analizar las pruebas presentadas por el fiscal y si los jueces estiman que hay motivos razonables para creer que la persona citada ha cometido los crímenes que se le imputan, decidirán la forma más adecuada para garantizar su comparecencia ante el Tribunal. Además de solicitar la orden de arresto, el fiscal solicitó que se incaute de las propiedades del presidente sudanés y congele sus bienes.
El Gobierno no reconoce la acusación
Como era de esperar, el Gobierno sudanés no ha reconocido la acusación contra Al Bashir y ha asegurado que seguirá adelante con el proceso de paz para Darfur y que protegerá al personal de Naciones Unidas desplegado en la región. El Gobierno está manteniendo conversaciones informales con China y Rusia para presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de retrasar en doce meses la orden de arresto contra el presidente. Menos previsible era la reacción de los partidos de la oposición de Sudán, que el año pasado apoyaron la actuación del TPI contra un antiguo ministro de Asuntos Humanitarios y contra un líder de los yanyawid por crímenes de guerra y que en esta ocasión han advertido de que la orden de detención contra Al Bashir, a pocos meses de que se celebren las primeras elecciones libres de los últimos 23 años, podría afectar al proceso de paz.
La reacción de la comunidad internacional se ha caracterizado por la ambigüedad propia de este tipo de casos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, afirmó que el TPI es una institución independiente a la que hay que respetar y expresó su confianza en que Sudán siga cooperando completamente con la ONU. En un sentido muy diferente, Amnistía Internacional afirmó que la actuación del fiscal supone un paso importante.