26/05/2022 / 11:20
D.P.P


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“Nuestro deber es atender a todos, vivan donde vivan, en condiciones de igualdad”

Guijarro resalta que la Ley contra la Despoblación recoge apoyos a la actividad económica


Entrevista a José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno de Castilla- La Mancha

Con la Ley de medidas contra la Despoblación, el Gobierno regional cumplía con el objetivo con el que comenzaron su primera legislatura en 2015. Ahora, cuando se cumple un año de su aprobación, el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro se muestra esperanzado con los resultados que darán las diferentes medidas a favor de la vida en el mundo rural.

P: Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad en elevar a rango de ley políticas de lucha contra la despoblación. ¿Qué siente como vicepresidente del gobierno artífice de ello?

R: Hemos sido la primera comunidad autónoma en poner por escrito, en el Boletín oficial –que es donde cuenta – medidas concretas para frenar la despoblación. Esta ley es pionera por ser la primera de todo el país en abordar la lucha contra la pérdida demográfica que sufre parte de nuestro territorio regional, pero también lo es porque hemos incorporado medidas novedosas para poder hacerlo. Ejemplo de ello son las exenciones fiscales: es la primera vez en nuestro país que se crea una fiscalidad diferenciada que haga que haya ventajas por vivir y por invertir en nuestros pueblos. Como vicepresidente me siento satisfecho de que el presidente de Castilla-La Mancha haya querido abordar la lucha contra la despoblación que, por otra parte, hemos venido ejerciendo a lo largo de estos 40 años de autonomía con la puesta en marcha de servicios públicos en los territorios, garantizando que los residentes en estas zonas pudieran acceder a ellos, y más intensamente desde el año 2015 cuando tuvimos que revertir recortes que mermaron ese servicio en el medio rural y que, por desgracia, se tradujeron en la pérdida de población. A esa satisfacción hay que añadir una sensación de responsabilidad. Nuestro deber como gestores públicos es atender a todos –vivan donde vivan– en condiciones de igualdad, porque tienen los mismos derechos.

P: Si tuviera que elegir uno o dos puntos materializados por esta ley. ¿Cuáles serían?

R: Aparte de las medidas de fiscalidad, sabíamos que era imprescindible garantizar por ley el acceso a los servicios públicos. Por ello, se establece la apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos garantizados y defiende también una oferta sanitaria a través de una red de puntos de atención continuada para que cualquier núcleo de población de las zonas afectadas por la despoblación se encuentre a menos de 30 minutos. Del mismo modo, esta Ley incide en la atención a nuestros mayores y a las personas con discapacidad en su entorno social habitual, impulsando el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia para atender las nuevas necesidades emergentes en el medio rural y les garantizamos un recurso residencial en un radio de 40 kilómetros como máximo desde su municipio para que no tenga que abandonar su comarca. Los servicios son esenciales, pero nuestros pueblos necesitan también de una mayor presencia de actividad económica para atraer población. Por eso hemos introducido medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que contarán con hasta un 40 por ciento adicional de ayuda por parte de la Administración regional. A ello se suma la creación de un fondo, dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a la incorporación de otras instituciones o entidades bancarias, para la financiación de estos proyectos empresariales.

P: Además de las ventajas fiscales, el transporte interurbano o la fibra óptica son otros de los puntos recogidos en la ley. ¿Son los puntos más importantes a la hora de elegir vivir en un pueblo?

R: Así lo creemos desde el Gobierno regional y por eso los hemos incluido en la Ley. El objetivo es que, cuando alguien esté buscando un municipio al que irse a vivir, cuente con ventajas que le hagan elegir nuestro territorio. Somos conscientes de que las desgravaciones fiscales son un atractivo, pero también que el municipio en concreto tenga un colegio abierto, un consultorio o centro de salud, y comunicaciones terrestres que les acerque a otros pueblos o a la ciudad. En este caso sabemos que hay otro factor que cobra una relevancia especial en estos tiempos, el acceso a internet. Es imprescindible para el día a día: desde sacar cita médica, hasta hacer la compra, o trabajar, y por supuesto, no menos importante, tener acceso al ocio. No podemos olvidarnos de ese ocio que consumimos en casa  –cine, plataformas audiovisuales, videojuegos– que necesita de la conexión a internet. En Castilla-La Mancha a día de hoy la cobertura de fibra óptica alcanza a 594 localidades de la región, con más del 90% de la población autonómica, pero queremos dar un paso más allá con un objetivo claro: que a lo largo del próximo año todos los pueblos y pedanías de más de 200 habitantes tengan acceso a la fibra. Hay que hacer una gran apuesta por la extensión de las redes de telecomunicaciones por lo que en breve vamos a lanzar una nueva convocatoria para seguir extendiendo la fibra con 1GB a polígonos de zonas afectadas por la despoblación.  También destacaría la financiación adicional para las empresas o emprendedores que quieran instalarse en estas zonas. Tenemos que ser capaces de que vean en nuestros pueblos lugares atractivos para invertir en ellos. 

P: El envejecimiento de la población es otro de los fenómenos a los que se enfrenta el mundo rural. ¿Cómo se puede luchar contra ello?

R: Atrayendo población joven o haciendo que los jóvenes no se marchen de sus pueblos.  Una de las cuestiones que tenemos clara es que la desaparición de servicios hace que las familias abandonen el medio rural. En la legislatura 2011-2015 se cerraron en Castilla-La Mancha 70 escuelas rurales, mientras que el Gobierno de García-Page ya ha reabierto 32. Para tener una idea de la importancia de lo que supone tener acceso a la educación solo hay que ver las cifras: de los 255 municipios en lo que tenemos escuelas rurales, más de una treintena tienen entre cuatro y seis alumnos.

P: ¿Cuánto tiempo se tardó en preparar esta ley? ¿Se habló con asociaciones y personas implicadas?

R: Han sido años de trabajo. Prácticamente desde que llegamos al Gobierno en el año 2015.  Sabíamos, y luego la realidad nos lo demostró, que los recortes de esos cuatro años antes habían influido y mucho en la pérdida demográfica que se reflejaba en las estadísticas en aquella época. Y en cuanto pudimos, comenzamos a recuperar los servicios perdidos. Pero reconstruir es más difícil y requiere más esfuerzo y tiempo que destruir.  La firma del Pacto frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha en Brihuega en febrero del año 2020, con los agentes sociales y económicos y los Grupos de Desarrollo Rural supuso un punto de partida importante para la elaboración de nuestra Ley. Después vino un intenso trabajo de escucha a expertos, instituciones y organizaciones ligadas al desarrollo del mundo rural, a profesores universitarios, a los agentes sociales, y a los grupos políticos.

P: ¿Cómo se imagina una comarca como la de Molina dentro de 25 o 50 años?

R: Me imagino una comarca donde se han generado o recuperado actividades económicas que la han convertido en una comarca dinámica económicamente. En definitiva, una comarca llena de vida, de habitantes que la eligen para formar una familia, para vivir.

“Toda experiencia con buenos resultados nos sirve de modelo”

“Hemos estado atentos a lo que se ha hecho en otros territorios europeos porque toda experiencia que tenga buenos resultados nos puede servir de modelo a seguir.  
De hecho, el pasado año visitamos, junto con representantes del Gobierno de España y de Castilla y León y Aragón la región de Oulu, en Finlandia, para conocer sobre el terreno las medidas que a este efecto han puesto en marcha.  Allí pudimos ver la organización de los servicios públicos -Educación, Sanidad, Servicios del Cuidado- muy basados en la organización a través de los municipios, de las ciudades. En nuestros territorios es imprescindible ofrecer estos servicios a la totalidad de la ciudadanía porque no hay prácticamente oferta privada por la poca población que hay en estas zonas. 

 


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