"Nuestros esfuerzos los dedicamos a que la gente cobre y a mantener los servicios"

Lo que hemos hecho es lo que en rigor presupuestario y desde el punto de vista de la gestión correspondía hacer. La verdad tiene que ser parte de la solución. Sólo el conocimiento de las cosas puede hacernos superarlas y entenderlas. Por tanto, la ocultación de la verdad sólo beneficia a quienes causan el problema y a quienes les beneficia. La verdad es fundamental para superar esta crisis tan profunda que tenemos.

Son los datos elaborados por los antiguos responsables del presupuesto. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido seguir el conducto habitual que en una Administración normal, moderna y seria se sigue, que es pedir a quien confecciona el presupuesto y lo ejecuta, y al final rinde cuentas sobre el mismo, que nos dijese la situación a 30 de junio. Eso viene a decir que tenemos algo más de 2.600 millones en derechos reconocidos pendientes de pago; para entendernos, en facturas. Esa realidad también nos dice que tenemos un déficit de un 4,6% en términos de Contabilidad Nacional, que es de algo más de un 6% en términos de Producto Interior Bruto de la región. Creo que son datos absolutamente espeluznantes. Se ha gastado por encima de lo  presupuestado y se ha ingresado muy por debajo. Al juntarse estas dos magnitudes nos encontramos en una situación aberrante. 

Estamos haciendo dos cosas. Lo primero que hicimos fue chequear y testar el verdadero estado de salud de la economía. No se puede llegar a solventar un problema si antes no se sabe que problema se tiene. Lo que hasta ahora teníamos era la absoluta indefinición del problema, bien por mala gestión, bien por ocultación de las deudas, bien por haber falseado y mentido en relación con los datos de déficit y de deuda. Quiero recordar como la anterior responsable de Economía hablaba en la misma semana de 700 millones y de 400 millones al referirse e las facturas pendientes. Eso es una falta de rigor, por no decir una mentira galopante. Lo segundo que estamos haciendo es intentar encontrar los compromisos necesarios para afrontar un calendario de pagos serio y creíble. La gente tiene que saber que, en el ámbito económico, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja esencialmente en que todo el mundo termine por cobrar aquello que se le debe. Para eso hay que superar una situación tremendamente difícil. En ese sentido, se están negociando diversas soluciones con algunas entidades financieras.

Vamos a poder estar en condiciones de poder anticipar algunos pagos, pero no va a ser a costa de la situación económica que hemos heredado, sino de las gestiones que se están haciendo durante el mes que llevamos en el Gobierno y las que vamos a continuar haciendo durante agosto. Espero que lleguemos.

La idea es dar un calendario de pagos para que todo el mundo sepa cuándo va a poder cobrar y hacer así sus previsiones. Además, se buscarán mecanismos alternativos para poder incluso anticipar esos pagos en colaboración con alguna entidad financiera. En este momento, los esfuerzos del Gobierno, en su mayor parte, van destinados a solucionar este problema, pero también a garantizar la prestación de los servicios básicos esenciales, como son los servicios sociales, los sanitarios, los educativos, el transporte de personas que lo necesitan… Y por supuesto, también, a que los trabajadores de la Junta de Comunidades que prestan ese tipo de servicios tengan garantizados sus salarios. En esto estamos consumiendo prácticamente el 99,9% de los esfuerzos del Gobierno: en que la gente que tenga deudas cobre, en que no se pare la prestación de servicios y en que los trabajadores de la Junta cobren a fin de mes.

Estábamos esperando que se produjese una reunión con la ministra de Economía, Elena Salgado, para buscar una solución entre las dos administraciones. Nos encontramos con que esa reunión no se termina de concertar nunca, lo que bloquea nuestra capacidad de maniobra. Esperamos esa reunión porque, básicamente, los datos que se tenía desde antes de las elecciones ya decían que la economía de Castilla-La Mancha llevaba un rumbo perdido y obligaba a hacer alguna reestructuración en la arquitectura del gasto y, sobre todo, a tomar medidas para poder evitar la situación que tenemos en este momento. En aquel momento, el Ministerio no dijo nada; se limitó a constatar que no se cumplía el objetivo de déficit pero no oí ningún tipo de protesta. Por lo tanto, también hay una corresponsabilidad clarísima del Ministerio que en su momento no dijo nada ante una situación que ya conocía. Por nuestra parte, la presidenta ha hecho lo que hace un gobernante responsable: decir la verdad, afrontar el problemas y tratar de solucionarlo. 

Hay varias situaciones perversas que se crean como consecuencia de esta herencia recibida. No solamente no se deja dinero, no solamente se dejan deudas y facturas sin pagar, sino que además no se deja prácticamente ninguna capacidad de maniobra en ese sentido. Por lo tanto, hay que acudir a otro tipo de mecanismos para tratar de hacer frente a esas deudas. 

Una reunión a la que creemos tener derecho. Castilla-La Mancha bien merece una reunión.

Yo lo califico de una manera que se entiende muy bien: son excusas de mal pagador. Es retrasar algo que no interesa a quien no quiere, no puede o no sabe solucionar el problema. Nosotros sí hemos hecho nuestros deberes de una manera inmediata: tenemos el diagnóstico, los equipos y la documentación a disposición del Ministerio. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cumplido y es el Ministerio el que está en deuda con Castilla-La Mancha.

En este país, la solución pasa porque haya un Gobierno distinto. En el subconsciente colectivo nacional ya está instalada la necesidad de un cambio absolutamente urgente en el Gobierno de España, precisamente por razones como esta. Creo que retrasar las elecciones es perjudicar a todos los ciudadanos y a todo un país.

Que se lo digan a los cientos de miles de personas que dependen de un pago de la Junta de Comunidades para cobrar su nómina y llevan cuatro meses sin percibirla. Que se lo digan a las más de 200.000 personas de esta región que intentan tener un puesto de trabajo y no lo consiguen. Que se lo digan a los cientos de miles de autónomos que todos los días llaman por teléfono a la Administración regional porque tienen pendiente algún pago, y no lo quieren para irse de vacaciones, sino para pagar a su vez las nóminas a las que tienen que hacer frente. O que se lo digan a las compañías suministradoras de servicios a las que se les deben millones de euros y que tienen a su vez que pagar a sus empleados. O que se lo digan a las personas que todos los días se agolpan en las puertas de las consejerías intentando buscar una solución a sus problemas financieros.

Los esfuerzos que inicialmente hemos hecho también tienen un valor testimonial muy importante: el Gobierno se exige asimismo tomar medidas de contención del gasto reduciendo personal desde el punto de vista de la elección política directa, lo cual implica reducción en dinero público a la hora de pagar unos salarios. Entre la reducción de los altos cargos más la del personal eventual aproximadamente estamos en  el entorno de los 25 millones de euros. Alguien puede pensar que esta cantidad no representa gran cosa pero, por ejemplo, supone el suministro de luz eléctrica de la Junta de Comunidades durante un año.

Las líneas maestras son las de no escatimar ni un solo euro en la prestación de servicios sociales, en implementar una política de ingenio para hacer más con menos. Por ejemplo, mediante sistemas de excelencia en la educación. Creemos en la educación como vehículo de formación de las personas que en el futuro garanticen una sociedad mucho más rica desde el punto de vista profesional, de recursos humanos y social. Lo que no vamos a hacer es dejar de prestar una sanidad y una educación universales, gratuitas y de excelencia. A partir de ahí tendremos que empezar a ajustar gastos, como ya lo hemos hecho en altos cargos y en gastos superfluos, para garantizar eso.

Cuando alguien se ve en la forma en la que se nos han dejado las finanzas de la comunidad autónoma, y casi me atrevería a decir que las de casi todo un país, puedo entender que, humanamente, haya gente que diga que no puede seguir adelante. Si lo llevamos al ámbito de lo personal, hay quienes prefieren entregarle al banco las llaves de su casa porque no pueden atender al pago de la hipoteca. El paralelismo nos puede ayudar a comprender cómo la desesperación puede llevar a la gente a tomar medidas drásticas. Lo que hay que hacer en este momento es trabajar y ofrecer garantías de que las administraciones son serias, que van a pagar, que van a hacer ajustes duros, pero que lo esencial está garantizado. Es difícil, pero es posible.

Algunos dijimos cuando se propuso el nuevo sistema de financiación que a Castilla-La Mancha nos hacía perder dinero, y el tiempo se ha encargado de decir que es cierto. Pero no solamente dijimos que perderíamos dinero, sino que tendríamos que devolver alguno porque ya lo habríamos recibido de manera poco ortodoxa desde el punto de vista del rigor presupuestario. Aquí tenemos el resultado de una política de financiación autonómica que no dejó contento a nadie y que algunos incluso defendieron, como fue el caso del Gobierno de Barreda. No ha sucedido nada que no se pudiera ver, lo que pasa es que algunos no quisieron verlo o quisieron ocultarlo para poder hacer una política basada en el despilfarro para intentar conseguir réditos políticos.

En estos primeros seis meses, Castilla-La Mancha ya ha multiplicado prácticamente por cuatro el incumplimiento del objetivo de déficit. En términos de liquidez, habría que tener una gran cantidad de dinero...

No lo compromete en nada. Nos va poner en serias dificultades para poder llevar a cabo determinados compromisos electorales, pero tenemos muy claro que lo que decíamos en plena campaña electoral es perfectamente cumplible. Vamos a tener algún contratiempo, pero no renunciamos a nada.

Tenemos dos cosas en las que estamos trabajando: en un plan de empleo joven que queremos tener listo cuanto antes y en una ley de ayuda a los emprendedores, porque sabemos que la mayor parte del empleo en esta región lo generan los pequeños empresarios, los autónomos y las empresas de tamaño medio, que son las que necesitan más ayudas, menos trabas burocráticas y más agilidad en el cobro de las ayudas que puedan venir del sector público.

En el último consejo de Gobierno entramos en las primeras líneas que van a definir la ley y a mediados de agosto queremos tener encima de la mesa un borrador que ya podremos estudiar.

Los datos de empleo nos han dado en los últimos tres meses cifras positivas. Hay que ser moderadamente optimistas porque no podemos desconocer que hay un grado de estacionalidad que está provocado por tareas agrarias, de hostelería y de ocio relacionado con el verano. Vamos a intentar que esa mejoría lenta, pero paulatina, se convierta en una tendencia a través de los mecanismos de los que hablábamos antes y, sobre todo, tratando de aportar garantía y seriedad al sistema y al Gobierno regional.

Hemos tenido contactos en un clima de cordialidad institucional como, por otra parte, es absolutamente lógico y obligado desde el respeto del Gobierno por el papel de los sindicatos, por lo que son y por lo que suponen. Estos encuentros han sido en unas ocasiones desde la coincidencia y en otras desde la discrepancia y haciéndoles saber que estamos en unos momentos que hay que hacer ajustes, e incluso recortes. Les hemos tendido la mano para poder trabajar juntos para lograr uno objetivo que, creo, nos mueve a todos: luchar contra el problema del desempleo.

Aquel Pacto por Castilla-La Mancha, tan grandilocuente en su terminología como estridente en sus propuestas, terminó de dar sus frutos el día 22 de mayo. Los ciudadanos se han cansado de fotografías que no ponían nada más que remedio a una situación de agobio del Gobierno. Los ciudadanos han entendido que por ese camino no se iba a ningún sitio. 

También como consejero de Empleo, me gustaría dar la noticia de que el desempleo en Castilla-La Mancha fue un mal sueño que fuimos capaces de superar.