Nuevo año judicial, pero viejas reivindicaciones
21/09/2011 - 16:39
El acto de apertura del año judicial en Castilla-La Mancha, al que asistió la presidenta de la región, Mª Dolores de Cospedal, y representantes políticos, militares y religiosos, además de magistrados de toda la región, fue solemne, pero realista.
La crisis estuvo presente en repetidas ocasiones en los discursos del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Vicente Rouco, y del Fiscal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez. Desde hace unos años la actividad de nuestros órganos judiciales viene marcada por la influencia de la coyuntura económica, derivada de una aguda y sostenida crisis; y por una elevada litigiosidad, expresaba Vicente Rouco en su discurso. El presidente del TSJ CLM recordó que, aunque es cierto que la litigiosidad descendió algo en 2010, la carga de trabajo supera con creces lo razonable, especialmente en los juzgados de 1ª instancia e instrucción y en los de lo mercantil.
Para hacer frente a esta situación Rouco reclamó medidas de modernización pero, sobre todo, más plantilla judicial. Recordó que Castilla-La Mancha tiene la peor media de jueces por 100.000 habitantes (84) de todo el país e incidió en la petición de 39 plazas judiciales nuevas, 21 de ellas con carácter muy urgente. Los magistrados están dispuestos a ser austeros, sacrificados y a tener una total dedicación, pero lanzamos el mensaje a los poderes públicos para que nuestras reivindicaciones vean la luz, argumenta Rouco.
La crisis también ha dado al traste con el proceso de transferencias. Somos conscientes de que la actual situación económica no es la más propicia para abordar el proceso en este momento, por lo que manifestamos nuestra comprensión a la decisión de posponer las transferencias, decía el presidente del TSJ, que consideraba que una transferencia precipitada sería perjudicial para los ciudadanos.
En una comparecencia previa con los medios de comunicación, Rouco también hizo referencia a la esperada Ciudad de la Justicia de Albacete. Es difícil hacer un cálculo de cuándo estará lista porque depende del resultado electoral de noviembre, de quién dirija el Ministerio de Justicia y de qué presupuesto disponga, decía. No obstante, recordó que la subsecretaria del Ministerio de Justicia responsable de obras le garantizó que es un proyecto que cualquier Gobierno tendrá que afrontar porque es una necesidad. Y lo mismo ocurre con proyectos pendientes en Guadalajara o en Illescas.
El acto también contó con la presencia de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gabriela Bravo hizo mención a un estudio realizado en mayo por el CGPJ que consideraba prioritaria la creación de 22 nuevos juzgados en Castilla-La Mancha, así como dos nuevas plazas de magistrados en la Audiencia de Albacete, una en la de Cuenca y otra en la de Ciudad Real. Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más pendencia de asuntos tiene, alertaba Bravo, que incidía especialmente en los juzgados de lo mercantil.
La portavoz del CGPJ también se mostró muy esperanzada en la nueva ley de medidas de agilización procesal que el Congreso aprobará este jueves. Confió en que la reforma permita que los procedimientos del Tribunal Supremo sean más ágiles y los tiempos más razonables.
Para hacer frente a esta situación Rouco reclamó medidas de modernización pero, sobre todo, más plantilla judicial. Recordó que Castilla-La Mancha tiene la peor media de jueces por 100.000 habitantes (84) de todo el país e incidió en la petición de 39 plazas judiciales nuevas, 21 de ellas con carácter muy urgente. Los magistrados están dispuestos a ser austeros, sacrificados y a tener una total dedicación, pero lanzamos el mensaje a los poderes públicos para que nuestras reivindicaciones vean la luz, argumenta Rouco.
La crisis también ha dado al traste con el proceso de transferencias. Somos conscientes de que la actual situación económica no es la más propicia para abordar el proceso en este momento, por lo que manifestamos nuestra comprensión a la decisión de posponer las transferencias, decía el presidente del TSJ, que consideraba que una transferencia precipitada sería perjudicial para los ciudadanos.
En una comparecencia previa con los medios de comunicación, Rouco también hizo referencia a la esperada Ciudad de la Justicia de Albacete. Es difícil hacer un cálculo de cuándo estará lista porque depende del resultado electoral de noviembre, de quién dirija el Ministerio de Justicia y de qué presupuesto disponga, decía. No obstante, recordó que la subsecretaria del Ministerio de Justicia responsable de obras le garantizó que es un proyecto que cualquier Gobierno tendrá que afrontar porque es una necesidad. Y lo mismo ocurre con proyectos pendientes en Guadalajara o en Illescas.
El acto también contó con la presencia de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gabriela Bravo hizo mención a un estudio realizado en mayo por el CGPJ que consideraba prioritaria la creación de 22 nuevos juzgados en Castilla-La Mancha, así como dos nuevas plazas de magistrados en la Audiencia de Albacete, una en la de Cuenca y otra en la de Ciudad Real. Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más pendencia de asuntos tiene, alertaba Bravo, que incidía especialmente en los juzgados de lo mercantil.
La portavoz del CGPJ también se mostró muy esperanzada en la nueva ley de medidas de agilización procesal que el Congreso aprobará este jueves. Confió en que la reforma permita que los procedimientos del Tribunal Supremo sean más ágiles y los tiempos más razonables.