Nuevos pasos judiciales para esclarecer la muerte de la joven guadalajareña en el colapso de El Bocal
La investigación por la tragedia de la pasarela de El Bocal, en Santander, da un paso decisivo para esclarecer las causas que provocaron el fallecimiento de seis estudiantes, entre ellos una joven de Guadalajara. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital cántabra ha acordado nuevas diligencias que ponen el foco tanto en la cadena de avisos previa al colapso como en la posible deficiencia de los materiales empleados en la estructura.
Uno de los puntos más críticos del auto judicial reside en la gestión de la llamada realizada por un vecino el día anterior al siniestro, quien alertó al 112 sobre el mal estado del puente. La magistrada busca determinar ahora si existe un protocolo de actuación específico en la Policía Local para este tipo de alertas derivadas desde el servicio de emergencias o si, por el contrario, se produjo una negligencia operativa. Para ello, se tomará declaración como testigos a diversos mandos policiales y gestores con el fin de entender la dinámica de trabajo aquel día y por qué no se procedió al precinto de la zona de manera inmediata.
En paralelo, la instrucción judicial analiza el estado físico de la pasarela tras el informe de la Policía Científica que constató una oxidación total de los elementos metálicos. La jueza ha solicitado al perito judicial que aclare si el proyecto original contemplaba el uso de acero inoxidable en los herrajes de apoyo y si lo que finalmente se instaló cumplía con la normativa técnica exigible. Esta línea de investigación trata de discernir por qué el mantenimiento realizado apenas unos meses antes del accidente se limitó únicamente a la madera, obviando la evidente corrosión de los soportes que terminaron por ceder aquel fatídico 3 de marzo.
Además de las testificales de los agentes, la magistrada ha citado a la jefa de obra y a los operarios encargados del mantenimiento, así como al ingeniero que firmó el proyecto hace una década. El proceso sigue avanzando para dar respuesta a las familias de los alumnos del CIFP La Granja de Heras, en un caso que mantiene a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander como posibles responsables civiles de una tragedia que sigue conmocionando a la sociedad guadalajareña.