Primer pleno en el Ayuntamiento de Matillas tras recomendar el Defensor del Pueblo que se autorice la grabación
26/07/2012 - 14:41
El Ayuntamiento de Matillas tiene convocado para mañana, viernes, a partir de las 11,30 horas, un pleno que será el primero tras conocerse la recomendación enviada por el Defensor del Pueblo al alcalde, Ignacio Gordon, del PP, para que autorice la grabación de las sesiones. Esta resolución se produjo a instancias de una vecina de la localidad que fue expulsada por tratar de grabar plenos anteriores.
En aquellas ocasiones, el alcalde tuvo una reacción absolutamente lamentable, según el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mariano González. De hecho, incluso avisó a la Guardia Civil para que expulsara a esta persona, acusándola de desacato. Esperamos que estos hechos no se vuelvan a repetir, ahora que el Defensor del Pueblo ha dejado bien claro que los derechos reconocidos en la Constitución y la jurisprudencia avalan la posibilidad de que se graben unas sesiones que son públicas, ha señalado.
Para González, este pronunciamiento constituye un varapalo en toda regla para el alcalde por su actitud poco democrática, y supone un importante avance para facilitar el acceso a la información municipal a personas que no pueden acudir físicamente a las sesiones plenarias.
Derecho reconocido en la Constitución
La resolución, que es la primera del Defensor de Pueblo sobre este asunto, se basa en los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución sobre libertad de expresión y difusión de informaciones sin censura previa. Cualquier limitación o censura en la obtención de información se convierte en una vulneración de esas libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, señala de manera textual.
Tras dejar sentado por la interpretación del Tribunal Constitucional que las sesiones de los plenos son públicas y, como tal, son susceptibles de ser grabadas y difundidas en medios de comunicación, el Defensor del Pueblo pone como ejemplo perfectamente aplicable al caso de Matillas una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia del año 2009, en la que se enjuiciaba la decisión del alcalde de Manises de no permitir la grabación del pleno municipal.
Esta sentencia establece claramente que cualquier ciudadano puede informar y trasladar datos por cualquiera de los medios técnicos que permiten su tratamiento, lo que justifica plenamente el derecho a grabar un pleno municipal. Por tanto, el tribunal señala que la negativa del alcalde carece de toda razonabilidad y está absolutamente inmotivada, y concluye que es nula de pleno derecho por violar el derecho fundamental reconocido en el artículo 10.I.d de la Constitución.
En el orden del día del pleno de mañana se incluyen, entre otros puntos, dos propuestas del Grupo Socialista que piden la comparecencia de la concejala de Educación y Cultura y del concejal de Deportes y Festejos para contestar varias preguntas relacionadas con sus responsabilidades en el Ayuntamiento.
En aquellas ocasiones, el alcalde tuvo una reacción absolutamente lamentable, según el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mariano González. De hecho, incluso avisó a la Guardia Civil para que expulsara a esta persona, acusándola de desacato. Esperamos que estos hechos no se vuelvan a repetir, ahora que el Defensor del Pueblo ha dejado bien claro que los derechos reconocidos en la Constitución y la jurisprudencia avalan la posibilidad de que se graben unas sesiones que son públicas, ha señalado.
Para González, este pronunciamiento constituye un varapalo en toda regla para el alcalde por su actitud poco democrática, y supone un importante avance para facilitar el acceso a la información municipal a personas que no pueden acudir físicamente a las sesiones plenarias.
Derecho reconocido en la Constitución
La resolución, que es la primera del Defensor de Pueblo sobre este asunto, se basa en los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución sobre libertad de expresión y difusión de informaciones sin censura previa. Cualquier limitación o censura en la obtención de información se convierte en una vulneración de esas libertades, esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, señala de manera textual.
Tras dejar sentado por la interpretación del Tribunal Constitucional que las sesiones de los plenos son públicas y, como tal, son susceptibles de ser grabadas y difundidas en medios de comunicación, el Defensor del Pueblo pone como ejemplo perfectamente aplicable al caso de Matillas una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia del año 2009, en la que se enjuiciaba la decisión del alcalde de Manises de no permitir la grabación del pleno municipal.
Esta sentencia establece claramente que cualquier ciudadano puede informar y trasladar datos por cualquiera de los medios técnicos que permiten su tratamiento, lo que justifica plenamente el derecho a grabar un pleno municipal. Por tanto, el tribunal señala que la negativa del alcalde carece de toda razonabilidad y está absolutamente inmotivada, y concluye que es nula de pleno derecho por violar el derecho fundamental reconocido en el artículo 10.I.d de la Constitución.
En el orden del día del pleno de mañana se incluyen, entre otros puntos, dos propuestas del Grupo Socialista que piden la comparecencia de la concejala de Educación y Cultura y del concejal de Deportes y Festejos para contestar varias preguntas relacionadas con sus responsabilidades en el Ayuntamiento.