PSOE apunta normalidad tras un mes de aplicación de la ley, PP habla de perjuicios e IU de ambigüedad
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El PSOE asegura, cuando mañana se cumple un mes de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que, hasta el momento, ha habido "normalidad" en su aplicación, mientras que el Partido Popular (PP) habla de "perjuicios" para las menores e Izquierda Unida (IU) de "ambigüedad" en la puesta en marcha de la normativa.
En este sentido, la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha insistido, en declaraciones a Europa Press, en que desde que comenzó a aplicarse la nueva ley "todo va con normalidad" a pesar de que los gobiernos del PP, según ha indicado, "parece que se resisten". No obstante, ha destacado que la valoración de este mes "es positiva" pues, a su juicio, "habla de derechos de las mujeres".
Además, ha remarcado la importancia del apartado de la ley que se refiere a la prevención que será lo que "poco a poco" se irá poniendo en marcha y que, a su parecer, "es la parte más positiva para evitar embarazos no deseados".
Por su parte, la portavoz del PP en esta materia, Sandra Moneo, ha remarcado que durante este primer mes de la nueva ley del aborto, se han visto los "graves perjuicios" que la norma produce, a su juicio, a las menores y ha tachado de "desgraciado hecho" el de "haber asistido a que las primeras menores acudan a abortar".
Igualmente, ha lamentado que el aborto vaya a ser "utilizado como un método anticonceptivo más" así como el "gran coladero" que supone, a su parecer, el hecho de que las menores puedan abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus progenitores, lo que, según ha afirmado ya "es una realidad". Además, considera que este mes ha estado marcado por admisión a trámite del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y ha apuntado que confían "en que el TC se manifieste conforme a su doctrina".
Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha subrayado a Europa Press que el primer mes de la ley ha estado presidido por "ambigüedades" en su puesta en marcha, así como por "la insumisión del PP" y "las dudas del Gobierno". Así, ha indicado que "queda camino por recorrer" y que ese trayecto pasa, a su juicio, por "incorporar de hecho y de derecho la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios del sistema nacional de salud".
En esta línea, ha precisado que es necesario que la objeción de conciencia "no sea la excusa para el boicot de la ley" y que se garantice una red de centros públicos de referencia. Por último, Llamazares ha propuesto realizar una evaluación en unos meses para ver "en qué medida el decreto que puso en marcha el Gobierno garantiza la decisión de las menores entre 16 y 18, independientemente de que puedan recabar la opinión de su familia".
Además, ha remarcado la importancia del apartado de la ley que se refiere a la prevención que será lo que "poco a poco" se irá poniendo en marcha y que, a su parecer, "es la parte más positiva para evitar embarazos no deseados".
Por su parte, la portavoz del PP en esta materia, Sandra Moneo, ha remarcado que durante este primer mes de la nueva ley del aborto, se han visto los "graves perjuicios" que la norma produce, a su juicio, a las menores y ha tachado de "desgraciado hecho" el de "haber asistido a que las primeras menores acudan a abortar".
Igualmente, ha lamentado que el aborto vaya a ser "utilizado como un método anticonceptivo más" así como el "gran coladero" que supone, a su parecer, el hecho de que las menores puedan abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus progenitores, lo que, según ha afirmado ya "es una realidad". Además, considera que este mes ha estado marcado por admisión a trámite del Tribunal Constitucional (TC) del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y ha apuntado que confían "en que el TC se manifieste conforme a su doctrina".
Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha subrayado a Europa Press que el primer mes de la ley ha estado presidido por "ambigüedades" en su puesta en marcha, así como por "la insumisión del PP" y "las dudas del Gobierno". Así, ha indicado que "queda camino por recorrer" y que ese trayecto pasa, a su juicio, por "incorporar de hecho y de derecho la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios del sistema nacional de salud".
En esta línea, ha precisado que es necesario que la objeción de conciencia "no sea la excusa para el boicot de la ley" y que se garantice una red de centros públicos de referencia. Por último, Llamazares ha propuesto realizar una evaluación en unos meses para ver "en qué medida el decreto que puso en marcha el Gobierno garantiza la decisión de las menores entre 16 y 18, independientemente de que puedan recabar la opinión de su familia".