PSOE y PP disponen hoy de la última oportunidad para consensuar el Estatuto

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: F.C.V. GUADALAJARA
La Comisión Constitucional se reúne con pocas esperanzas para el acuerdo
Hay pocas posibilidades de que el texto del Estatuto de Castilla-La Mancha salga hoy adelante. Así lo reconoce el propio presidente Barreda y así se desprende de la geometría parlamentaria, teniendo en cuenta que el PP no votará el documento en las condiciones actuales, con una reserva de 4.000 hectómetros para garantizar el futuro desarrollo de la región, aspecto éste que los socialistas han señalado en numerosas ocasiones que es irrenunciable.
CiU votó favorablemente al texto en la ponencia que se celebró hace dos semanas en el Congreso, pero asegura que ahora no lo volverá a hacer, que es una cuestión que concierne exclusivamente a los dos partidos políticos que deciden el futuro de la región en las Cortes castellano-manchegas.
El agua es definitivamente el asunto que separa a PSOE y PP, después de que los socialistas se plegaran a la petición de los populares de que se retirara del texto estatutario la exigencia de una mayoría cualificada para modificar la Ley Electoral. Desde el Grupo Parlamentario socialista es un asunto que se tiene claro. En el ámbito nacional, su portavoz, José Antonio Alonso, asegura que la reserva de los 4.000 hectómetros “es perfectamente razonable y consensuable, porque no hace daño a nadie”. Este último aspecto no se tiene tan nítido desde las filas populares. El presidente del PP, Mariano Rajoy, señalaba el pasado lunes a La Verdad de Murcia que “nunca votaré para que desaparezca el trasvase”, reivindicando una vez más el consenso a través del Plan Hidrológico Nacional. La semana pasada, el diputado nacional por Toledo, Arturo García Tizón veía tintes de inconstitucionalidad en la propuesta socialista, en clara referencia a la reserva estratégica. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, achacaba ayer a Barreda una actitud “destructiva” en la negociación y garantizó que su partido “tendrá presente los intereses de todos los españoles”. Barreda no tardó en replicar sus palabras: “Evidentemente en los temas de agua en el PP, lamentablemente para nosotros, quien manda es Valcárcel y Camps y no Cospedal, y ella se ha plegado a las presiones de sus correligionarios”. A este respecto, la número dos del PP destacó que “cuando uno quiere llegar a un acuerdo, llega a acuerdos, y cuando no quiere, hace lo posible por no llegar a acuerdos”. Añadió que “parece lamentablemente que Barreda nunca ha querido llegar a un acuerdo pero ésa es su responsabilidad”.
En medio de este panorama, la situación es complicada. “Lo veo difícil, aunque es deseable que salga adelante”, decía Barreda unas horas después de que enviara a Cospedal un mail en el le expresaba que “hay margen para alcanzar un acuerdo en relación a nuestro estatuto”. Y lo hacía tras recordarle que el texto estatutario lleva más de dos años en la Cámara Baja, mientras que la duración media de otros estatutos ha sido de seis meses; que “la única propuesta escrita realizada por el Grupo Popular es la enmienda registrada para que haya una reserva de tan sólo 600 hectómetros para toda Castilla-La Mancha, cantidad muy insuficiente para satisfacer nuestras necesidades actuales”; y la retirada de su propuesta sobre la Ley Electoral. Sin embargo, a Barreda ya no le salen las cuentas, porque, como evidencia el PP, el texto no contará con su respaldo en las condiciones actuales. En este sentido destacó que el PSOE no tiene votos por sí solo para aprobar el Estatuto y CiU “ya ha dicho que si no hay consenso, que si no se respeta el acuerdo original de las Cortes de Castilla-La Mancha ellos se inhiben porque no va con ellos”.
Entre tanto siguen sonando los cañones de guerra en Levante. El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, se mostró “absolutamente confiado” en que los diputados socialistas votarán en el Congreso sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha “lo que le conviene a los ciudadanos de la provincia de Alicante y por extensión de la Comunitat Valenciana” para que se mantenga el trasvase Tajo-Segura “sin ningún tipo de cortapisa ni fecha de caducidad, ni limitación o reserva hidrológica, que se mantenga como está”, mientras que el el PPCV exige al Gobierno que garantice el trasvase Tajo-Segura “sin hipotecas” y desde Asaja Murcia se advierte de que si el pleno del Congreso de los Diputados aprueba la reforma del Estatuto de C-LM habrá “una respuesta clara y contundente por parte de los agricultores murcianos”.
No se piensa de la misma forma en Castilla-La Mancha, donde todos sus agentes sociales han constituido una mesa del agua desde la que se defiende a capa y espada el establecimiento en el Estatuto de la reserva de los 4.000 hectómetros cúbicos, una reserva que, a su juicio, debe ser “irrenunciable”. Un asunto que se ha convertido en el gran escollo parea que salga adelante el texto.