PSOE y PP rechazan retomar la reforma del Código Penal

Francisco Jorquera, del BNG, fue el primer diputado en defender el ‘no’ al texto del ejecutivo, rechazó la “filosofía general” del proyecto, aunque reconoció que no discute que algunas reformas planteadas contiene “aspectos positivos”. El diputado gallego criticó que se introduzcan algunas reformas bajo “el paraguas de la mutabilidad social”, cuando en realidad se están abordando “sin reflexión suficientes” y “al calor de acontecimientos que provocan conmoción social”. Mientras que ERC-IU-ICV y el PNV también defenderían el ‘no’.
Antes de que los portavoces defendieran sus enmiendas de totalidad, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tomó la palabra para explicar que con las reformas propuestas, el Gobierno pretende “dar respuesta a cambios habidos en la sociedad”. En su opinión, se hizo “imprescindible colmar lagunas, perfeccionar algunos tipos penales” y establecer figuras nuevas que facilitasen la lucha contra determinados delitos. Todo ello adoptando una nueva filosofía que sitúa a la víctima en el centro, como “una variable a tener presente en el diseño de la elaboración de leyes más equilibradas y justas”.
“Si la sociedad cambia, el Código Penal ha de acompañar reflexivamente estos cambios, con prudencia y con la distancia necesaria”, afirmó el ministro, para después hacer hincapié en que las normas penales “no pueden hacerse con el corazón, sino con la razón”, para que puedan ser “expresión ponderada y conjunta de la dignidad de todos”. Además, celebró la “acogida razonable” que el proyecto del Gobierno tuvo entre los grupos y se dirigió a aquellos que apoyaron su tramitación.
Del PP elogió que dé “continuidad al espíritu de acuerdo en materia de Justicia”; de CiU que mantuviese “un diálogo muy fructífero”; a CC le agradeció sus “planteamientos constructivos” y Na Bai (que finalmente apoyó las enmiendas a la totalidad); UPyD y UPN su “su disposición al diálogo”.

Caamaño se mostró convencido de que su iniciativa se verá “enriquecida” con las aportaciones de los grupos parlamentarios y garantizó la disposición del Gobierno al diálogo, al que quiso sumar también a todos los grupos que presentaron un rechazo inicial al texto.

“EN MATERIA PENAL TAMBIÉN HAY CLASES”

Como ejemplo, se refirió a libertad vigilada y el “endurecimiento de la represión de numerosos delitos”, algo que, en nuestra opinión, consolidará una tendencia en nuestro Código Penal. Mientras tanto, denunció que se dio un “tratamiento benigno” a otros delitos económicos, urbanísticos, medioambientales contra la Administración, algo que, según punto de vista, demuestra que “en materia penal también hay clases”.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, denunció que con esta reforma el Gobierno pretende “introducir de tapadillo la cadena perpetua”. En su opinión, es “más honesto” lo que hace el PP, al proponer la prisión permanente revisable, porque lo que hace el Gobierno, es no “llamar a las cosas por su nombre”.

Olabarría advirtió de que el endurecimiento penal que nuevamente busca el Ejecutivo, hará que España se encamine a “un Estado de naturaleza policial, al derecho penal del enemigo”. El diputado nacionalista afirmó que a normativa penal española es “la más dura” de Europa y aseguró que los presos “no caben en las prisiones”.

Además, le pidió al ministro que “no saque pecho” con la defensa de la imprescriptibilidad de los delitos, que pretende alcanzar también a los delitos de terrorismo con muerte, ya que se está “vulnerando” el derecho internacional, según el cual únicamente no prescriben los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“POPULISMO PUNITIVO”

El portavoz de ERC, Joan Ridao, también denunció que, con esta reforma, el Gobierno irá “a rebujo” del PP, que, ante “sucesos trágicos que todos nos han conmovido”, está planteando de nuevo “la salida más fácil desde un populismo punitivo que compromete seriamente la convivencia”.

Ridao cargó contra el PP por introducir el debate de la cadena perpetua, que tildó de “auténtica tragedia civil”, e insistió en que la pena deberá estar orientada a la resocialización de los presos. “Más penas no evitarán que haya más delitos, como que haya más médicos no supone que hay menos enfermedades”.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, igualmente defendió que el objetivo no debiera ser endurecer las penas, sino acentuar la reinserción y prevenir el delito y recomendó al Gobierno que no esté “preocupado” por lo que dicen “su mano derecha” y los medios de comunicación, porque “ambos son insaciables”. “Preocúpense más de sus ciudadanos, y también de la mano izquierda”, apuntó.

Jordi Jané, de CiU, no coincidió con sus predecesores en el uso de la palabra en el análisis de que con esta reforma se esté “respondiendo a golpe de titular mediático”, y defendió que hay dar respuesta a los problemas de la sociedad. Una de las enmiendas de su grupo al texto original tiene claras conexiones con caos actuales, como el de Marta del Castillo, ya que propusieron que se castigue que los presuntos delincuentes confundan a las autoridades con versiones temerarias de los hechos.

APOYO DEL PP AL TEXTO DEL GOBIERNO

Mientras tanto, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, defendió que su grupo apoyó la tramitación de esta reforma porque “cumple suficientemente” con los compromiso alcanzados en julio de 2008, en el pacto para modernizar la justicia. Así, dijo, la reforma del Código Penal se encaminará a endurecer determinadas penas, garantizar su cumplimiento eficaz y apoyar a las víctimas.