Rechazada la propuesta del PP para aumentar la financiación
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Ley de Dependencia no contará con más financiación ni con trámites más simples. El Congreso de los Diputados rechazó ayer la moción del PP en la que pedía al Gobierno que aumentara la cuantía que se concede a las comunidades autónomas para mantener el Sistema de Atención a la Dependencia y que se agilice y simplifique el proceso para el acceso a los servicios y prestaciones que establece esta Ley.
Por su parte, el Grupo Socialista, que ha rechazado la moción, asegura que se están cumpliendo los objetivos de la Ley y que ya se ha incrementado la partida presupuestaria.
Esta iniciativa contó con el rechazo del PSOE, la abstención de CiU, PNV, ERC-IU-ICV y el apoyo de CC y UPyD. El defensor de la propuesta, el diputado popular Miguel Barrachina, solicitó al Gobierno que cumpla fielmente con lo establecido en la ley, de modo que las personas dependientes reciban la atención prometida y se acabe así con la gran frustración generada. Según Barrachina hay 126.000 dependientes esperando un dictamen sobre su valoración.El Gobierno se ha quedado solo y las críticas son prácticamente unánimes por su incumplimiento. Hasta los beneficiarios, a través del Cermi, le ha demandado judicialmente por incumplir la ley, apuntó el diputado.
La propuesta del PP, rechazada en el Congreso, insta al Gobierno a remitir a la Cámara baja los dos informes anuales 2007 y 2008 sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, tal y como fija la propia ley. En ella además se solicita que los servicios tengan carácter prioritario frente a las prestaciones económicas, ya que el actual sistema ha pervertido esta intención original de la norma.
Justificación social
Por parte de Grupo Socialista en el Congreso, la encargada de defender la actuación respecto a la Ley fue la diputada Esperanza Esteve, quien destacó que se están cumpliendo los objetivos de desarrollo de ley y se ha incrementado la partida presupuestaria. Además, agregó que en la actualidad hay tres órganos que están preparando un informe para mejorar la eficacia de la ley. Cuando los tengamos, se establecerán los objetivos de mejora que sean necesarios, zanjó. Esteve también acusó a los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, ambas en manos del Partido Popular, de obstruir la aplicación de la norma y no atender a las personas dependientes según marca la ley.
Esta iniciativa contó con el rechazo del PSOE, la abstención de CiU, PNV, ERC-IU-ICV y el apoyo de CC y UPyD. El defensor de la propuesta, el diputado popular Miguel Barrachina, solicitó al Gobierno que cumpla fielmente con lo establecido en la ley, de modo que las personas dependientes reciban la atención prometida y se acabe así con la gran frustración generada. Según Barrachina hay 126.000 dependientes esperando un dictamen sobre su valoración.El Gobierno se ha quedado solo y las críticas son prácticamente unánimes por su incumplimiento. Hasta los beneficiarios, a través del Cermi, le ha demandado judicialmente por incumplir la ley, apuntó el diputado.
La propuesta del PP, rechazada en el Congreso, insta al Gobierno a remitir a la Cámara baja los dos informes anuales 2007 y 2008 sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, tal y como fija la propia ley. En ella además se solicita que los servicios tengan carácter prioritario frente a las prestaciones económicas, ya que el actual sistema ha pervertido esta intención original de la norma.
Justificación social
Por parte de Grupo Socialista en el Congreso, la encargada de defender la actuación respecto a la Ley fue la diputada Esperanza Esteve, quien destacó que se están cumpliendo los objetivos de desarrollo de ley y se ha incrementado la partida presupuestaria. Además, agregó que en la actualidad hay tres órganos que están preparando un informe para mejorar la eficacia de la ley. Cuando los tengamos, se establecerán los objetivos de mejora que sean necesarios, zanjó. Esteve también acusó a los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, ambas en manos del Partido Popular, de obstruir la aplicación de la norma y no atender a las personas dependientes según marca la ley.