Recogidas cerca de 350.000 firmas contra el Préstamo de Pago en bibliotecas
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Plataforma contra el Préstamo de Pago en bibliotecas ha recogido cerca de 350.000 firmas pidiendo la anulación de la directiva europea 2006/115/CE (antes 92/100/CEE) que establece que los autores pueden prohibir el préstamo público de sus obras o, en su defecto, han de ser compensados económicamente por ello. Este colectivo llevará mañana al Defensor de Pueblo, coincidiendo con la celebración en España del Día de la Biblioteca, las últimas 100.000 firmas.
Estas se unen a las entregadas anteriormente por la Plataforma al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (237.150) en contra del denominado préstamo de pago.
Las bibliotecarias y bibliotecarios españoles comenzaron hace años una firme campaña de movilizaciones en contra de la directiva europea de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual -nombre oficial de la directiva que establece el sistema de préstamo de pago-.
En un principio se pidió al Gobierno español que no traspusiese la norma europea a la legislación nacional. Una vez que dicha trasposición se ha producido mediante la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas pide a la Unión Europea que derogue la directiva.
EFECTO NEGATIVO
La Plataforma, integrada principalmente por bibliotecarios, estima que afecta muy negativamente al servicio que las bibliotecas proporcionan a la sociedad.
Según el colectivo, el dinero destinado al pago del canon no se va a ver compensado por un aumento del presupuesto de que disponen las bibliotecas para la compra de libros y la prestación de servicios a sus usuarios. Los perjudicados -dicen- serían en el fondo los cientos de miles de españoles que son usuarios de las bibliotecas públicas y, en definitiva, toda la sociedad.
Los miembros del colectivo consideran que la implantación de un canon por el préstamo de libros a las bibliotecas públicas supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información.
A sus miembros les preocupa también el hecho de que el canon sea recaudado para la administración por entidades privadas. Según ellos, este hecho supone una "perversión" de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.
Las bibliotecarias y bibliotecarios españoles comenzaron hace años una firme campaña de movilizaciones en contra de la directiva europea de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual -nombre oficial de la directiva que establece el sistema de préstamo de pago-.
En un principio se pidió al Gobierno español que no traspusiese la norma europea a la legislación nacional. Una vez que dicha trasposición se ha producido mediante la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas pide a la Unión Europea que derogue la directiva.
EFECTO NEGATIVO
La Plataforma, integrada principalmente por bibliotecarios, estima que afecta muy negativamente al servicio que las bibliotecas proporcionan a la sociedad.
Según el colectivo, el dinero destinado al pago del canon no se va a ver compensado por un aumento del presupuesto de que disponen las bibliotecas para la compra de libros y la prestación de servicios a sus usuarios. Los perjudicados -dicen- serían en el fondo los cientos de miles de españoles que son usuarios de las bibliotecas públicas y, en definitiva, toda la sociedad.
Los miembros del colectivo consideran que la implantación de un canon por el préstamo de libros a las bibliotecas públicas supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información.
A sus miembros les preocupa también el hecho de que el canon sea recaudado para la administración por entidades privadas. Según ellos, este hecho supone una "perversión" de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.