Salgado asegura que convocará todas las reuniones que haga falta para lograr un acuerdo con los grupos
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La vicepresidenta asegura que el ICO asume un riesgo
Los préstamos directos que concederá el ICO a las pymes no elevarán el déficit público, ya que los fondos saldrán de los mercados. La vicepresidenta económica explicó que el ICO asume un riesgo, pero aseguró que la gran mayoría de las empresas pagarán.
Salgado descartó además nuevas reducciones del IVA aparte de la ya propuesta para la rehabilitación de viviendas. En declaraciones a RNE, la vicepresidenta subrayó que el documento del Ejecutivo va más allá de la Ley de Economía Sostenible y plantea avances importantes. Entre otras cosas, por primera vez se define el mix energético en un documento público y se habla de racionalizar el sector público, no sólo desde el punto de vista de personal, también a nivel empresarial.
Salgado señaló que habrá una reducción de cargos públicos en la propia Administración General del Estado. Se reducirán, por ejemplo, algunas Direcciones Generales, al tiempo que se propiciará alguna fusión entre empresas públicas con el ánimo de buscar la mayor eficiencia. Los detalles de este plan para adelgazar a la Administración Pública se conocerán hacia el 31 de marzo, precisó la vicepresidenta.
La vicepresidenta explicó de nuevo algunas de las medidas presentadas el lunes y negó que los préstamos directos que concederá el ICO a las pymes sin límite de actuación y sin condiciones adicionales vayan a elevar el déficit público, pues todos los fondos que obtiene el Instituto salen de los mercados, no del Presupuesto del Estado.
La ministra de Economía reiteró que toda pyme solvente que pida al ICO un crédito de hasta 200.000 euros conseguirá dicho préstamo, tanto si lo necesita para obtener liquidez como si lo quiere para financiar algún proyecto de inversión. Salgado destacó que muchos más del 90 por ciento de los créditos que piden las pymes está por debajo de los 200.000 euros, e insistió en que, una vez solicitado el crédito, el ICO se dará prisa en evaluar la solicitud y concederá la financiación de inmediato, sin ninguna condición adicional.
El ICO asume un riesgo
La ministra de Economía y Hacienda reconoció que el ICO asume un riesgo con esta medida, pero precisó que la mayoría de los proyectos que las empresas presentan son solventes. Al ser proyectos de pequeña cuantía, se diversifica mucho el riesgo y el ICO puede asumir el riesgo de que haya una empresa que no pueda pagar, pero la gran mayoría lo va a hacer, afirmó.
Preguntada por si las propuestas del Gobierno suponen una vuelta al ladrillo, la vicepresidenta recordó que en España han perdido su empleo un millón de trabajadores de la construcción, cuya formación, en muchos casos, les impide trabajar de inmediato en otras actividades.
Si a ello se le suma un parque de viviendas con más de 30 años de antigüedad donde se necesitan muchas obras de carácter estructural y en las propias viviendas se obtiene, en su opinión, una oportunidad para que, con ayudas públicas, los ciudadanos puedan arreglar sus pisos, los barrios puedan renovarse y los desempleados del sector de la construcción puedan encontrar trabajo en poco tiempo.
En cuanto a si la reducción del IVA propuesta en el caso de la rehabilitación es la única que contempla el Gobierno, Salgado afirmó se trata de un recorte muy importante del impuesto, que no se pueden hacer más rebajas y que la normativa comunitaria es muy estricta a la hora de modificar los tipos de IVA, máxime en un país, como España, donde son de los más bajos de Europa.
Salgado señaló que habrá una reducción de cargos públicos en la propia Administración General del Estado. Se reducirán, por ejemplo, algunas Direcciones Generales, al tiempo que se propiciará alguna fusión entre empresas públicas con el ánimo de buscar la mayor eficiencia. Los detalles de este plan para adelgazar a la Administración Pública se conocerán hacia el 31 de marzo, precisó la vicepresidenta.
La vicepresidenta explicó de nuevo algunas de las medidas presentadas el lunes y negó que los préstamos directos que concederá el ICO a las pymes sin límite de actuación y sin condiciones adicionales vayan a elevar el déficit público, pues todos los fondos que obtiene el Instituto salen de los mercados, no del Presupuesto del Estado.
La ministra de Economía reiteró que toda pyme solvente que pida al ICO un crédito de hasta 200.000 euros conseguirá dicho préstamo, tanto si lo necesita para obtener liquidez como si lo quiere para financiar algún proyecto de inversión. Salgado destacó que muchos más del 90 por ciento de los créditos que piden las pymes está por debajo de los 200.000 euros, e insistió en que, una vez solicitado el crédito, el ICO se dará prisa en evaluar la solicitud y concederá la financiación de inmediato, sin ninguna condición adicional.
El ICO asume un riesgo
La ministra de Economía y Hacienda reconoció que el ICO asume un riesgo con esta medida, pero precisó que la mayoría de los proyectos que las empresas presentan son solventes. Al ser proyectos de pequeña cuantía, se diversifica mucho el riesgo y el ICO puede asumir el riesgo de que haya una empresa que no pueda pagar, pero la gran mayoría lo va a hacer, afirmó.
Preguntada por si las propuestas del Gobierno suponen una vuelta al ladrillo, la vicepresidenta recordó que en España han perdido su empleo un millón de trabajadores de la construcción, cuya formación, en muchos casos, les impide trabajar de inmediato en otras actividades.
Si a ello se le suma un parque de viviendas con más de 30 años de antigüedad donde se necesitan muchas obras de carácter estructural y en las propias viviendas se obtiene, en su opinión, una oportunidad para que, con ayudas públicas, los ciudadanos puedan arreglar sus pisos, los barrios puedan renovarse y los desempleados del sector de la construcción puedan encontrar trabajo en poco tiempo.
En cuanto a si la reducción del IVA propuesta en el caso de la rehabilitación es la única que contempla el Gobierno, Salgado afirmó se trata de un recorte muy importante del impuesto, que no se pueden hacer más rebajas y que la normativa comunitaria es muy estricta a la hora de modificar los tipos de IVA, máxime en un país, como España, donde son de los más bajos de Europa.