Sebastián asegura que el Gobierno impondrá el ATC si no hay consenso

20/01/2011 - 12:08 FCV

El Estado lleva pagando a Francia desde el pasado 1 de enero 64.000 euros diarios en concepto de sanción por el almacenamiento de los residuos de la central nuclear Vandellós I. Por este motivo, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, dio ayer un golpe sobre la mesa: “llegado el momento, el Gobierno tendrá que imponer el ATC si no hay acuerdo sobre su emplazamiento, porque es una decisión importante para España”, aseguró. Una solución que parece próxima a la par que el Ejecutivo prevé estudiar la prórroga de la vida de las nucleares si lo piden los sindicatos..
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, indicó ayer que la decisión sobre el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC), que albergará los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas, se tomará “lo antes posible para evitar el coste de los residuos almacenados en Francia” y una vez se haya logrado el “máximo consenso” con las administraciones, sectores sociales y partidos políticos relacionados con los municipios que forman parte de la candidatura a alojarlo. Sin embargo, prosigue, “es verdad que, llegado el momento, el Gobierno tendrá que imponerlo si no hay consenso, porque es una decisión importante para España”, recalca, ya que “la alternativa sería construir almacenes individuales en cada central, lo que es mucho más caro e inseguro”. El Estado Español lleva pagando a Francia desde el pasado 1 de enero 64.000 euros diarios en concepto de sanción por el mantenimiento de los residuos radioactivos del desmantelamiento de la central nuclear Vandellós, según el acuerdo al que llegó con la nación gala en 2005. Por eso, este asunto requiere una solución urgente. Estas declaraciones se producen en un contexto en el que se vuelve a retomar el asunto de la energía atómica ante una posible petición de los sindicatos. Según señala Sebastián a La Vanguardia, el Ejecutivo estaría dispuesto a estudiar la prórroga de la vida de las centrales nucleares si lo piden las organizaciones sindicales, en el marco del pacto social, “pero siempre condicionado a que salga adelante el retraso en la edad de jubilación”. Sin embargo, no se muestra partidario de prolongar la de Garoña, ya que, asevera, “es una decisión firme”. Señala que “si los sindicatos piden una revisión de la vida útil de las centrales nucleares, entiendo que se refieren a aquéllas cuyo mandato expira a partir de 2021”, y Garoña cierra en 2013. En declaraciones a la cadena SER Sebastián ha señalado que en estas conversaciones se busca “un acuerdo global, no sólo en un área”. Las centrales nucleares vuelven, de esta forma, a centrar el debate sobre el futuro energético de España. Muchas voces reclaman la implantación de un mix en el que cada energía ocupe su papel en el panorama energético español y tengan un carácter complementario, con la finalidad de garantizar la competitividad en la materia y el autoabastecimiento.