Servicios Sociales de Marchamalo colaborará con las nuevas oficinas regionales de Intermediación Hipotecaria

Su entrada en funcionamiento ha supuesto la inmediata adhesión a su programa de funcionamiento por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marchamalo, que se encargarán de canalizar los casos de desahucio que se registren en el municipio, con los informes administrativos pertinentes, para que sean correctamente abordados por los profesionales técnicos y jurídicos que ya están actuando en estas oficinas.

En concreto se han puesto en marcha seis oficinas de intermediación hipotecaria abiertas en las dependencias de la Consejería de Fomento de las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina, por lo que la oficina de Guadalajara capital ya está operativa en la Avenida del Ejército, muy cerca de la Comisaría de Policía Nacional y el hotel AC.

El Programa de Intermediación que se presta cuenta con asesoramiento profesional de abogados, trabajadores sociales y el propio personal administrativo y técnico de la Junta de Comunidades asignado a las consejerías de Fomento y Bienestar Social, siguiendo cuatro líneas de actuación: información profesional desde el comienzo del proceso, intermediación social, asesoría jurídica para guiar a los afectados a lo largo de todo el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias a fin de que la familia afectada pueda conservar esa primera vivienda. Las propias oficinas se encargan de la gestión de una alternativa habitacional para los afectados en los casos extremos en los que no se pudieran paralizar los desalojos.

El alcalde, Rafael Esteban, ha calificado la puesta en marcha de estas oficinas muy positivamente, ya que de “proporcionarán a los afectados las herramientas que veníamos demandando desde los ayuntamientos desde hace años, poniendo en común recursos administrativos y asistencia letrada que son imprescindibles, por lo que colaboraremos intensamente con ellas”. Entre otros proyectos, el Gobierno regional pretende acometer una Ley Social de Vivienda, un observatorio permanente en la materia y una comisión de seguimiento de estas oficinas.