Trabajador y empresario

   Las cuatro reformas laborales que han pasado por el BOE en los últimos veinte meses, todas ellas en tiempos de la actual crisis, han venido a modificar las relaciones de poder entre empresario y trabajador. A favor del primero, se entiende. Lógico desenlace de una regulación impuesta por el Estado a los actores del mercado laboral, representantes del capital y el trabajo, cuando los agentes sociales han sido incapaces de acordar previamente dicha regulación. Ese es el caso. Insisto en que la primera de las partes (empresarios) sale más favorecida que la segunda (trabajadores). Aún así, tendemos a creer que será para bien en las actuales circunstancias (los cinco millones de parados).

  Especialmente si asumimos eso de que la empresa es una comunidad de objetivos, de modo que si le va bien al empresario le irá bien al trabajador. Y, más aún, lo que nos acerca al espíritu y la letra de una reforma laboral justa: al empresario le gusta contratar (el negocio va bien) y no despedir (el negocio va mal). Sobre esa base parece buena idea que la relación empresario-trabajador se defina en la distancia corta (convenios de empresa, descuelgues, etc.) y no en los despachos sectoriales o territoriales de los dirigentes sindicales o empresariales.

  Pero también puede ser que la distancia corta elimine un elemento de protección para el trabajador frente al empresario. Se podría predicar lo mismo al revés, es decir, la cobertura del pequeño empresario por parte de las organizaciones patronales. No encajaría en la realidad de ésta y las anteriores reformas laborales, que no han hecho sino ir debilitando la posición del trabajador en sus relaciones de poder frente al empresario.

  En la última reforma, la que aprobó por decreto-ley el Consejo de Ministros del viernes pasado, es evidente que el empresario queda habilitado para utilizar la distancia corta (el descuelgue), el ERE sin autorización, el despido individual por razones técnicas o el recorte salarial sin acuerdo previo, no para paliar las pérdidas durante tres trimestres consecutivos sino para mejorar sus cuentas o aumentar sus beneficios. Y no es lo mismo, claro está, aunque la concesión de todas esas facultades esté teóricamente orientada a crear las condiciones que inciten al empresario a contratar y no a despedir.

  De ahí el malestar de UGT y CC.OO. con una reforma laboral enviada por el Gobierno al BOE sin esperar a un acuerdo previo de los sindicatos con la CEOE. Y de ahí el fantasma de la huelga general, que sobrevuela de nuevo los ámbitos políticos, económicos y sociales de la España angustiada por los cinco millones de parados. En esas estamos. A la espera de que se produzca, o no, una conjunción entre la credibilidad de los sindicatos, ahora seriamente afectada, y lo que Cándido Méndez, líder de la UGT, llama "estado de ánimo de la sociedad", que en principio no está por la labor de complicar las cosas más de lo que ya están.