Un buen momento para hablar de Educación
01/10/2010 - 09:45
ANTONIO MARCO MARTÍNEZ, Portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha
Septiembre es un buen momento para hablar de Educación. Para preguntarnos una vez más ¿qué objetivos debemos proponernos? y ¿con qué instrumentos y sistemas conseguimos mejor que los escolares alcancen esos objetivos?
La educación, bajo nuestro punto de vista, debe servir para ayudar que los niños y jóvenes conformen su personalidad, desarrollando sus capacidades y su sensibilidad. Debe también servir para fortalecer su código de conducta afianzando los valores éticos que permitan su perfecta integración en la sociedad y a dotarles de los conocimientos científicos y culturales propios de un mundo desarrollado en el que han de vivir largos años.
La educación ha de ser en conocimientos y sobre todo en valores. No puede ser de otra manera para el buen desarrollo del alumno como individuo y como ser social. Y esos valores está claro que han de ser preeminentes los democráticos. Por eso, resulta absolutamente incomprensible la polémica e inadmisible el rechazo de la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que han pretendido generar en la sociedad española algunos ciudadanos, espoleados y animados por los sectores más conservadores y sobre todo por el PP.
Además la actitud que mantienen los populares en este asunto es de una absoluta hipocresía política ya que pudiendo haber recurrido la ley ante el Constitucional no lo han hecho. Desde el punto de vista jurídico-político resulta además inaceptable la pretensión de algunos, en un Estado de Derecho, de no cumplir las leyes cuando no coinciden con las ideas o los intereses personales.
En cuanto al objetivo de la educación y de la escuela, éste no es otro que el de universalizar la educación básica (en nuestra sociedad compuesta por la educación infantil, primaria y secundaria) a todos los ciudadanos y ofrecer posibilidades de formación permanente y continua a lo largo de toda la vida. Este objetivo es muy reciente en España. Recordemos que tan sólo hace 18 años, en 1990, la LOGSE, la modernizadora ley de la época de gobierno socialista, amplía la escolarización básica y obligatoria hasta los 16 años, que hasta entonces lo era hasta los 12 años. Para entonces algunos países europeos llevaban más de 100 años con esa exigencia. Hoy nuestra sociedad demanda ampliar la educación desde los cero años y prolongarla más allá de los 16 hacia estudios de grado medio o superior de formación profesional y de universidad para amplios sectores de la población. Ahora bien, aunque nadie parezca rechazar formalmente la universalización de la educación, no por eso dejan de ser síntomas preocupantes algunas actitudes excluyentes, elitistas, diferenciadoras o con tintes xenófobos que plantean responsables políticos del PP. En cuanto al instrumento para mejor conseguir el objetivo de la universalización y generalización, parece claro que tratándose de un derecho fundamental de tanta trascendencia para la vida de las personas y existencia de la sociedad, es éste uno de los servicios públicos que el Estado ha de gestionar de manera directa y entusiasta para asegurar a todos los ciudadanos sin discriminación la educación de calidad necesaria.
Hoy tenemos un sistema público de educación equiparable a los de los restantes países de nuestro entorno democrático, pero se activan todas las alarmas cuando responsables políticos del PP, como Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal, proponen sin complejo, en una ponencia para el reciente Congreso de su partido en Madrid, la ruptura de los monopolios públicos y la libertad de elección por parte del usuario-contribuyente, aplicada a sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la seguridad.
Para ratificar las palabras con los hechos, en los últimos años se han construido siete hospitales de gestión privada o se han privatizado colegios construidos en suelo público con dinero público o se favorece sin rubor a la enseñanza privada en detrimento de la pública. Estos no son ya meros síntomas sino evidencias de un modelo social y de educación que se está implantando, radicalmente opuesto al que en los años de democracia hemos ido construyendo, un sistema educativo universal, de calidad y no discriminatorio.
Finalmente, si el Estado ha de gestionar un sistema educativo público de calidad, deberemos también preguntarnos por la importancia que este servicio ha de tener a la hora de repartir los presupuestos o dineros públicos. También en esta cuestión nuestro país ha tenido una historia próxima muy deficiente. Tan sólo desde la llegada del partido socialista al gobierno en el año 82 la enseñanza ha ido contando con recursos crecientes, aunque todavía lejos de lo que los países más desarrollados dedican a la formación de sus ciudadanos.
En Castilla-La Mancha, la Educación es una prioridad evidente para el gobierno, que siempre ha sido socialista. Hoy estamos entre las tres comunidades que mayor porcentaje dedica a la Educación y existe el compromiso de alcanzar en esta legislatura el 6% del PIB regional. Seremos los primeros en alcanzar esta cifra mítica, que contrasta y deja en evidencia el raquítico 2,7% del curso pasado en la Comunidad de Madrid, a pesar de ser la comunidad más rica de España. Es este también un dato que ayuda a situar el debate y la reflexión sobre la educación en los términos adecuados.
La educación ha de ser en conocimientos y sobre todo en valores. No puede ser de otra manera para el buen desarrollo del alumno como individuo y como ser social. Y esos valores está claro que han de ser preeminentes los democráticos. Por eso, resulta absolutamente incomprensible la polémica e inadmisible el rechazo de la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que han pretendido generar en la sociedad española algunos ciudadanos, espoleados y animados por los sectores más conservadores y sobre todo por el PP.
Además la actitud que mantienen los populares en este asunto es de una absoluta hipocresía política ya que pudiendo haber recurrido la ley ante el Constitucional no lo han hecho. Desde el punto de vista jurídico-político resulta además inaceptable la pretensión de algunos, en un Estado de Derecho, de no cumplir las leyes cuando no coinciden con las ideas o los intereses personales.
En cuanto al objetivo de la educación y de la escuela, éste no es otro que el de universalizar la educación básica (en nuestra sociedad compuesta por la educación infantil, primaria y secundaria) a todos los ciudadanos y ofrecer posibilidades de formación permanente y continua a lo largo de toda la vida. Este objetivo es muy reciente en España. Recordemos que tan sólo hace 18 años, en 1990, la LOGSE, la modernizadora ley de la época de gobierno socialista, amplía la escolarización básica y obligatoria hasta los 16 años, que hasta entonces lo era hasta los 12 años. Para entonces algunos países europeos llevaban más de 100 años con esa exigencia. Hoy nuestra sociedad demanda ampliar la educación desde los cero años y prolongarla más allá de los 16 hacia estudios de grado medio o superior de formación profesional y de universidad para amplios sectores de la población. Ahora bien, aunque nadie parezca rechazar formalmente la universalización de la educación, no por eso dejan de ser síntomas preocupantes algunas actitudes excluyentes, elitistas, diferenciadoras o con tintes xenófobos que plantean responsables políticos del PP. En cuanto al instrumento para mejor conseguir el objetivo de la universalización y generalización, parece claro que tratándose de un derecho fundamental de tanta trascendencia para la vida de las personas y existencia de la sociedad, es éste uno de los servicios públicos que el Estado ha de gestionar de manera directa y entusiasta para asegurar a todos los ciudadanos sin discriminación la educación de calidad necesaria.
Hoy tenemos un sistema público de educación equiparable a los de los restantes países de nuestro entorno democrático, pero se activan todas las alarmas cuando responsables políticos del PP, como Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal, proponen sin complejo, en una ponencia para el reciente Congreso de su partido en Madrid, la ruptura de los monopolios públicos y la libertad de elección por parte del usuario-contribuyente, aplicada a sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la seguridad.
Para ratificar las palabras con los hechos, en los últimos años se han construido siete hospitales de gestión privada o se han privatizado colegios construidos en suelo público con dinero público o se favorece sin rubor a la enseñanza privada en detrimento de la pública. Estos no son ya meros síntomas sino evidencias de un modelo social y de educación que se está implantando, radicalmente opuesto al que en los años de democracia hemos ido construyendo, un sistema educativo universal, de calidad y no discriminatorio.
Finalmente, si el Estado ha de gestionar un sistema educativo público de calidad, deberemos también preguntarnos por la importancia que este servicio ha de tener a la hora de repartir los presupuestos o dineros públicos. También en esta cuestión nuestro país ha tenido una historia próxima muy deficiente. Tan sólo desde la llegada del partido socialista al gobierno en el año 82 la enseñanza ha ido contando con recursos crecientes, aunque todavía lejos de lo que los países más desarrollados dedican a la formación de sus ciudadanos.
En Castilla-La Mancha, la Educación es una prioridad evidente para el gobierno, que siempre ha sido socialista. Hoy estamos entre las tres comunidades que mayor porcentaje dedica a la Educación y existe el compromiso de alcanzar en esta legislatura el 6% del PIB regional. Seremos los primeros en alcanzar esta cifra mítica, que contrasta y deja en evidencia el raquítico 2,7% del curso pasado en la Comunidad de Madrid, a pesar de ser la comunidad más rica de España. Es este también un dato que ayuda a situar el debate y la reflexión sobre la educación en los términos adecuados.