Un Estatuto y nueve proyectos de ley quedan en el tintero
01/10/2010 - 09:45
Por: CÉSAR CALVAR. COLPISA
La reforma que adecuaba la Justicia a las autonomías tampoco se aprueba
Nueve proyectos de ley impulsados por el Gobierno y el estatuto de autonomía de Canarias que estaban en tramitación se quedarán sin aprobar al término con la disolución de las Cortes Entre las iniciativas que ya no verán la luz destacan las dos reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dos de las propuestas-estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, concebidas para dar sustento jurídico al apartado judicial de las reformas estatutarias y adecuar la administración de Justicia al Estado de las autonomías
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El Ejecutivo llega al fin de su mandato en el que ha logrado sacar adelante 143 proyectos de ley, pero otros nueve dormirán en el cajón hasta la próxima legislatura o hasta nunca. Dos de ellos son las reformas legislativas pensadas para descentralizar el Poder Judicial mediante la creación de los consejos autonómicos, y que otorga al tribunal superior de cada comunidad el papel de última instancia judicial, con lo que el Tribunal Supremo quedaría para labores de unificación de doctrina y otros asuntos excepcionales.
Para el Ejecutivo no es un fracaso menor. El pasado 27 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero situó esa reforma entre sus prioridades para el final de la legislatura. Su fiasco convierte en papel mojado todo el articulado referido a las nueves competencias judiciales en las seis reformas estatutarias aprobadas en estos cuatro años al carecer de base legal para su puesta en marcha. La falta de acuerdos con el PP y las reticencias de los partidos nacionalistas, que querían una reforma más ambiciosa, ayudaron a frustrar el proyecto.
El Gobierno tendrá que apuntar también en su debe legislativo una reforma profunda del Código Penal, con la que pretendía modificar más de un centenar de sus artículos. En líneas generales, los cambios propuestos pretendían actualizar su contenido y luchar de forma más contundente contra las formas delictivas más modernas como la corrupción, el crimen organizado, los delitos urbanísticos y societarios.
El Ejecutivo llega al fin de su mandato en el que ha logrado sacar adelante 143 proyectos de ley, pero otros nueve dormirán en el cajón hasta la próxima legislatura o hasta nunca. Dos de ellos son las reformas legislativas pensadas para descentralizar el Poder Judicial mediante la creación de los consejos autonómicos, y que otorga al tribunal superior de cada comunidad el papel de última instancia judicial, con lo que el Tribunal Supremo quedaría para labores de unificación de doctrina y otros asuntos excepcionales.
Para el Ejecutivo no es un fracaso menor. El pasado 27 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero situó esa reforma entre sus prioridades para el final de la legislatura. Su fiasco convierte en papel mojado todo el articulado referido a las nueves competencias judiciales en las seis reformas estatutarias aprobadas en estos cuatro años al carecer de base legal para su puesta en marcha. La falta de acuerdos con el PP y las reticencias de los partidos nacionalistas, que querían una reforma más ambiciosa, ayudaron a frustrar el proyecto.
El Gobierno tendrá que apuntar también en su debe legislativo una reforma profunda del Código Penal, con la que pretendía modificar más de un centenar de sus artículos. En líneas generales, los cambios propuestos pretendían actualizar su contenido y luchar de forma más contundente contra las formas delictivas más modernas como la corrupción, el crimen organizado, los delitos urbanísticos y societarios.