Un informe del Consejo Consultivo desmonta las excusas de Román para hacer el Campus

 

  El dictamen del Consejo Consultivo es consecuencia de la intención del Gobierno de Cospedal de rescindir el contrato de construcción de la primera fase del campus en El Ruiseñor, que ya estaba adjudicado a una empresa por 5,4 millones de euros. En dicho informe queda reflejado, en primer lugar, que esa primera fase de la obra adjudicada no comenzó por no haberse concedido la licencia de obra, tal como viene sosteniendo el Grupo Socialista y negando Román y su equipo de Gobierno.

 

   A continuación, el mismo informe indica que el proyecto tenía la consignación presupuestaria necesaria en las cuentas de la Junta de Comunidades, ya que se dice textualmente que “la paralización indefinida de las obras afectaba negativamente a la Administración, por mantener las contraprestaciones económicas derivadas del contrato retenidas e inmovilizadas en el presupuesto”.

 

   La portavoz socialista, Magdalena Valerio, ha llamado la atención sobre un tercer aspecto del informe en el que se reseña, literalmente, que la intención del Gobierno regional en el momento de solicitarse y emitirse el dictamen era “posponer la construcción del campus por la situación económica” y no eliminar definitivamente el proyecto ni hacerlo en una ubicación diferente.  Es decir, “en un solo párrafo, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha desmonta todas las mentiras de Román sobre el campus y el Polígono del Ruiseñor”, ha afirmado Valerio.

 

  Finalmente, el dictamen del Consejo Consultivo fijó en 138.000 euros más IVA la indemnización a la empresa por la rescisión del contrato de construcción de la primera fase del campus, además de la devolución de 230.000 euros que la empresa había depositado en concepto de fianza.

 

Ocultación del informe

 

 La portavoz del Grupo Socialista ha denunciado que “Román y Cospedal han ocultado deliberadamente a la ciudadanía esta resolución, de tanta trascendencia para el desarrollo universitario e industrial de Guadalajara y para la creación de empleo en esta ciudad, que tiene actualmente cerca de 9.000 vecinos en el paro”. Un “ocultismo de los Gobiernos regional y municipal” que Valerio ha achacado a que “Román ha estado desde el principio jugando frívolamente a boicotear el proyecto en contra de su propia firma y sus actos como alcalde, lo que puede ocasionar gravísimas consecuencias jurídicas y económicas al Ayuntamiento de Guadalajara, además de arruinar a muchas familias de la ciudad e impedir que miles de guadalajareños parados tuvieran la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo”.

 

   40 millones de euros en contenciosos y miles de empleos perdidos

 

   Magdalena Valerio ha añadido que “las trabas que Román ha puesto al proyecto han acabado en los tribunales de justicia, con reclamaciones que pueden hipotecar al Ayuntamiento de Guadalajara por varias generaciones”. Según informaciones publicadas en varios medios de comunicación, una empresa pide al Ayuntamiento de Guadalajara indemnizaciones por 40 millones de euros por responsabilidad patrimonial, al no haber removido obstáculos que impiden completar el desarrollo del Polígono del Ruiseñor y, en consecuencia, impedir la instalación de distintas empresas e industrias interesadas en hacerlo. Por otra parte, el agente urbanizador ha interpuesto.

 

 otros dos contenciosos por no cumplir el alcalde con sus obligaciones para el desarrollo urbanístico del sector: Román no respondió a dos requerimientos del agente urbanizador, presentados en 2010, para resolver la ocupación de un vial del Polígono por un chalet de la familia del eurodiputado del PP Luis de Grandes; el segundo contencioso se debe a que hay propietarios del sector que no han pagado las cargas correspondientes a la urbanización, sin que el alcalde haya hecho nada por ejecutar esas deudas en vía de apremio.

 

  Todas estas “trabas de Román al desarrollo del proyecto” han dejado “un reguero de damnificados que da vértigo y unas indemnizaciones de dinero público cada vez mayores”, ha subrayado Valerio, antes de proceder a enumerar a los ciudadanos perjudicados por la actuación del alcalde de Guadalajara: miles de vecinos de la ciudad que se han visto privados de un importante número de empleos -los 1.500 que se han dejado de crear por la paralización de las obras de El Ruiseñor, los cientos de empleos cualificados que iban a generar el campus y el parque científico y tecnológico y los cientos de empleos que iban a crear las empresas que tenían planificado instalarse-; varias decenas de familias, pequeñas propietarias de terrenos en El Ruiseñor, que se han arruinado invirtiendo en el proyecto que el PP ha boicoteado; todos los ciudadanos, de cuyo bolsillo van a salir los cientos de miles de euros que se están empleando en indemnizar a las empresas adjudicatarias de los contratos y que también pueden tener que acabar pagando posibles indemnizaciones millonarias por las acciones u omisiones de Román.