Una decena de empleados públicos interinos de la Delegación de Sanidad de Guadalajara cesan en sus puestos de trabajo
06/07/2012 - 16:08
CCOO rechaza el recorte a la mitad de la plantilla de evaluadores del Gobierno regional y pide al Gobierno Cospedal que reconsidere su decisión, que lleva al borde del precipicio al sistema de atención a la dependencia en la región.
Esta medida, junto a los recortes presupuestarios anunciados, reincide de forma directa en que Castilla-La Mancha continúe a la cabeza de los recortes en dependencia.
En el último año, en CLM se han quedado a la espera de prestaciones más de 14.000 dependientes reconocidos; existen miles de familias esperando a ser valoradas; se ha rebajado el grado de dependencia a miles de dependientes -1.226 de ellos, grandes dependientes que milagrosamente han dejado de serlo-; se han cerrado 1.000 plazas residenciales; se han retirado las prestaciones económicas a otras 1.000 personas y se han recortado medio millón de ayudas domiciliarias. Estos recortes han provocado ya la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo en el sector de la atención a dependientes en Castilla-La Mancha en el último año.
El despido, esta semana, de la mitad de las personas que se dedican en Castilla-La Mancha a valorar la Dependencia, muestran un grave desinterés del Gobierno regional por las personas dependientes de la región; o, aún peor, un gravísimo interés por desmantelar el sistema de atención a la Dependencia, en clara connivencia con el Gobierno Central; abandonando a su suerte a quienes necesitan un apoyo público para compensar su vulnerabilidad.
En concreto en Guadalajara, se han producido al menos los siguientes despidos de la Delegación de Sanidad y Asuntos Sociales: 1 analista de técnicas instrumentales de Sanidad, 1 trabajadora social de Bienestar Social, 3 trabajadoras sociales valoradoras de dependencia de Jadraque, Molina, y Almoguera. Asimismo, despiden a 5 empleados laborales interinos de Trillo, Alcohete, el Centro Base, y la Delegación de Sanidad. Al menos, 10 empleados públicos.
Estas decisiones se toman tras los planteamientos expuestos en el Programa Nacional de Reformas (PNR) para 2012, en el que se anunció que el Gobierno está en contra de servicio público que la Ley estatal otorgó al Sistema de Atención a la Dependencia -aunque esta ley también fuera aprobada en su día por el Partido Popular-; además de anunciar una nueva moratoria en el calendario de la puesta en marcha de las coberturas del sistema.
En el mismo PNR se anuncia la posibilidad de retrasar dos años, hasta 2014, el momento en el que determinados grados de dependientes deberán estar atendidos; lo que sitúa el riesgo real de asistir a la paralización del proceso de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia que tenía prevista su finalización en 2015.
Por todo ello, CCOO expresa su profunda preocupación, porque en las medidas que está adoptando el Gobierno Cospedal traslucen la intención de desmantelar nuestro aún débil sistema de atención a los dependientes y de paralizar la implantación de la ley de Dependencia en nuestra comunidad autónoma.
Esta medida, junto a los recortes presupuestarios anunciados, reincide de forma directa en que Castilla-La Mancha continúe a la cabeza de los recortes en dependencia.
En el último año, en CLM se han quedado a la espera de prestaciones más de 14.000 dependientes reconocidos; existen miles de familias esperando a ser valoradas; se ha rebajado el grado de dependencia a miles de dependientes -1.226 de ellos, grandes dependientes que milagrosamente han dejado de serlo-; se han cerrado 1.000 plazas residenciales; se han retirado las prestaciones económicas a otras 1.000 personas y se han recortado medio millón de ayudas domiciliarias. Estos recortes han provocado ya la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo en el sector de la atención a dependientes en Castilla-La Mancha en el último año.
El despido, esta semana, de la mitad de las personas que se dedican en Castilla-La Mancha a valorar la Dependencia, muestran un grave desinterés del Gobierno regional por las personas dependientes de la región; o, aún peor, un gravísimo interés por desmantelar el sistema de atención a la Dependencia, en clara connivencia con el Gobierno Central; abandonando a su suerte a quienes necesitan un apoyo público para compensar su vulnerabilidad.
En concreto en Guadalajara, se han producido al menos los siguientes despidos de la Delegación de Sanidad y Asuntos Sociales: 1 analista de técnicas instrumentales de Sanidad, 1 trabajadora social de Bienestar Social, 3 trabajadoras sociales valoradoras de dependencia de Jadraque, Molina, y Almoguera. Asimismo, despiden a 5 empleados laborales interinos de Trillo, Alcohete, el Centro Base, y la Delegación de Sanidad. Al menos, 10 empleados públicos.
Estas decisiones se toman tras los planteamientos expuestos en el Programa Nacional de Reformas (PNR) para 2012, en el que se anunció que el Gobierno está en contra de servicio público que la Ley estatal otorgó al Sistema de Atención a la Dependencia -aunque esta ley también fuera aprobada en su día por el Partido Popular-; además de anunciar una nueva moratoria en el calendario de la puesta en marcha de las coberturas del sistema.
En el mismo PNR se anuncia la posibilidad de retrasar dos años, hasta 2014, el momento en el que determinados grados de dependientes deberán estar atendidos; lo que sitúa el riesgo real de asistir a la paralización del proceso de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia que tenía prevista su finalización en 2015.
Por todo ello, CCOO expresa su profunda preocupación, porque en las medidas que está adoptando el Gobierno Cospedal traslucen la intención de desmantelar nuestro aún débil sistema de atención a los dependientes y de paralizar la implantación de la ley de Dependencia en nuestra comunidad autónoma.