Una sentencia reconoce que Araceli Muñoz sufrió acoso laboral por parte del PP al intentar reincorporarse a su puesto de funcionaria en el Ayuntamiento

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a Araceli Muñoz de Pedro tras nueve años de proceso judicial por el acoso laboral sufrido cuando, después de una dilatada y destacada carrera política, intentó incorporarse a su puesto de trabajo como funcionaria en el Ayuntamiento de Guadalajara, en 2012, gobernado entonces por Antonio Román.

Araceli Muñoz, actual consejera del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, es una conocida política socialista que ocupó varios cargos tanto en el Consistorio capitalino, como concejala, como en el Gobierno regional, entre ellos consejera de Obras Públicas, de Industria y Trabajo y de Cultura; y entre 2008 y 2012 fue subdelegada del Gobierno en Guadalajara. Tras el cambio de gobierno decidió reincorporarse a su plaza como letrada del Ayuntamiento, a la que accedió por oposición en 1989.  En este momento, asegura, comenzó un persecución laboral contra ella por parte del PP por sus ideas políticas. “La sala ha dejado claro que hay un acoso y una situación de mobbing. He sido objeto de mobbing por parte del gobierno del PP cuanto solicité mi incorporación a mi puesto de trabajo”, afirma la afectada.

La sentencia concluye, según ha leído la propia interesada, que “la recurrente, en el periodo entre el 23 de febrero y el 23 de marzo de 2012, fue objeto de hostigamiento y acoso moral, en tanto que fue aislada, destinada a puesto inexistente, sin carga de trabajo alguna, con ausencia de medios materiales para desarrollar su trabajo, con el propósito real de prescindir de una determinada funcionaria que no resultaba cómoda por sus ideas políticas a la corporación”. Reconoce, además, que esos hechos fueron el detonante de los problemas de salud y crisis de ansiedad sufrida por Muñoz de Pedro.

Muñoz explica que el equipo de gobierno del PP, y señala concretamente a Antonio Román y Jaime Carnicero, le deniega su puesto como letrada, a pesar de que la plaza estaba presupuestada y vacante, y la adscriben a un puesto diferente, inexistente hasta entonces, y sin contenido. Le asignan un despacho sin medios y un puesto sin funciones. Esto le genera problemas de salud, crisis de ansiedad y baja laboral. Comienza así un proceso judicial que tras varias sentencias y recursos concluye ahora.

Muñoz de Pedro incide en que la sentencia reconoce que existió “desviación de poder y que lo que se pretende es dejar a la interesada apartada de cualquier actividad real, sea de la de letrado o cualquier otra”. “Dice la sentencia que es por razones políticas porque esta funcionaria le resultaba incómoda por razón de sus ideas políticas”, añade.

El tribunal condena al Ayuntamiento a indemnizar a la afectada con la cantidad de 13.709 euros. Pero lo importante, señala, no es esto, sino que se haya reconocido su situación, y pide a los responsables, a Román y Carnicero, que sean ellos los que afronten esta indemnización: “Es verdad que condena al Ayuntamiento, pero no podemos desligarlo de quienes lo gobernaban. No condena al señor Román y al señor Carnicero, porque no es un procedimiento penal, es un procedimiento contencioso administrativo, pero ya que siempre han manifestado un gran interés por los ciudadanos, yo les pediría que fueran ellos los que pagaran la indemnización, dado que así evitarían una carga al Ayuntamiento, que al final es pagada por los ciudadanos de Guadalajara, y por otro lado les pido que recapaciten sobre si realmente después de hacer una actuación de este tipo están en condiciones dentro de la ética para ejercer cualquier cargo público”.