UPA, convencida de que la Ley de la Cadena Alimentaria saldrá adelante esta tarde
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) confía en que en la tarde de este miércoles se apruebe en el Congreso la reforma de la cadena alimentaria, todo ello tras forzar la oposición el retraso una semana más de su aprobación, en protesta por la falta de disposición del PSOE para negociar cambios en partes sustanciales de la norma, como la prohibición de la venta a pérdidas, y sus dudas a la hora de cómo regular su prohibición.
Esta reforma, que llegó al Congreso en noviembre de 2020 tras ser aprobada por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, busca completar las medidas de urgencia aprobadas vía decreto ley a principios de 2020, tras las protestas en el campo, en reivindicación por unos precios justos.
El secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, explicaba esta mañana en Guadalajara que “las modificaciones de esta ley fue una de las demandas de las movilizaciones de las organizaciones agrarias a principios de 2020, donde demandábamos que se modificara esa ley para hacer una cadena agroalimentaria más transparente, para evitar todas las prácticas desleales que se pueden estar cometiendo, para que al final, el eslabón más débil que es el agricultor y ganadero tuviera la recompensa de cubrir los costes de producción a la hora de vender los productos”, al tiempo que aseguraba que “tenemos mucha esperanza de que los grupos políticos sean capaces de llegar a un acuerdo.
Hemos trasladados nuestras opiniones a los grupos políticos para que además no se pongan trabas a la ley que salga adelante porque queremos una ley que sea efectiva y que se pueda aplicar”.
Las propuestas que UPA considera que se deben tener en cuenta son “que se llegue al último eslabón de la cadena, reforzar la figura del mediador para que a la hora de fijar o establecer los precios si no hay un acuerdo haya una mediación efectiva, que se amplíen las funciones del observatorio de la cadena para la elaboración de los estudios de costes de producción, tener un registro digital de los contratos, una modificación de los costes efectivos de producción, donde debería incluirse la mano de obra y que se refuerce el papel de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).
“Es una oportunidad histórica que tengamos una ley que obliga a que tengamos un contrato, que conozcamos un precio, que se nos cubran los costes de producción… una vez que tengamos esta herramienta seremos contundentes para que después se pueda aplicar. Que el trabajo de agricultores y ganaderos se vea reconocido y al menos se nos garantice los costes de producción que son necesarios para sacar adelante nuestras producciones”, incidía.
La regulación de la venta a pérdidas es uno de los aspectos clave de la reforma, ya que era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones agrarias durante las protestas iniciadas a principios del año pasado, únicamente paralizadas al estallar la pandemia de Covid-19.
Es más, la semana pasada organizaciones de toda la cadena agroalimentaria remitieron a los grupos una carta para pedir la extensión de la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena. “Es una situación muy dañina porque se trasladada a la sociedad el precio de unos productos que no tienen nada que ver con el coste real, como la leche o el aceite que se utilizan como productos reclamo”, puntualiza el secretario general.