Urrea asegura en el inicio del juicio que fue a él a quien le propusieron arreglos económicos

Ya ha arrancado el juicio contra César Urrrea, el ex alcalde de Chiloeches, al que se acusa de dos delitos de cohecho al intentar comprar la renuncia de dos concejales. Los hechos se remontan a 2011, cuando Urrea fue elegido alcalde de la localidad por el PP. Según la versión de la Fiscalía, a pesar de tener seis concejales frente a los tres del PSOE y dos de IU, pronto perdió la mayoría al rebelarse cuatro de sus ediles contra él. Para resolver la situación, Urrea habría terminado proponiendo a dos de esos concejales que renunciaran a sus actas a cambio de subir el sueldo a una tercera edil, María Isabel Fernández, que estaba atravesando problemas económicos. Al negarse ellos, también habría ofrecido un sueldo de 700 euros más otros 500 “de su propio bolsillo” al portavoz del PSOE a cambio de su respaldo en las votaciones plenarias, algo a lo que también se habría negado el concejal socialista.

Tras la exposición inicial de Fiscalía y Defensa, el primero en tomar la palabra fue el propio Urrea. Según indicó los hechos se iniciaron a raíz del descontento de Santiago Motiño, concejal del PP que aspiraba a tener el puesto de alcalde y que se sintió decepcionado al no obtenerlo. Éste habría pedido a Urrea 500 euros en B “para sus gastos”, indicó el primer edil, que no le fueron concedidos. Con el paso del tiempo, Motiño logró que el Pleno aprobara una bajada de sueldo para el alcalde y otro edil del PP, Miguel Ángel Parro, hombre de confianza de Urrea y el único que, con él, tenía una liberación a tiempo completo. Después, continuó relatando Urrea, el propio Motiño se habría presentado en el despacho de Urrea para hacerle una propuesta: devolvía el sueldo de Urrea y Parro a su cantidad original a cambio de que todas las competencias de Motiño pasaran a María Isabel Fernández, con la que mantenía una relación sentimental, y de que ésta pasara a tener una liberación de tiempo parcial a completo.

Urrea asegura que se opuso a la propuesta. A partir de ahí, Urrea se quedó con el único apoyo de Parro. Otros tres concejales se mantuvieron en rebeldía contra él y el sexto fue votando en cada Pleno según su juicio. Asegura que, aunque los tres “díscolos” trataron de hacer un acercamiento al PSOE para sumar mayoría y arrebatarle la alcaldía, el Pacto de Antitransfuguismo lo impidió.  Desde ese momento, la vida política continúo con relativa normalidad en el municipio a pesar de estar gobernando en minoría y, según sus propias palabras, incluso logró que se aprobaran una amplia mayoría de los puntos que llevaba a Pleno.  

Tras Urrea, compareció en el tribunal el actual alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, concejal por IU en el momento de los hechos. Fue él quien puso en conocimiento de la Fiscalía todo lo ocurrido tras escuchar en un Pleno al propio Santiago Motiño acusar al alcalde de intentar comprar su voto, tal y como se recogía en las actas de la sesión.  Según explicó, tiempo después el portavoz del PSOE le indicó que Urrea también había intentado negociar con él. Durante su testimonio, la defensa procedió a leer un acta del verano de 2013 en la que Motiño pedía al alcalde que pasase sus competencias y las de otra compañera del PP (la tercera díscola) a María Isabel Fernández, subiéndola además el sueldo. También se mostraba dispuesto a retroceder en la bajada de sueldo aplicada a Urrea y Parro, algo que la defensa le preguntó a García si consideraba “chantaje”. El actual alcalde evitó hacer valoraciones y señaló que el sólo había puesto en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido en el Pleno en el que Motiño acusó al alcalde de haber intentado comprar su voto.

Esta tarde continuará el juicio con el testimonio de los tres ediles del PP que se rebelaron contra Urrea. El Fiscal pide para él ex alcalde tres años de prisión por cada uno de los dos delitos de cohecho y cinco años de inhabilitación especial para el empleo o el cargo público.