Vivienda informará a un centenar de guadalajareños que deben devolver la renta básica
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
Renta de emancipación
De confirmarse que superaron los 22.000 euros brutos anuales de ingresos
El Ministerio de Vivienda realizaba la pasada semana un aviso a navegantes y anunciaba que ha enviado una carta y un sms a 8.000 beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación (RBE) comunicándoles que, según la información remitida por la Agencia Tributaria a este departamento, superaron en 2008 los 22.000 euros anuales de ingresos brutos, requisito fundamental para recibir la ayuda al alquiler de 210 euros, por lo que de confirmarse dejarán de percibir dicha subvención ydeberán devolver además dicha ayuda.
Un simple cruce de datos entre el Ministerio que preside Beatriz Corredor y la declaración de la renta de 2008 que maneja la Agencia Tributaria ha revelado que 8.000 jóvenes no cumplen con el principal de los requisitos para percibir esta ayuda. Un control se repetirá para los ingresos percibidos en 2009 y sucesivos.
Al mismo tiempo, el Ministerio se lo ha comunicado a las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de la Renta Bruta de Emancipación, y por tanto de reconocer y retirar el derecho a cobrarla, para que den trámite de audiencia a los afectados y verifiquen cuál fue su nivel de ingresos.
Es a las comunidades autónomas a las que oficialmente corresponde hacer la comunicación a estas personas que, hipotéticamente según el cruce de datos con la Agencia Tributaria, no cumplen con los requisitos y uno es esos requisitos es no haber percibido más de 22.000 euros en el ejercicio fiscal.
Ahora hay que comunicárselo oficialmente a estas personas, que son cerca de un centenar en Guadalajara y entre 500 y 600 en toda Castilla-La Mancha, para que aporte la documentación que ellos consideren para demostrar que pueden percibirla y si no es así pues perderán el derechos a esta ayuda, afirma el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Fernando Senesteva. Un dato que supone un 4% del total de resoluciones positivas de ayuda concedidas, un total de 2.400 en la provincia.
En los casos en que el beneficiario no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, y por tanto, incumplió la obligación establecida en la normativa, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas correspondientes, al que caben alegaciones.
Todavía no se han hecho las comunicaciones y tendrá lugar después de agosto, añade Senesteva, quien afirma se llevará a cabo como cualquier procedimiento más de reintegro de ayudas. El delegado provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda estima que, de devolverse, se tendrá en cuenta a partir del ejercicio fiscal siguientes, es decir, enero de 2009. Espero que antes de empezar cualquier procedimiento de devolución de ayudas tendrá que haber indicaciones por parte del Ministerio, que es quien realmente el dueño del dinero, y tanto las comunidades autónomas como el Ministerio concretarán la fecha que ahora está por definir, añade el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, quien reconoce que esta ayuda es peculiar al no ser un pago único sino mensual.
Mientras culminan las comprobaciones necesarias, el Ministerio ha suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes (en los casos en que aún estuviera activo el derecho pues otros casos están ya extinguidos) y asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella. En la carta enviada por el Ministerio, sólo se avisa a los jóvenes afectados de su situación y se les anuncia que su comunidad autónoma se pondrá en contacto con ellos para que aporten la documentación necesaria para aclarar si dejaron de cumplir con el requisito de ingresos que fija la ley.
Según los convenios de colaboración firmados con todas las comunidades autónomas para la puesta en marcha de la renta básica, es la administración regional, como órgano competente para el reconocimiento del derecho, la que ha de realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurar que los solicitantes de esta ayuda cumplen todos los requisitos para la percepción de la misma. Así, cada comunidad fija qué documentación solicitar al joven para comprobar el requisito de ingresos.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguraba esta semana que en ningún caso se ha pedido a ningún joven beneficiario de la Renta Básica de Emancipación que devuelva estas ayudas tras detectar que han superado los 22.000 euros de ingresos, sino que simplemente se les ha informado de que están en esta situación. El Ministerio envió hace unos dos meses cartas a todos los que estaban recibiendo esta ayuda y que, según los datos de la declaración de 2008, superaban el límite de 22.000 euros anuales de ingresos, ha explicado Corredor, que ha subrayado que la carta comunica que la Comunidad Autónoma les va a requerir la documentación necesaria.
Sobre el 5 por ciento de intereses solicitado junto al retorno de las ayudas, Corredor ha especificado que todas las ayudas públicas que se tienen que devolver o reintegrar tienen unos intereses de demora que en cada caso determina la ley, aunque ha reiterado que todas las comunidades van a revisar cada caso y van a dar trámite de audiencia para que todo el mundo pueda aportar la documentación que acredite su derecho.
Ha explicado que las comunidades autónomas son las que tienen que conceder el derecho y también las que tiene que retirarlo y que todos los jóvenes saben que, según el decreto, si pasan el límite de 22.000 euros tienen que devolver la ayuda. Aquellos que lo advierten no tienen que devolverlo, simplemente dejan de recibirla, pero los que no lo advierten, como el propio decreto dice, tiene que devolver las ayudas igual que cualquier otra subvención publica, ha apuntado.
Al mismo tiempo, el Ministerio se lo ha comunicado a las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de la Renta Bruta de Emancipación, y por tanto de reconocer y retirar el derecho a cobrarla, para que den trámite de audiencia a los afectados y verifiquen cuál fue su nivel de ingresos.
Es a las comunidades autónomas a las que oficialmente corresponde hacer la comunicación a estas personas que, hipotéticamente según el cruce de datos con la Agencia Tributaria, no cumplen con los requisitos y uno es esos requisitos es no haber percibido más de 22.000 euros en el ejercicio fiscal.
Ahora hay que comunicárselo oficialmente a estas personas, que son cerca de un centenar en Guadalajara y entre 500 y 600 en toda Castilla-La Mancha, para que aporte la documentación que ellos consideren para demostrar que pueden percibirla y si no es así pues perderán el derechos a esta ayuda, afirma el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Fernando Senesteva. Un dato que supone un 4% del total de resoluciones positivas de ayuda concedidas, un total de 2.400 en la provincia.
En los casos en que el beneficiario no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, y por tanto, incumplió la obligación establecida en la normativa, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas correspondientes, al que caben alegaciones.
Todavía no se han hecho las comunicaciones y tendrá lugar después de agosto, añade Senesteva, quien afirma se llevará a cabo como cualquier procedimiento más de reintegro de ayudas. El delegado provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda estima que, de devolverse, se tendrá en cuenta a partir del ejercicio fiscal siguientes, es decir, enero de 2009. Espero que antes de empezar cualquier procedimiento de devolución de ayudas tendrá que haber indicaciones por parte del Ministerio, que es quien realmente el dueño del dinero, y tanto las comunidades autónomas como el Ministerio concretarán la fecha que ahora está por definir, añade el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, quien reconoce que esta ayuda es peculiar al no ser un pago único sino mensual.
Mientras culminan las comprobaciones necesarias, el Ministerio ha suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes (en los casos en que aún estuviera activo el derecho pues otros casos están ya extinguidos) y asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella. En la carta enviada por el Ministerio, sólo se avisa a los jóvenes afectados de su situación y se les anuncia que su comunidad autónoma se pondrá en contacto con ellos para que aporten la documentación necesaria para aclarar si dejaron de cumplir con el requisito de ingresos que fija la ley.
Según los convenios de colaboración firmados con todas las comunidades autónomas para la puesta en marcha de la renta básica, es la administración regional, como órgano competente para el reconocimiento del derecho, la que ha de realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurar que los solicitantes de esta ayuda cumplen todos los requisitos para la percepción de la misma. Así, cada comunidad fija qué documentación solicitar al joven para comprobar el requisito de ingresos.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguraba esta semana que en ningún caso se ha pedido a ningún joven beneficiario de la Renta Básica de Emancipación que devuelva estas ayudas tras detectar que han superado los 22.000 euros de ingresos, sino que simplemente se les ha informado de que están en esta situación. El Ministerio envió hace unos dos meses cartas a todos los que estaban recibiendo esta ayuda y que, según los datos de la declaración de 2008, superaban el límite de 22.000 euros anuales de ingresos, ha explicado Corredor, que ha subrayado que la carta comunica que la Comunidad Autónoma les va a requerir la documentación necesaria.
Sobre el 5 por ciento de intereses solicitado junto al retorno de las ayudas, Corredor ha especificado que todas las ayudas públicas que se tienen que devolver o reintegrar tienen unos intereses de demora que en cada caso determina la ley, aunque ha reiterado que todas las comunidades van a revisar cada caso y van a dar trámite de audiencia para que todo el mundo pueda aportar la documentación que acredite su derecho.
Ha explicado que las comunidades autónomas son las que tienen que conceder el derecho y también las que tiene que retirarlo y que todos los jóvenes saben que, según el decreto, si pasan el límite de 22.000 euros tienen que devolver la ayuda. Aquellos que lo advierten no tienen que devolverlo, simplemente dejan de recibirla, pero los que no lo advierten, como el propio decreto dice, tiene que devolver las ayudas igual que cualquier otra subvención publica, ha apuntado.