Zapatero reprocha a los jueces que amenacen al Gobierno que más ha hecho por la Justicia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Sin querer entrar en la legalidad de la huelga los jueces ya que ellos son quienes mejor conocen como funciona el Estado de Derecho y tendrán bien formada su opinión, Zapatero si quiso reprochar a los jueces su actitud frente al Gobierno que, señaló, más ha hecho por mejorar la Administración de Justicia.
Aunque por supuesto el Ejecutivo va a dialogar, advirtió que la mejor manera de negociar no es sentarse con la amenaza de la huelga encima de la mesa y con el fondo de y sino se nos escucha haremos esto.
Tratándose de jueces, el diálogo es de gran respeto institucional, yendo al fondo del tema, matizó el presidente que, en declaraciones a Onda Cero recogidas por otr/press, apuntó que los jueces han planteado reivindicaciones salariales y recordó que su retribución subirá un 5% y de ahí el Gobierno no se va a mover porque los presupuestos ya están aprobados por el Parlamento.
En este punto, Zapatero señaló que los jueces conocen bien la división de poderes y están reivindicando al Gobierno aspectos que decide el Parlamento por lo que sugirió a las asociaciones de jueces que podían haberlo pensado un poco más antes de presentar sus reivindicaciones en los términos que lo han hecho con una jornada de protestas el próximo 18 de febrero y la amenaza de una huelga en junio.
Lo que le interesa más al Gobierno no son los problemas de los jueces, sino los problemas de los ciudadanos ante la justicia, apuntó Zapatero, que reprochó a las asociaciones de jueces que, teniendo en cuenta que su Gobierno ha duplicado la inversión para la modernización de la infraestructura tecnológica en todos los juzgados y incrementado más que ningún otro el número de plazas, su respuesta no parece que sea una razonable.
En cualquier caso, Zapatero afirmó que prefiere pensar que el preaviso de huelga de los jueces no tiene que ver con el caso Mari Luz, aunque destacó la coincidencia de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales desde que el Gobierno pidió una sanción mayor para el juez Tirado por no ejecutar la sentencia contra el asesino confeso de la niña.
Se han producido determinados pronunciamientos que antes no se habían producido por parte de determinadas asociaciones judiciales, se limitó a reconocer para acto seguido recordar que, cumpliendo con su deber y su responsabilidad, el Gobierno seguirá adelante con las reformas legales para evitar que casos como el del juez Tirado no se repitan.
Para el ministro de Justicia es evidente que el caso de Mari Luz está flotando sobre este conflicto, aunque los jueces centren sus reivindicaciones en aspectos salariales y falta de medios. En todo caso, y con independencia de sus motivaciones, Bermejo recordó que los jueces, en tanto que poder del Estado, no pueden ponerse en huelga y señaló que hacerlo sería un lujo que supondría una traición al mandato que tienen de los ciudadanos.
Aunque dijo estar totalmente abierto al diálogo, salvo en cuestiones salariales que son tabú en tiempos de crisis, quiso dejar claro que el Ejecutivo no renunciará a criticar cuantas decisiones del CGPJ tenga que criticar, porque lo hará siempre que lo estime oportuno y en todos los casos en que entienda que una sanción a un juez es tan escasa como la que se ha impuesto al juez Tirado. En este punto, y coincidiendo plenamente con el presidente, Bermejo censuró que las asociaciones de jueces critiquen al Gobierno socialista, cuando ha sido el que ha creado más plazas de jueces y de fiscales y el que más medios ha destinado a la Justicia.
De hecho, el Ministerio de Justicia respondió con cifras al documento reivindicativo que las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura difundieron el lunes.
La verdadera traición
A pesar de que las cifras que el Ministerio saca ahora a la palestra, los jueces no dudan en replicar a Bermejo que la verdadera traición a los ciudadanos es el número de jueces por habitante. Así lo denunció el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, que aseguró que la administración de justicia es la gran olvidada en la Transición.
Destacó que España ocupa el puesto número 36 en un listado de 42 países efectuado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia por detrás de países como Moldavia, Ucrania, Albania, Rumania, Grecia o Rusia. Incluso está a mucha distancia de Portugal, con algo más de diez millones de habitantes, tiene 7.000 jueces, mientras que España, con 46 millones de ciudadanos, unos 4.400.
Tratándose de jueces, el diálogo es de gran respeto institucional, yendo al fondo del tema, matizó el presidente que, en declaraciones a Onda Cero recogidas por otr/press, apuntó que los jueces han planteado reivindicaciones salariales y recordó que su retribución subirá un 5% y de ahí el Gobierno no se va a mover porque los presupuestos ya están aprobados por el Parlamento.
En este punto, Zapatero señaló que los jueces conocen bien la división de poderes y están reivindicando al Gobierno aspectos que decide el Parlamento por lo que sugirió a las asociaciones de jueces que podían haberlo pensado un poco más antes de presentar sus reivindicaciones en los términos que lo han hecho con una jornada de protestas el próximo 18 de febrero y la amenaza de una huelga en junio.
Lo que le interesa más al Gobierno no son los problemas de los jueces, sino los problemas de los ciudadanos ante la justicia, apuntó Zapatero, que reprochó a las asociaciones de jueces que, teniendo en cuenta que su Gobierno ha duplicado la inversión para la modernización de la infraestructura tecnológica en todos los juzgados y incrementado más que ningún otro el número de plazas, su respuesta no parece que sea una razonable.
En cualquier caso, Zapatero afirmó que prefiere pensar que el preaviso de huelga de los jueces no tiene que ver con el caso Mari Luz, aunque destacó la coincidencia de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales desde que el Gobierno pidió una sanción mayor para el juez Tirado por no ejecutar la sentencia contra el asesino confeso de la niña.
Se han producido determinados pronunciamientos que antes no se habían producido por parte de determinadas asociaciones judiciales, se limitó a reconocer para acto seguido recordar que, cumpliendo con su deber y su responsabilidad, el Gobierno seguirá adelante con las reformas legales para evitar que casos como el del juez Tirado no se repitan.
Para el ministro de Justicia es evidente que el caso de Mari Luz está flotando sobre este conflicto, aunque los jueces centren sus reivindicaciones en aspectos salariales y falta de medios. En todo caso, y con independencia de sus motivaciones, Bermejo recordó que los jueces, en tanto que poder del Estado, no pueden ponerse en huelga y señaló que hacerlo sería un lujo que supondría una traición al mandato que tienen de los ciudadanos.
Aunque dijo estar totalmente abierto al diálogo, salvo en cuestiones salariales que son tabú en tiempos de crisis, quiso dejar claro que el Ejecutivo no renunciará a criticar cuantas decisiones del CGPJ tenga que criticar, porque lo hará siempre que lo estime oportuno y en todos los casos en que entienda que una sanción a un juez es tan escasa como la que se ha impuesto al juez Tirado. En este punto, y coincidiendo plenamente con el presidente, Bermejo censuró que las asociaciones de jueces critiquen al Gobierno socialista, cuando ha sido el que ha creado más plazas de jueces y de fiscales y el que más medios ha destinado a la Justicia.
De hecho, el Ministerio de Justicia respondió con cifras al documento reivindicativo que las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura difundieron el lunes.
La verdadera traición
A pesar de que las cifras que el Ministerio saca ahora a la palestra, los jueces no dudan en replicar a Bermejo que la verdadera traición a los ciudadanos es el número de jueces por habitante. Así lo denunció el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, que aseguró que la administración de justicia es la gran olvidada en la Transición.
Destacó que España ocupa el puesto número 36 en un listado de 42 países efectuado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia por detrás de países como Moldavia, Ucrania, Albania, Rumania, Grecia o Rusia. Incluso está a mucha distancia de Portugal, con algo más de diez millones de habitantes, tiene 7.000 jueces, mientras que España, con 46 millones de ciudadanos, unos 4.400.
