Zapatero urge a hacer la reforma de las pensiones
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
LABORAL
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una rueda de prensa en Oslo con el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, apuntó que, según las estimaciones del Gobierno, el sistema nacional de pensiones la columna del Estado de bienestar puede tener problemas dentro de diez o quince años, por lo que pide que se lleve a cabo la reforma cuanto antes.
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, acusa al Gobierno de romper las reglas del juego al vetar en el Congreso una proposición de ley del Grupo Popular para que quede sin efecto la congelación de las pensiones y reitera que su partido irá al Tribunal Constitucional (TC) con este asunto. Zapatero ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo ha apostado por anticiparse a lo que pueda suceder de aquí en la próxima década. No será fácil, pero como es necesaria, la vamos a hacer, enfatizó. Junto a la defensa de esta reforma, también hizo lo propio con la reforma de las políticas activas de empelo, que deben estar basadas en la empleabilidad y la formación y la reforma del sistema financiero, del que dijo que ha recuperado la tranquilidad y confianza tras la publicación de los test de estrés.
Crítica del PP
Mientras que Rajoy, durante un desayuno informativo en el que había varios barones del PP, entre los que destacan como el presidente fundador, Manuel Fraga, la número dos popular, María Dolores de Cospedal y la portavoz del Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que en cuatro oportunidades han perdido los socialistas en el Parlamento, votaciones para que no se congelen las pensiones el próximo año, al tiempo que ha manifestado su voluntad de no cumplir las resoluciones del Congreso.
Además, el líder popular ha añadido que presentó una proposición de ley pero el Gobierno vuelve a romper las reglas del juego en la política al vetar que se pueda debatir esta propuesta para que las pensiones se regularicen según el coste de la vida, tal y como dice la ley y como se acordó en el Pacto de Toledo. Por eso, ha recalcado que su formación irá al TC utilizando las reglas del juego con objetivo simplemente de que se pueda debatir su iniciativa, algo que, a su juicio, cualquier partido tiene derecho a hacer.
¿POR QUÉ IMPIDE QUE EL PARLAMENTO DEVUELVA A LOS PENSIONISTAS LO QUE LES HA QUITADO EL GOBIERNO?
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cambiado la pregunta que un principio le iba a hacer a De la Vega --relativa a la coordinación de los distintos ministros ante la crisis, tras recibir el pasado jueves un escrito del Ministerio de Presidencia en el que se comunicaba su oposición a que se tramite esta iniciativa--, ahora el texto de la nueva pregunta reza : ¿Por qué impide que el Parlamento devuelva a los pensionistas lo que les ha quitado el Gobierno?
Como en ocasiones anteriores, el Gobierno ha hecho uso de la potestad constitucional que le permite vetar la tramitación de aquellas proposiciones de ley --todavía hay dos iniciativas de CiU y ERC para obligar por ley derogar la suspensión del próximo año de la revalorización automática de las pensiones en el próximo curso, aunque correrá la misma suerte que la del PP-- que supongan una merma en los ingresos o un incremento del gasto previo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, los populares denunciarán ante el TC la decisión del gobierno.
MEDIDA VALORADA POR INSTITUCIONES INTERNACIONALES COMO FUNDAMENTAL
Respecto a las críticas populares, el Gobierno defiende su decisión veto a la tramitación de la proposición del ley del Grupo Popular, ya que generaría una inseguridad y desconfianza exterior en la política económica española que elevaría el coste de la deuda y perjudicaría al cumplimiento del objetivo de déficit público en este año, si bien plantea que los populares podrán llevar este debate a los PGE para el próximo año, claro está, detallando que partidas habría que recortar en su lugar.
Además, fuentes del Gobierno reiteran que la congelación de las pensiones ha estado en la discusión parlamentaria desde entonces a través de distintas mociones, interpelaciones y preguntas orales realizadas por distintos partidos y que por tanto, el Gobierno no hurta ningún debate sobre esta cuestión. En el escrito de Presidencia del Congreso, que rechazaba la proposición popular, el Ejecutivo niega modificar el decreto ley de medidas de ajuste porque en un contexto de muy alta volatilidad financiera y de demanda de consolidación fiscal resulta necesario señalizar firme y concretamente las medidas de recorte de gasto.
En esta línea, explica que una proposición de Ley como la planteada por el PP supone una marcha atrás en una medida valorada por todas las instituciones internacionales como fundamental para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit. Si se produce un retroceso como el pretendido (...), será inevitable un aumento inmediato y significativo del coste de financiación con efecto directo sobre el gasto y el déficit en el año 2010, sostiene el Ejecutivo.
El Gobierno señala que tras la aprobación en mayo del decreto, se produjo una disminución de la prima de riesgo y del tipo de interés que paga el Estado para financiar la deuda pública, sin esperar a que esas medidas se materializasen efectivamente, sino que el coste de la deuda que se emitió a partir de entonces en todos los plazos se redujo significativamente, afectando positivamente a las cuentas públicas.
Así, recalca que la derogación de una medida de una significativa importancia cuantitativa llevaría consigo automáticamente una reacción en sentido contrario, de aumento de la rentabilidad exigida, que tendría un impacto inmediato en el coste de financiación de la deuda pública. Por ello, el Ejecutivo hace uso de la potestad que le brinda el artículo 134 de la Constitución para frenar la tramitación de toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
No obstante, fuentes del Ministerio de Presidencia señalan que el PP tiene una magnífica oportunidad de plantear esta propuesta durante la tramitación de los PGE del año que viene, y así explicar de dónde sacaría los 1.530 millones que pretenden ahorrar esta medida. Además, vuelven a reprochar al PP la irresponsabilidad al votar en contra de aquel decreto e inciden en que ese paquete de medidas, incluida suspensión de la revalorización automática de las pensiones en 2011, que fue convalidado con los votos del Grupo Socialista y gracias a la abstención de CiU, cuenta con el aval parlamentario y sigue siendo plenamente válido.
Crítica del PP
Mientras que Rajoy, durante un desayuno informativo en el que había varios barones del PP, entre los que destacan como el presidente fundador, Manuel Fraga, la número dos popular, María Dolores de Cospedal y la portavoz del Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que en cuatro oportunidades han perdido los socialistas en el Parlamento, votaciones para que no se congelen las pensiones el próximo año, al tiempo que ha manifestado su voluntad de no cumplir las resoluciones del Congreso.
Además, el líder popular ha añadido que presentó una proposición de ley pero el Gobierno vuelve a romper las reglas del juego en la política al vetar que se pueda debatir esta propuesta para que las pensiones se regularicen según el coste de la vida, tal y como dice la ley y como se acordó en el Pacto de Toledo. Por eso, ha recalcado que su formación irá al TC utilizando las reglas del juego con objetivo simplemente de que se pueda debatir su iniciativa, algo que, a su juicio, cualquier partido tiene derecho a hacer.
¿POR QUÉ IMPIDE QUE EL PARLAMENTO DEVUELVA A LOS PENSIONISTAS LO QUE LES HA QUITADO EL GOBIERNO?
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cambiado la pregunta que un principio le iba a hacer a De la Vega --relativa a la coordinación de los distintos ministros ante la crisis, tras recibir el pasado jueves un escrito del Ministerio de Presidencia en el que se comunicaba su oposición a que se tramite esta iniciativa--, ahora el texto de la nueva pregunta reza : ¿Por qué impide que el Parlamento devuelva a los pensionistas lo que les ha quitado el Gobierno?
Como en ocasiones anteriores, el Gobierno ha hecho uso de la potestad constitucional que le permite vetar la tramitación de aquellas proposiciones de ley --todavía hay dos iniciativas de CiU y ERC para obligar por ley derogar la suspensión del próximo año de la revalorización automática de las pensiones en el próximo curso, aunque correrá la misma suerte que la del PP-- que supongan una merma en los ingresos o un incremento del gasto previo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, los populares denunciarán ante el TC la decisión del gobierno.
MEDIDA VALORADA POR INSTITUCIONES INTERNACIONALES COMO FUNDAMENTAL
Respecto a las críticas populares, el Gobierno defiende su decisión veto a la tramitación de la proposición del ley del Grupo Popular, ya que generaría una inseguridad y desconfianza exterior en la política económica española que elevaría el coste de la deuda y perjudicaría al cumplimiento del objetivo de déficit público en este año, si bien plantea que los populares podrán llevar este debate a los PGE para el próximo año, claro está, detallando que partidas habría que recortar en su lugar.
Además, fuentes del Gobierno reiteran que la congelación de las pensiones ha estado en la discusión parlamentaria desde entonces a través de distintas mociones, interpelaciones y preguntas orales realizadas por distintos partidos y que por tanto, el Gobierno no hurta ningún debate sobre esta cuestión. En el escrito de Presidencia del Congreso, que rechazaba la proposición popular, el Ejecutivo niega modificar el decreto ley de medidas de ajuste porque en un contexto de muy alta volatilidad financiera y de demanda de consolidación fiscal resulta necesario señalizar firme y concretamente las medidas de recorte de gasto.
En esta línea, explica que una proposición de Ley como la planteada por el PP supone una marcha atrás en una medida valorada por todas las instituciones internacionales como fundamental para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit. Si se produce un retroceso como el pretendido (...), será inevitable un aumento inmediato y significativo del coste de financiación con efecto directo sobre el gasto y el déficit en el año 2010, sostiene el Ejecutivo.
El Gobierno señala que tras la aprobación en mayo del decreto, se produjo una disminución de la prima de riesgo y del tipo de interés que paga el Estado para financiar la deuda pública, sin esperar a que esas medidas se materializasen efectivamente, sino que el coste de la deuda que se emitió a partir de entonces en todos los plazos se redujo significativamente, afectando positivamente a las cuentas públicas.
Así, recalca que la derogación de una medida de una significativa importancia cuantitativa llevaría consigo automáticamente una reacción en sentido contrario, de aumento de la rentabilidad exigida, que tendría un impacto inmediato en el coste de financiación de la deuda pública. Por ello, el Ejecutivo hace uso de la potestad que le brinda el artículo 134 de la Constitución para frenar la tramitación de toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
No obstante, fuentes del Ministerio de Presidencia señalan que el PP tiene una magnífica oportunidad de plantear esta propuesta durante la tramitación de los PGE del año que viene, y así explicar de dónde sacaría los 1.530 millones que pretenden ahorrar esta medida. Además, vuelven a reprochar al PP la irresponsabilidad al votar en contra de aquel decreto e inciden en que ese paquete de medidas, incluida suspensión de la revalorización automática de las pensiones en 2011, que fue convalidado con los votos del Grupo Socialista y gracias a la abstención de CiU, cuenta con el aval parlamentario y sigue siendo plenamente válido.