ALMA-Meco, el freno judicial que reabre el debate sobre el futuro del Corredor del Henares
El frenazo judicial al macroproyecto logístico ALMA-Meco ha introducido un nuevo escenario en la planificación territorial del entorno entre Madrid y Guadalajara. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid deja sin efecto el desarrollo previsto para una actuación asociada a una inversión estimada de 1.000 millones de euros y proyectada sobre 356 hectáreas, abriendo además un nuevo debate sobre el equilibrio entre crecimiento económico, actividad logística y conservación del territorio en el Corredor del Henares.
La resolución aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre la protección del suelo agrícola de elevada capacidad productiva y concluye que la evaluación ambiental realizada no valoró de forma suficiente determinados impactos ambientales. Entre ellos, el fallo señala la ausencia de un análisis adecuado sobre la afección al Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA 74 Talamanca-Camarma), un espacio identificado por entidades conservacionistas como relevante para especies como la avutarda común o el milano real.
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El proyecto había generado durante años oposición institucional y social en municipios próximos. En el caso de Azuqueca de Henares, “el trabajo del Ayuntamiento de Azuqueca, liderado por Miguel Óscar Aparicio, y las gestiones que se han coordinado desde el Partido Socialista en la provincia” han dado sus frutos, recuerda el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido. La anulación de este proyecto abre, según el también presidente de las Cortes regiuonales, “una nueva oportunidad para ubicar los polígonos industriales de los municipios guadalajareños del Corredor en las zonas donde tengan menos perjuicios para la población y donde cumplan todos los parámetros de movilidad, medioambientales, accesibilidad y abastecimiento de agua”. Entre las cuestiones trasladadas figuraban el aumento del tráfico pesado sobre la A-2, el impacto sobre los accesos y las posibles afecciones asociadas al funcionamiento continuado de instalaciones de este tipo.
Las entidades implicadas en el recurso han interpretado la sentencia como un respaldo a sus argumentos. Desde SOS Rural, su portavoz nacional, Natalia Corbalán, ha señalado que preservar los suelos agrícolas supone mantener ecosistemas con valor ambiental y productivo cuya transformación resulta difícilmente reversible. En términos similares se ha pronunciado Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, quien ha defendido que la protección del suelo de alto valor agrícola responde tanto a criterios ambientales como de ordenación racional del territorio.
Los promotores y sectores favorables al desarrollo del proyecto han venido defendiendo durante el proceso que actuaciones de esta escala representan oportunidades de inversión y generación de empleo en uno de los principales ejes industriales y logísticos del país, además de reforzar la competitividad económica del entorno.
La resolución introduce la cuestión de fondo sobre cómo compatibilizar el desarrollo inmologístico con la disponibilidad de suelo, la presión sobre las infraestructuras y la protección de espacios considerados estratégicos desde el punto de vista agrícola y ambiental. El futuro de ALMA-Meco queda ahora condicionado por las consecuencias jurídicas del fallo, pero el debate que ha acompañado al proyecto continúa abierto en un territorio que concentra una parte creciente de la transformación industrial y logística del centro peninsular.
