Bellido respalda la petición de Page a la Comisión Europea para declarar zonas despobladas a Molina, la Sierra Norte y las Alcarrias

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha respaldado la solicitud planteada por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ante la Comisión Europea para que las comarcas de la Sierra Norte, Molina y la Alcarria sean reconocidas oficialmente como zonas despobladas. Durante la clausura del II Foro de Desarrollo Rural en el Parador Nacional de Turismo de Sigüenza, organizado por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los grupos de desarrollo rural de Guadalajara (ADAC, Adasur, Adel Sierra Norte, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo), Bellido subrayó que estas comarcas representan tres cuartas partes de la provincia y merecen el mismo trato y las mismas ventajas que los territorios vecinos de Cuenca y Soria.

La iniciativa institucional, anunciada esta semana por García-Page desde Irlanda en el Comité de las Regiones, busca que un total de 267 municipios pertenecientes a estas áreas de Guadalajara obtengan la catalogación de zona poco poblada debido a su carácter contiguo con Cuenca, Teruel y Soria. Este reconocimiento europeo facilitará el acceso a una financiación preferente y a deducciones fiscales adicionales que se sumarían a los recursos de la Ley de Medidas frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha.

Durante su intervención ante expertos, responsables públicos y técnicos, Bellido recordó que esta reivindicación pretende corregir el impacto derivado de la rigidez de los criterios geográficos de las Directrices de Ayuda Regional (DAR). Asimismo, destacó que la normativa autonómica implantada hace algo más de cinco años ha contribuido a revertir la pérdida demográfica en numerosos municipios gracias a la fiscalidad diferenciada, la defensa de los servicios públicos, el transporte sensible a la demanda y las ayudas al emprendimiento. No obstante, el presidente de la Asamblea regional insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación autonómica justo que sufrague el coste real de los servicios rurales y en dotar a los ayuntamientos pequeños de un marco normativo específico en materia de contratación.