Cerca de 17.000 millones para impulsar la economía tras el Covid

18/03/2021 - 17:42 redacción

La Junta tiene en cartera varias líneas de ayuda por un monto total de 16.900 millones de euros. Éstas tienen como objetivo de que se puedan llevar a cabo, por un lado, 134 proyectos públicos dentro del Plan Avanza basado en el documento marco de la UE, valorados en casi 5.900 millones, dirigidos a Educación, Sanidad, Servicios Sociales o cohesión territorial, y por el otro, 11.000 millones, que se destinarán a 429 iniciativas privadas para la modernización y del tejido industrial y las pymes, los relacionados con la transición energética o lucha contra la despoblación.

Dentro de los objetivos que establecen los fondos europeos, en sintonía con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como Plan España Puede en el ámbito nacional, marco en el que participan las comunidades autónomas en su implementación, el Gobierno regional, está esbozando su propio plan para trasladar al central sus prioridades. Se trata del Plan Castilla-La Mancha Avanza. 

En la implantación de los 70.000 millones de ayudas directas a fondo perdido no reembolsables, que se contemplan en el Plan España Puede, hay proyectos que ejecutará el Gobierno de España, por ejemplo, centros científicos que quiera impulsar el propio Ministerio de Ciencia. De la misma forma participan en la ejecución otras administraciones como comunidades autónomas y ayuntamientos, pero también toma parte, por la vía de ayudas, la iniciativa privada. 

Los 134 proyectos del Plan Avanza que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Consejo Regional de Provincias  representan las prioridades de la administración regional, a través de sus diferentes consejerías, para su territorio, o en su caso, en colaboración con las diputaciones o con los propios ayuntamientos. Están agrupados en una serie de componentes estratégicos, o líneas generales de actuación, en sintonía con el Plan Nacional y con el de la UE las prioridades de Castilla-La Mancha. De llevarse a cabo, hay un importe que se estima en torno a los 5.900 millones de euros. Una vez se vayan estudiando los proyectos presentados, será cuando se conozcan de forma pormenorizada de qué provincia proceden y para qué se requiere el dinero. “Saldrán convocatorias en torno a las líneas de referencia; por ejemplo, en cuanto a rehabilitación energética, pueden salir líneas de ayudas para particulares a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético en la que te subvencionan, como si quieres concurrir para cambiar la caldera de gasoil por una de aerotermia”, ilustra García Moreno. Igualmente pueden ser convocatorias de Castilla-La Mancha “y finalmente será cada uno de los interesados en cada una de las zonas los que harán que lleguen más fondos a un lugar o a otro”.

Por otra parte, la Junta ha invitado a la participación de los empresarios a elaborar proyectos que pudieran concurrir a captar los fondos. “Al final se trata de atraer inversión para nuestro territorio, tan bueno es para atraer empleo y dar ese salto en el modelo productivo que queremos para salir de la crisis, tan bueno es que la administración invierta 20 millones en la ejecución de un hospital, como que lo haga una empresa innovadora que va a crear puestos de trabajo y nos va a colocar a la vanguardia en un sector como podría ser la industria agroalimentaria”, ilustra Julio García.

Iniciativa privada

Como resultado del proceso de participación, que estuvo abierto hasta el 31 de diciembre, se han presentado más de 429 proyectos de iniciativa privada que, de llevarse a cabo supondría una inversión de alrededor de 11.000 millones de euros. Entre otros serían ayudas encaminadas a la modernización y digitalización del tejido industrial y las pymes, las relacionadas con la transición energética o lucha contra la despoblación. 

Las empresas obtendrían la financiación a través de convocatorias, bien directamente del Gobierno de España, o bien vía asignación gubernamental de fondos a la comunidad autónoma. Entre otras, podrían ser aquellas destinadas a que la industria agroalimentaria invierta en nuevas tecnologías. Eso supondría una convocatoria por parte del organismo correspondiente y las industrias que reunieran los requisitos presentarían sus proyectos.