Cinco mandos militares, responsables del Yak-42
01/10/2010 - 09:45
Por: COLPISA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional responsabilizó ayer del siniestro del Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán, a cinco militares que desempeñaban altas responsabilidades en mayo de 2003, a las órdenes del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.
El fiscal del caso, Fernando Burgos, les acusó de imprudencia grave porque considera que incumplieron su obligación de inspeccionar los aviones alquilados para trasladar tropas pese a que conocían las quejas formuladas por algunos mandos sobre las lamentables condiciones de seguridad.
El fiscal culpa del desastre al ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno Barberá, máximo jefe de las Fuerzas Armadas y responsable del desarrollo de las operaciones internacionales; al ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), Juan Luis Ibarreta, y a tres subordinados suyos, que habían constituido un grupo de control para supervisar los vuelos contratados para transportar soldados, pero que jamás inspeccionó un solo avión: el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González, y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada.
El responsable de la acusación pública, que no incluye a Federico Trillo en su lista de acusados, denuncia que la omisión de la diligencia debida por estos militares incrementó el riesgo de producción del daño, hasta el punto de poder afirmar que el resultado se habría evitado si aquella no hubiera existido. Esa absoluta falta de diligencia fue a su entender decisiva para el fatal destino que corrieron los pasajeros de aquel vuelo, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003. Fernando Burgos limita su acusación a la muerte de los 62 españoles, y obvia que en el desastre fallecieron también los doce tripulantes ucranianos del aparato.
En sus conclusiones, el fiscal insiste en que hay datos objetivos que acreditan el alto riesgo que suponía para las tropas españolas volar en aviones alquilados a países de la antigua URSS. Riesgos que, subraya, eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa, que si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales, aquel vuelo nunca se hubiera llevado a cabo, y en consecuencia el siniestro no se hubiera producido.
El fiscal culpa del desastre al ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno Barberá, máximo jefe de las Fuerzas Armadas y responsable del desarrollo de las operaciones internacionales; al ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), Juan Luis Ibarreta, y a tres subordinados suyos, que habían constituido un grupo de control para supervisar los vuelos contratados para transportar soldados, pero que jamás inspeccionó un solo avión: el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González, y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada.
El responsable de la acusación pública, que no incluye a Federico Trillo en su lista de acusados, denuncia que la omisión de la diligencia debida por estos militares incrementó el riesgo de producción del daño, hasta el punto de poder afirmar que el resultado se habría evitado si aquella no hubiera existido. Esa absoluta falta de diligencia fue a su entender decisiva para el fatal destino que corrieron los pasajeros de aquel vuelo, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003. Fernando Burgos limita su acusación a la muerte de los 62 españoles, y obvia que en el desastre fallecieron también los doce tripulantes ucranianos del aparato.
En sus conclusiones, el fiscal insiste en que hay datos objetivos que acreditan el alto riesgo que suponía para las tropas españolas volar en aviones alquilados a países de la antigua URSS. Riesgos que, subraya, eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa, que si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales, aquel vuelo nunca se hubiera llevado a cabo, y en consecuencia el siniestro no se hubiera producido.