CONCLUSIÓN V: Financiación autonómica que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos

Un modelo de financiación autonómica justo y adaptado al coste real que tiene la prestación de los servicios es clave para poder desarrollar políticas contra la despoblación. Los territorios escasamente poblados necesitan un mayor despliegue de infraestructuras y personal para prestar servicios que en las grandes urbes es fácil centralizar. Por poner un ejemplo, la provincia de Guadalajara cuenta con una población muy similar a la de la localidad de Alcalá de Henares y nada tiene que ver la red sanitaria necesaria para atender a la población de uno y otro sitio. Si se tiene en cuenta el número de habitantes a la hora de determinar la financiación autonómica que recibe cada territorio en lugar del coste real del servicio, las autonomías con más problemas de despoblación se ven claramente perjudicadas, de tal manera que el presupuesto regional que es necesario invertir para pagar los servicios que no se pagan con ingresos provenientes del Estado es dinero que se reduce de la lucha contra la despoblación.

“La prestación de la atención primaria en Molina de Aragón cuesta cuatro veces más que en Guadalajara capital o Azuqueca de Henares”, según afirmó en el propio foro el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro. En el transporte sanitario de emergencias se dispara el coste 15 veces, según los datos de Guijarro, quien señaló un “gran riesgo”, el que no haya garantía de financiación de los servicios públicos por el coste efectivo. Así, se pide un sistema financiación autonómico y local y que el medio urbano “pague las externalidades” que genera, “porque la gente quiere salir de Madrid para pasear por la Sierra Norte o el Alto Tajo”. Por todo ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitó recientemente apoyo a los grupos parlamentarios en el Senado para modificar la financiación autonómica con el objetivo de que se financie el coste efectivo de la prestación de servicios básicos en zonas despobladas. Porque no se puede mantener el nivel de servicios en condiciones de igualdad en las zonas afectadas por la despoblación sin financiar el coste efectivo de esos servicios.