02/08/2021 / 14:41
E. Hatamoto


Imagenes

Desciende el número de viviendas ‘okupadas’ en la capital pero aumenta en los alrededores


Cuando alguien piensa en el hogar le viene a la cabeza algo cálido, hospitalario, acogedor. Pero nada de esto coincide lo que uno se encuentra en el interior de los bloques amarillos de lofts de Francisco Aritio, 166, en la capital alcarreña. 

Nada más entrar, tras haber atravesado unos cuantos tablones de madera desconchados y mal atornillados, una infinidad de buzones rotos resuenan de vez en cuando a causa del aire. En los pasillos, bombillas que no iluminan y parpadean; cuadros de luz arrancados y puertas antiokupa se alternan otras en aparente buen estado pero con las cerraduras con pinta de haber sido forzadas. Colchones y colchonetas se apilan en el rellano de unas escaleras, acompañados de bolsas de basura que nunca llegaron a su destino. 
El exterior tampoco pinta mejor. Un cristal reventado por un disparo, tras una reyerta el pasado año, según recuerda la vicepresidenta de la comunidad, Mónica Moncada; la silueta de lo que parece ser una -o varias- grandes plantas de marihuana en una de las ventanas de pisos superiores o la piscina comunitaria, llena de basuras y cebollas dejan más que sorprendido al visitante. 

Moncada denuncia una situación que no ha hecho sino ir a peor y a la que ya no saben dar solución. Cuenta que, residentes y propietarios al mismo tiempo únicamente son tres; siendo el resto inquilinos y okupas, lo que dificulta poder hacer piña y apoyarse entre unos y otros. Moncada señala que, de las cerca de 300 viviendas que conforman los tres bloques, en torno a “un 20 por ciento pueden estar okupadas”. Lo peor, lamenta es el incremento de la “reventa”, donde un piso okupado pasa a manos del mejor postor (otro okupa), detalla la vicepresidenta. Y es que, más de la mitad de las viviendas pertenece a Liberbank, entidad bancaria que, como todas y según la vicepresidenta, “no saben en qué situación real se encuentra cada piso”. Moncada advierte: “Una persona que no vive aquí no sabe lo que pasa”, añadiendo que “la convivencia cada vez es peor”, debido a la venta y menudeo de droga.

Cuenta que su familia ya ha sufrido varios altercados con los okupas, “me reventaron la puerta y me tiraron dos extintores por debajo de la puerta, me destrozaron el coche y hemos tenido ya seis juicios por agresión”, incluso, con presencia de arma blanca. En su momento, hace un año, la comunidad de vecinos contrató una empresa de seguridad privada para mayor tranquilidad pero, tras varios problemas, se les rescindió el contrato y se procedió a buscar otra empresa, que es la que, teóricamente, lleva el mantenimiento a día de hoy en las viviendas. Moncada recuerda como incluso unos pocos vecinos llegaron a valorar la contratación de una empresa de desokupación pero, finalmente y debido al elevado presupuesto que suponía la intervención, descartaron esta opción, con lo que, ante la imposibilidad de dar con una solución a corto o medio plazo, intentan hacer su vida de la forma más tranquila posible. Otros vecinos y vecinas consultados -algunos de ellos señalados como okupas-aseguran pagar su alquiler religiosamente y dicen no tener constancia alguna de estas circunstancias, debido a que llevan poco tiempo residiendo en los bloques y apenas están al tanto de lo que allí sucede.


Sin embargo, el gerente de la empresa de desokupación Serviokupas, Alberto Cuesta, asegura que esta situación de okupación, a nivel general, “aún no ha tocado techo  y continuará al alza para el año que viene”. Su empresa cuenta con más de 60 operativos mensuales a lo largo de toda la geografía española -han atendido algunos en Castilla-La Mancha y también ofrecen sus servicios en Guadalajara según se indica en su página web-. Cuesta asegura que el elevado volumen de trabajo de su empresa viene derivado de que “ahora hay un 80 por ciento de morosidad y la okupación ilegal está subiendo”. El gerente apunta “al Covid-19 y a las leyes que están fomentando esta situación” como un agravante de la okupación. 

Cuesta explica que “ahora está de moda entrar con un contrato o nómina falsa de alquiler” y que, lamentablemente, “muchos de los que están okupando son gente que está trabajando; no es que todos los okupas no tengan recursos”. Dentro del perfil del okupa que se encuentran habitualmente, Cuesta asegura que “hay de todo, amas de casa, familias que están trabajando pero hay una gran mayoría de caraduras”. Lo más complicado de su trabajo dice que es “hablar con las personas” que habitan en una vivienda que no es de su propiedad pero, finalmente, “el 99 por ciento de éxito en las intervenciones -el uno por ciento restante se judicializa”, les avala. 
Serviokupa no es la única empresa de desokupación a la que poder recurrir en la capital. Desokupa, otra de las empresas más reconocidas en el sector a nivel nacional, llevó a cabo un par de operativos en Guadalajara hace ya varios años, según recuerda su gerente, Daniel Esteve. Pero ninguno recientemente.

En esta línea se manifiesta la Dirección General de la Policía, a través del departamento de Relaciones con Prensa de la Comisaría Provincial de Guadajara. El subinspector Sergio Reyero asegura que, según los datos de que disponen, “en Guadalajara la incidencia ha disminuido bastante y zonas donde había bloques enteros okupados ahora están deshauciados”. Zonas como el barrio de Manantiales, el de Aguas Vivas o la pedanía de Taracena habían saltado a la palestra por el incremento de casos de okupación. No obstante, poco a poco, la situación se va normalizando, como fue el caso de la zona comprendida entre la calle Cuba y la avenida de Venezuela; donde ya no queda constancia de pisos okupados o incluso, en las viviendas sociales del Barranco del Alamín; donde el presidente de las Conferencias de la Sociedad de San Vicente Paul (SSVP) en Guadalajara, Ángel García indica que “de las 96 viviendas ahora hay un sólo okupa”. 

Aunque las viviendas que se gestionan desde las Conferencias están destinadas a personas en situación de emergencia, García se muestra en desacuerdo con quienes “teniendo recursos no pagan”, alega; ya que sabemos de que “los que no pagan porque no pueden”. El presidente de la SSVP hace alusión a los impagos relativos al agua y basura provenientes de casi un “50 por ciento de las 96 viviendas”. García reseña que “a quienes no pagan porque no quieren intentamos deshauciarles”. Al igual que la Policía, el presidente de la SSVP pone sus esperanzas en la propia ciudadanía. “Tenemos mucha gente que nos conoce de toda la vida y nos avisan en caso de algún intento de okupación”, asegura. “Cuando se han quedado viviendas vacías se las hemos dado a familias que las han necesitado o, sino, las hemos tapiado; no hemos dado margen a este tipo de situaciones”, asevera García. 
Sobre los motivos en el descenso del número de okupaciones en Guadalajara, el subinspector de Policía considera que “el efecto llamada” de los okupas de otras localidades como la vecina Horche -recientemente de rabiosa actualidad a causa del cerca de medio centenar de viviendas okupadas- ha podido influir en esta reducción. “Imaginamos que se están desplazando a otras localidades cercanas a la capital”, señala Reyero.
    
Colaboración ciudadana

Para evitar posibles disgustos, desde la Comisaría de Policía recalcan la importancia de la prevención y la “colaboración ciudadana”, siendo ésta última fundamental para evitar nuevos asaltos y posibles problemas de convivencia y alarma social, alega el subinspector. “Si los vecinos ven a extraños merodeando en un domicilio u oyen ruidos que les llamen la atención que llamen al 091 y al propietario de la vivienda en cuestión”, pone de manifiesto Reyero. 
En estos casos y antes de una intervención, las comprobaciones son fundamentales. Se valoran objetos personales, recibos de suministros y manifestaciones de vecinos y presidente de la comunidad; para evitar posibles errores.
Pero, llegado el momento de la verdad, las intervenciones suelen ser más bien pacíficas, según informa el subinspector. “La mayoría de las veces no suelen poner problemas”, afirma Reyero. Si bien es cierto que, el número de okupas que cuida de la casa okupada como si fuera suya es bastante reducido. “Hay de todo pero el porcentaje de gente que puede cuidar un piso es mínimo”, indica el subinspector, tras su experiencia en este campo. “Lo habitual es que si ya para empezar rompen la puerta qué te puedes esperar con lo de dentro”, valora Reyero.

Adiós al mito de las 48 horas para efectuar un desalojo

“Pasadas 48 horas ya no se les puede echar”. Ésta es una frase de lo más recurrente entre la población y que, desde la misma Policía Nacional, intentan aclarar, al igual que otros muchos mitos en torno a la okupación. Para ello, el subinspector de la Comisaría Provincial de Guadalajara, Sergio Reyero, explica la diferencia entre allanamiento de morada y usurpación. El primero se refiere a “cuando intentan entrar en tu casa; ya sea en tu vivienda habitual o, ahora también, en tu segunda residencia; porque están invadiendo tu intimidad y es un delito grave”, explica el subinspector. Una sentencia el pasado año del Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia a la hora de determinar el mismo nivel de protección a nivel penal de la vivienda habitual y la segunda residencia.

Por otro lado, la usurpación se produce sobre un bien inmueble que no constituye morada. “Son viviendas vacías, pisos en alquiler o embargados por los bancos”, ejemplifica Reyero. La usurpación constituye un delito leve, por lo que no conlleva detención. En este caso, la clave para poder echar a los okupas de una vivienda es “que no hayan constituido morada”, aclaran desde la Comisaría de Guadalajara, es decir, que la persona no haya desarrollado su intimidad en ese mismo espacio, por ejemplo, con objetos personales. “Si esas personas empiezan a hacer su vida ahí es más difícil echarles”, reconoce el subinspector. Para terminar de aclarar conceptos, Reyero recomienda leer la entrevista al inspector Borja Luendo del Cuerpo Nacional de Policía Nacional en Baleares, realizada por ‘Mallorcadiario.com’ en marzo: ‘https://www.mallorcadiario.com/entrevista-policia-nacional-okupas-palma-mallorca-baleares’.    

 


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