01/10/2010 / 09:45
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Díaz De Mera denuncia al Gobierno por la T-4 ante la CE


Fomento recuerda que el aeropuerto reúne todos los requisitos exigidos en seguridad
El eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera ha denunciado ante la Comisión Europea (CE) al Gobierno de España, acusándole de "no haber cumplido con la fecha límite establecida para implementar las medidas medioambientales requeridas" para la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.
En una carta remitida al Ejecutivo comunitario el pasado 10 de enero, Díaz de Mera explica a la CE que "el Gobierno español ha fallado a la hora de cumplir con la fecha límite establecida para implementar las medidas medioambientales requeridas en conexión con la extensión del sistema aeroportuario de Madrid y su impacto en el río Jarama, un Sitio de Importancia Comunitaria (SCI, por sus siglas en inglés)".
Según el europarlamentario, "el propósito de las medidas en cuestión es garantizar la conservación de un valioso SCI". Sin embargo, la fecha límite final para implementar el trabajo "venció hace 18 meses, en agosto de 2006, sin que los trabajos hayan sido aún llevados a cabo".
Así, el popular pregunta al Ejecutivo europeo "qué medidas piensa tomar con respecto a este fracaso, además de pedir explicaciones al Gobierno de España".
El Ministerio de Fomento recordó ayer a través de un comunicado que la Comisión Europea realizó una auditoria de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre el 12 y el 16 de noviembre de 2007 que ratificó el pleno cumplimiento de la normativa.
Esta auditoria se encuadra dentro de las auditorias periódicas que la Comisión Europea realiza en todos los aeropuertos de la UE como parte de su programa de control de la seguridad.
En esta ocasión, asistieron como observadores miembros de la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, dentro de los acuerdos de cooperación suscritos entre la UE y los EEUU, para armonizar los requisitos de seguridad. España aceptó voluntariamente la realización de esta auditoria conjunta.
Fomento ha subrayado que en el caso de que la Comisión Europea hubiera detectado problemas que pusieran en peligro la seguridad, habría actuado de manera inmediata, como obliga el procedimiento establecido por la Unión Europea, "cosa que no ha sucedido".

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