El 40,60% de los pisos en alquiler en Guadalajara no declaran a Hacienda
01/10/2010 - 09:45
Por: B.RETUERTA. GUADALAJARA
Un total de 2.265 viviendas en alquiler no declaran a Hacienda su arrendamiento, lo que supone un 40,60%, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. Este dato porcentual es similar al del resto de provincias castellanomanchegas e igual al estimado por dichos profesionales en Castilla-La Mancha. En la región, existen un total de 17.000 alquileres no declarados, lo que representa un 40,61% sobre el total del parque de viviendas de esta comunidad autónoma.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que cuatro de cada diez alquileres de viviendas localizados en Guadalajara escapan al control del fisco, lo que supone que en la actualidad existan cerca de 2.265 alquileres no declarados en esta región, de un total de 5.578, lo que representa un 40, 60% sobre el total del parque de viviendas de la provincia, según el Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional. Si bien este porcentaje es practicamente igual al del resto de provincias de la región, Guadalajara es la segunda provincia, sólo supera a Cuenca, en números absolutos de viviendas en arrendamiento.
Esta cifra es igual a la media de la región que se sitúa en 40,61% y que se encuentra por debajo de la media de España, donde más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados son alquileres sumergidos. En la actualidad, se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas.
El informe de Gestha --elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda-- revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 3.417 alquileres sumergidos en Castilla-La Mancha lo cierto es que el fraude en la región apenas se ha reducido en dos puntos porcentuales en el último año, al pasar del 42,66% al 40,61%.
Por otro lado, el estudio de los técnicos cifra en más de 27 millones de euros las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en Castilla-La Mancha, calculadas teniendo en cuenta las reducciones aplicables.
Esta cuantía defraudada en la región castellano-manchega supone un 1,13% sobre el total nacional, que asciende a 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda.
Por zonas geográficas
el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles castellano-manchegos son los décimos que más defraudan en España con un 40,61% de alquileres no declarados, siendo los que más defraudan los andaluces (74,29%), los extremeños (69,80%) y los canarios (64,51%).Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 16,27% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 16,71% y del 36,31% respectivamente. Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera prioritario que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo debe adoptar medidas más eficaces que las tomadas hasta ahora para combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.
Esta cifra es igual a la media de la región que se sitúa en 40,61% y que se encuentra por debajo de la media de España, donde más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados son alquileres sumergidos. En la actualidad, se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas.
El informe de Gestha --elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda-- revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 3.417 alquileres sumergidos en Castilla-La Mancha lo cierto es que el fraude en la región apenas se ha reducido en dos puntos porcentuales en el último año, al pasar del 42,66% al 40,61%.
Por otro lado, el estudio de los técnicos cifra en más de 27 millones de euros las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en Castilla-La Mancha, calculadas teniendo en cuenta las reducciones aplicables.
Esta cuantía defraudada en la región castellano-manchega supone un 1,13% sobre el total nacional, que asciende a 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda.
Por zonas geográficas
el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles castellano-manchegos son los décimos que más defraudan en España con un 40,61% de alquileres no declarados, siendo los que más defraudan los andaluces (74,29%), los extremeños (69,80%) y los canarios (64,51%).Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 16,27% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 16,71% y del 36,31% respectivamente. Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera prioritario que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo debe adoptar medidas más eficaces que las tomadas hasta ahora para combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.