El Ayuntamiento de Guadalajara inicia la disolución de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios
La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha anunciado el inicio del proceso de disolución de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, la última entidad de este tipo que permanecía activa en la institución.
La decisión se fundamenta en la pérdida de competencias municipales en esta materia, una situación que se remonta a la liberalización del sector funerario en 1996. Según el equipo de gobierno, la participación pública del 10% en esta sociedad carece ya de justificación legal y operativa en un mercado donde actualmente concurren diversas empresas privadas de la provincia de Guadalajara.
Un origen ligado a la historia del servicio local
La sociedad ahora en proceso de extinción nació en 1985, en un contexto normativo en el que los ayuntamientos estaban obligados a la prestación de este servicio. En aquel momento, la empresa mixta integró a tres sociedades funerarias que ya operaban en la capital, algunas de ellas con una trayectoria que se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Tras la fusión de estas entidades bajo el paraguas de Mémora, la estructura societaria ha mantenido hasta hoy un consejo de administración con presencia de dos concejales y la celebración de juntas de accionistas proporcionales al capital del Ayuntamiento de Guadalajara.
Garantía de continuidad y colaboración
El proceso administrativo, cuya culminación se prevé a lo largo del presente año, no supondrá una alteración en la prestación de los servicios para los ciudadanos. Pedro Herranz, delegado territorial de Mémora en la zona centro -una de las entidades que conforman la parte privada de la sociedad-, ha manifestado la disposición de empresa para colaborar en esta transición: "Nosotros nos ponemos en manos del Ayuntamiento para ayudarles en lo que podamos, de la misma forma que a los ciudadanos, para seguir prestando el servicio en las mismas condiciones que se prestaba hasta ahora".
Reorganización de las sociedades municipales
La medida ha sido presentada en el marco del proyecto de presupuesto para 2026 como parte de un plan de reorganización administrativa. Con la salida del capital público de esta entidad, el consistorio busca simplificar la estructura municipal y centrar sus recursos en las competencias propias. La disolución implicará la liquidación de las particiones correspondientes, un trámite que se llevará a cabo de forma coordinada entre el sector público y el privado para asegurar la estabilidad del servicio público funerario en Castilla-La Mancha.