El Gobierno pide al TS que ilegalice ANV porque es parte de ETA

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: A. T. COLPISA
El Abogado del Estado pide medidas cautelares para evitar que se presenten al 9-M “fagocitó” el partido
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pidió ayer al Tribunal Supremo que ilegalice a Acción Nacionalista Vasca (ANV) porque el partido y su ejecutiva son “parte integrante” de ETA.
La Abogacía considera que ANV cumple con dos de los tres requisitos establecidos por la ley de Partidos en su artículo 9 para la proscripción de una formación: “complementa y apoya políticamente la acción de ETA” y “justifica o exculpa” los atentados de la banda.

La demanda, de 80 folios y cuatro cajas de anexos policiales, no sólo considera probado que ANV es una organización sucesora de Batasuna, que ha ocupado su hueco en las instituciones para burlar la proscripción del partido, sino que entiende que la formación está “insertada en el brazo político de ETA, integrada personal, orgánica y financieramente en el complejo ETA/Batasuna”. Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido en el último momento no pedir al Supremo que aplique a ANV la sentencia de Batasuna, fórmula más breve prevista para los partidos herederos de la coalición proscrita, sino que, como el martes pasado hizo la Fiscalía, ha iniciado un proceso largo, con juicio incluido, exactamente igual al que disolvió el ‘frente institucional’ de ETA en 2003.
El jefe de la Abogacía del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, señala en el escrito presentado hoy que ANV, con 70 años de historia, ya no está sólo ubicado en la órbita de la izquierda independentista vasca, ni se limita a defender el nacionalismo laico que justificó su creación al inicio de la Segunda República. Indica que la “cercanía” de ANV a los planteamientos y estrategia de Batasuna y ETA, que le llevó a formar parte de la coalición proscrita desde 1979 hasta 2002, se recuperó de nuevo tras la ilegalización en 2003 y se intensificó de cara a las pasadas elecciones locales de mayo, tras las que el partido fue “fagocitado” por el ‘frente institucional’ la banda y sus 437 concejales y 42 alcaldes en municipios vascos y navarros fueron “abducidos”.
El Gobierno, con base en los informes policiales, dice que en la actualidad ANV y ETA/Batasuna son “la misma organización”, en la que se da una “clara relación de complementariedad entre ANV, Batasuna y Segi”. “Lo que ANV plantea en las instituciones Batasuna lo reivindica en la calle y lo transmite a los medios de comunicación, presentándose habitualmente como responsables últimos de la formación política, sin que sean desautorizados por la dirección de ANV, y Segi añade el elemento coactivo”, describe la Policía y asume la demanda.

Plan C
De Fuente Bardají dice que los pinchazos telefónicos a dirigentes de Batasuna dejan claro que el partido proscrito organizó la campaña electoral de ANV, contrató locales y vehículos, diseñó carteles y pancartas, y confeccionó la mayor parte de sus listas municipales. Comenta que ahora está claro que ANV era el ‘plan C’ de ETA en mayo, tras el fracaso en crear un nuevo partido (ASB) y las listas afines anuladas, por lo que no es de extrañar que tanto Batasuna, en múltiples declaraciones y entrevistas, como la banda terrorista, en el ‘Zutabe’ de septiembre pasado, asumiesen como propia la representación de ANV. La demanda señala que la integración de ANV en el “complejo ETA/Batasuna” y su actuación a las órdenes del partido ilegalizado son evidentes tras la creación de los nuevos ayuntamientos.
Cheques y visas para Batasuna

El Gobierno no tiene duda de que ANV ha utilizado los millonarios ingresos en subvenciones a sus grupos municipales y ayudas electorales para financiar la estructura de Batasuna, dentro del sistema de “tesorería común” y “caja única” que los responsables de las dos organizaciones pactaron en junio pasado con el PCTV y que el jefe de Batasuna, Joseba Permach, dirigía desde la sede de PCTV en San Sebastián.
La demanda incluye referencias a varias decenas de los movimientos económicos sospechosos que reflejan los informes policiales. Entre ellos está que cinco de los siete asalariados de ANV son de Batasuna, que el partido hizo 169 pagos mediante cheques a miembros relevantes de Batasuna por valor de 155.804 euros, que abonó 93.000 euros a las empresas a las que el partido ilegalizado encargaba su cartelería electoral, y que Arnaldo Otegi, Permach y Pernando Barrena pagaron con tarjetas Visa de ANV múltiples alquileres de locales para ruedas de prensa de Batasuna.

El viernes estudirán la demanda

La Sala Especial del Tribunal Supremo comenzará el viernes el estudio de las demandas de ilegalización de ANV y PCTV presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Ese mismo día, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pedirá al magistrado Baltasar Garzón que suspenda de forma cautelar todas las actividades de ambos partidos, decisión que el juez no adoptará hasta los próximos 4 y 5 de febrero, en sendas vistas con todas las partes personadas en las dos causas penales.
La primera actuación de la Sala Especial del Supremo, además de dar traslado de los escritos de ilegalización a las defensas y de admitir a trámite las demandas, será hacer los preparativos para la celebrar la vista urgente en la que deberá resolver las medidas cautelares que han reclamado tanto la Fiscalía como el Gobierno, y en especial decidir si prohíbe a ambos partidos presentarse a las elecciones del 9 de marzo. Las medidas cautelares reclamadas al Supremo, que se sumarán a las que posiblemente adoptará Garzón en similar sentido, son: la suspensión inmediata de actividades de ANV y PCTV, la prohibición de que presenten candidaturas a los comicios, el embargo de todas las subvenciones y ayudas públicas que correspondan a los representantes institucionales de ambos partidos, el cierre de sus sedes y locales, y el embargo e inmovilización de sus cuentas corrientes y activos económicos y financieros.