El Gobierno regional reitera que no está dispuesto a cometer una ilegalidad en la adjudicación de viviendas sociales “aunque el alcalde lo pida"

El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha reiterado que el Gobierno regional no está dispuesto a saltarse la ley en la adjudicación de viviendas sociales “aunque el alcalde de Guadalajara lo pida” y ha señalado que a día de hoy, hay 1.568 vecinas y vecinos de Guadalajara capital inscritos en la bolsa de demandantes de vivienda con algún tipo de protección pública, “que no merecen el respeto de su alcalde, como ha demostrado con sus declaraciones”.

“El Gobierno regional no puede adjudicar una vivienda a personas que no están en la lista de demandantes de viviendas públicas y saltarse todos los filtros legales”, ha explicado a preguntas de los medios de comunicación, en referencia a las declaraciones realizadas por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, en las que instaba al Gobierno regional a facilitar una vivienda a una persona que se encontraba residiendo de manera irregular en el edificio propiedad de la empresa pública GICAMAN de Laguna de La Colmada.

Lo que sí ha hecho el Gobierno regional a través de la empresa pública GICAMAN “es preocuparse por ésta y por todas las personas” que residían en el edificio, ha afirmado Alberto Rojo, quien ha puesto de manifiesto que se ha estado en contacto desde el primer momento con la familia a la que se refiere el alcalde, se le ha informado de su situación, se le ha tramitado una ayuda de emergencia social de 3.000 euros y se le ha pagado un alojamiento alternativo durante un mes y medio, hasta que se ha tenido constatación de que la ayuda de emergencia había sido ya ingresada en la cuenta de la persona afectada.

Además, se ha puesto a su disposición toda una red de profesionales de Bienestar Social y también de ACCEM, entidad social contratada por el Gobierno regional para atender a las familias afectadas. "Le pido al alcalde de Guadalajara que estos temas los afronte con seriedad y que sea responsable” ha dicho el delegado de la Junta, al tiempo que ha instado a Antonio Román “a llamarnos, como hacemos nosotros con él, si detecta cualquier problema”.

Del mismo modo, el delegado de la Junta ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que el alcalde de Guadalajara “inste a la Junta a que cometa una ilegalidad y que diga que, en caso de no hacerlo, él lo va a llevar a cabo”. También se ha referido Rojo a que con estas declaraciones queda constatado que para Antonio Román “los criterios técnicos y el respeto a la legalidad son de quita y pon” ya que, a juicio del delegado, sólo los utiliza como pretexto para poner trabas a la apertura del parking del Hospital o al inicio de las obras del Campus.

El delegado de la Junta ha pedido al alcalde que no utilice la complicada situación que atraviesan muchas familias para hacer gala de una solidaridad ficticia. En este sentido, ha señalado que son muchas las acciones que puede empezar a llevar a cabo desde el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno regional “si quiere ser solidario” y ha citado como ejemplos la apertura de los comedores escolares en periodo no lectivo “porque son muchas las familias que lo necesitan” o la adhesión al Plan Extraordinario por el Empleo “para contratar a personas que necesitan esa ayuda pública porque en muchos casos no cobran ni siquiera prestación, y lo que hace el alcalde de Guadalajara es dejarlos en la estacada”.