“El mundo rural necesita apoyo extra por parte de las administraciones y eso estamos haciendo”

Entrevista a José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial

La despoblación ha llegado a los foros para reivindicar un futuro más justo para las zonas rurales. El presidente provincial, José Luis Vega, repasa algunas de las medidas ya en marcha y confía en que este fenómeno pueda revertirse.

P:¿Satisfecho con el balance del foro celebrado en Molina? 

R: Cumplimos el objetivo que teníamos: poner en valor las políticas que se están haciendo desde la Diputación, el Gobierno regional y el Gobierno nacional con respecto al reto demográfico. Conseguimos poner en valor todas esas iniciativas y conocer otras que se están desarrollando en el ámbito nacional. Hubo ponentes de otras comunidades autónomas donde se están llevando a cabo varias políticas para la lucha contra la despoblación y, al final, concluimos con unas reivindicaciones. Así que satisfecho por los objetivos que se consiguieron.

P: Algunas de las medidas más repetidas para luchar contra la despoblación eran la fiscalidad diferenciada o una financiación autonómica adaptada. ¿Sus consecuencias se verían en el corto plazo?

R: A corto plazo, ninguna medida da resultado o una efectividad que se pueda palpar. De hecho, como anuncié allí, vamos a crear un observatorio para analizar todas esas políticas, qué implantación están teniendo todas esas iniciativas que se están llevando a cabo, si realmente surten efecto. Una de esas iniciativas sería la fiscalidad diferenciada que recoge la ley pionera del Gobierno de Castilla-La Mancha, pionera incluso en el ámbito europeo, en la que se marcan unos mínimos de servicio básico en las zonas rurales y además una fiscalidad diferenciada, como el 25 por ciento en el tramo autonómico del IRPF. Es una buena noticia para aquéllos que viven de manera efectiva en las zonas rurales, puesto que supone un extra de ingresos. Es un aliciente para cualquier persona que quiere montar su empresa o quiere irse a vivir a zonas rurales. No obstante, una de las reivindicaciones que hicimos en ese foro es ser incluidos en esa fiscalidad diferenciada que va a marcar el Estado con respecto a Cuenca, Soria y Teruel. Pues son zonas adyacentes a Guadalajara. De cualquier forma, pensar que a corto plazo todas estas leyes e iniciativas van a tener unos resultados efectivos, sería engañarnos a nosotros mismos. Van a tener unos resultados a largo plazo, pero estamos trabajando, se están tomando muchas iniciativas y se está poniendo la vista en el mundo rural porque creemos en ello, sentimos que necesita un apoyo extra por parte de las administraciones y eso es lo que se está haciendo por parte de todas.

P: Explíquenos por qué gran parte de Guadalajara ha de estar incluida en esa fiscalidad diferenciada del Gobierno central.

R: Por un lado está la fiscalidad diferenciada de la Ley de Despoblación del Gobierno regional, que marca en el tramo autonómico el 25 por ciento en las zonas de más despoblación. Luego hay un 15 por ciento en deducción por compra de vivienda habitual, un tipo reducido de hasta el 3 por ciento en el impuesto de transmisiones patrimoniales, y una reducción de un 75 por ciento de impuestos para crear nuevas empresas. Todo eso es una fiscalidad diferenciada que marca la ley que ha aprobado el Gobierno regional. Por otro lado está la fiscalidad que va a aprobar el Gobierno del Estado, siguiendo las pautas europeas, que depende del ratio de habitantes por provincia. Hay tres, Cuenca, Soria y Teruel que tendrán una fiscalidad diferenciada por el número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué reivindicamos nosotros en ese foro? Evidentemente no se puede hacer de esa manera, porque Guadalajara es limítrofe a todas esas provincias. Es verdad que tenemos dos realidades. La del Corredor del Henares, que está creciendo en población y es muy importante. Pero a partir de Torija, tenemos varias zonas en la provincia, como la Sierra Norte, el Señorío de Molina o la zona de la Alcarria, que están perdiendo vecinos y son de extrema despoblación. Por poner un ejemplo, el número de habitantes por kilómetro cuadrado en la comarca de Molina es de 1,5, una cifra que no tienen ni en Laponia. Queremos incluir todas esas zonas adyacentes a esas provincias, porque de otra manera se estaría incumpliendo el objetivo de igualdad del ciudadano viva donde viva.

P: ¿Es factible que se produzca ese cambio y esas zonas de Guadalajara se incorporen a esa fiscalidad diferenciada con Cuenca, Soria y Teruel?

R: Sí se puede hacer. Es la reivindicación que estamos haciendo y vamos a seguir. El Gobierno nacional es receptivo a esas propuestas y las está estudiando. Porque, evidentemente, los argumentos se los hemos dado, no nos los hemos inventado. Al final es necesario que se tomen en consideración. Tendrán que cambiar los criterios que marca la Comunidad Europea.

P: El Gobierno central estuvo muy bien representado en el foro con dos ministras. Simbólicamente, ¿qué significó para ustedes?

R: Fue un foro en el que acudieron dos ministras, el presidente de Castilla-La Mancha, el vicepresidente, varios consejeros… Hubo una representación importante de las instituciones a nivel provincial, regional y nacional. Porque se consideraba que es importante en la zona donde se hizo, Molina de Aragón, el corazón de la despoblación. Tanto las ministras como el presidente regional, que ha demostrado que tiene un compromiso firme con las zonas rurales, se llevaron el mensaje para transmitir en el ámbito nacional todas esas reivindicaciones que se hacen desde las zonas de la provincia con más problemas de despoblación. También se destacó la reivindicación con respecto a la financiación y otra de trabajar por el estatuto del pequeño municipio, pues es importante que todas las leyes que se hacen tengan una diferenciación con respecto a las grandes ciudades. No puede ser igual la ley de contratos del sector público para una gran ciudad como Madrid que para un pequeño municipio, con todos mis respetos, que es Cantalojas. Eso es incoherente e ilógico, así como la Ley de Haciendas Locales u otras que han  de tener una diferenciación. Por eso se reclama ese estatuto del pequeño municipio. Al final necesitamos esa diferenciación, porque va a ser muy difícil mantener esas administraciones si no se empieza a trabajar en ello.

“No se puede aplicar la misma norma a un ayuntamiento de 2 millones de habitantes y a otro de 50”

“El estuto del pequeño municipio es una reivindicación que los alcaldes y corporaciones locales de pequeños pueblos hemos venido haciendo desde que se aprobó la Ley de contratos del sector público. En los primeros foros y congresos que se hacían para exponer la Ley de contratos ya poníamos el grito en el cielo, porque esa ley no estaba bien redactada con respecto a los municipios pequeños. No puede considerar lo mismo a ayuntamientos de 2 millones de habitantes con ayuntamientos de 50 o medir un presupuesto de 40.000 euros con otro de 4.000 millones. No se puede aplicar esa misma norma, es incoherente y no tiene esa racionalidad. Es una reivindicación lícita que ya se venía haciendo, lo que pasa es que ahora se aprovecha la estela de que la despoblación se ha puesto de moda. Ha habido grupos políticos que la han querido colocar en el candelero y la han puesto de moda, pero la despoblación no es hacerse una foto encima de un tractor o junto a una vaca. La despoblación es sacar políticas para trabajar por los vecinos de los pueblos, porque al final a ellos les llega. Un ejemplo, la Diputación ha creado en este mandato un fondo de cooperación municipal para pueblos de menos de 1.000 habitantes. Eso es un trabajo efectivo a favor de los vecinos de los municipios más pequeños. Son políticas que se están llevando a cabo, leyes como la de Emiliano García-Page, pionera a nivel nacional e internacional. Son cuestiones palpables y derechos que están adquiriendo los ciudadanos de esas zonas rurales. Ahora mismo, las propuestas están encima de la mesa. Vamos a seguir trabajando; yo, como presidente, lo haré con mucho empeño, porque son necesarias y lícitas todas esas reivindicaciones que hacemos. Y quien quiera vivir donde quiera vivir, que lo haga en las mismas condiciones de igualdad, sea en un pueblo de 50 habitantes o una ciudad de 2 millones. Que vea garantizados los servicios públicos como lo garantiza la ley regional”.