El Supremo confirma una multa millonaria a regantes de Murcia por detraer agua del Segura con el trasvase cerrado
La sentencia ratifica la sanción de 1,5 millones de euros a la Comunidad de Regantes de Blanca por extraer ilegalmente casi un hectómetro del Segura durante una de las peores sequías que obligó a cerrar el trasvase.
El Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio jurídico confirmando una de las sanciones más contundentes contra el "saqueo" de recursos hídricos en el Levante. La justicia ratifica una multa de 1,5 millones de euros a la Comunidad de Regantes de Blanca (Murcia) por la detracción ilegal de casi un hectómetro cúbico de agua del río Segura. El hecho, calificado de "especialmente grave", se produjo en un escenario crítico: mientras el trasvase Tajo-Segura permanecía cerrado debido a una sequía extrema.
Los hechos se remontan al periodo entre 2017 y 2018. En aquel momento, los embalses de la cabecera del Tajo se encontraban en niveles de emergencia, lo que obligó a suspender cualquier envío de agua hacia el Levante. Sin embargo, mientras el trasvase estaba bajo llave por la falta de recursos, estos regantes murcianos decidieron presuntamente "compensar" la carencia extrayendo agua del cauce del Segura muy por encima de sus derechos legales.
Un robo calculado en el peor momento
Según el digital Información, la sentencia es tajante al desestimar los recursos de los regantes. El tribunal considera probado que la comunidad utilizó caudales del río de forma descontrolada, aprovechando la infraestructura para beneficio privado en un momento en que el patrimonio hídrico nacional estaba bajo mínimos.
Para la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, esta sentencia no es solo un castigo administrativo, sino la confirmación de un modelo de negocio basado en la ilegalidad. "Estamos ante una organización capaz de atentar calculadamente contra el patrimonio de todos los españoles, a sabiendas de que la multa llegará tarde y será menor al beneficio obtenido", señalan con dureza desde la asociación.
"Terrorismo hídrico" y beneficio privado
La reacción de los municipios de la cabecera del Tajo no ha dejado margen a la interpretación. Tras conocer el fallo del Supremo, han calificado a los responsables de esta gestión como "una caterva de terroristas hídricos que no dudan en secuestrar los recursos de todos en su propio beneficio".
El punto clave de la indignación reside en la reincidencia y la planificación del robo. Según los Ribereños, esta comunidad de regantes ya es beneficiaria de múltiples fuentes: concesiones del Segura, del propio Trasvase, agua de la desaladora de Torrevieja y de una depuradora. "Les pagamos las infraestructuras entre todos los españoles y a cambio nos roban con consciencia plena, calculando las consecuencias", denuncian.
Desde la asociación recalcan que el problema en la cuenca del Segura no es la falta de lluvia, sino el exceso de ambición industrial:
"La Justicia vuelve a dejarlo claro: en una cuenca con déficit histórico, la demanda supera con creces la disponibilidad natural. No se trata de que falte agua, sobra demanda industrial".
El impacto ambiental: del Tajo al Mar Menor
La noticia ha servido para que los municipios del Tajo pongan el foco en las consecuencias ambientales de este modelo de agroindustria intensiva. Critican que, mientras se exige "más agua por necesidad", se genera un sistema que mueve millones en beneficios privados a costa de "devastar el Mar Menor y el suelo del Campo de Cartagena".
El hecho de que el robo se perpetrara con el trasvase cerrado es, para los afectados en la cabecera, la prueba definitiva de que la gestión del agua en el Levante necesita una revisión urgente.
"Es la magia del agua: una industria que genera empleo precario mientras destruye el patrimonio natural de todos", concluyen los Ribereños, exigiendo que las sanciones no queden en lo económico, sino que sirvan para frenar la presión sobre un Tajo que, en aquellos años de la infracción, agonizaba sin poder enviar una sola gota.