Funcionarios de Justicia se movilizan contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Funcionarios de Justicia se han concentrado esta mañana a las puertas de los juzgados de la plaza Beladíez convocados por CSIF, STAJ, CCOO y UGT. Unas movilizaciones que se van a repetir a lo largo de la semana de cara a la huelga general de la administración de Justicia convocada para el próximo viernes, 16 de noviembre, para frenar lo que califican “la mayor agresión a los derechos laborales del personal de justicia”.

Los funcionarios protestan contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se va a tramitar en el Senado durante el mes de noviembre, una vez que ya está aprobada en el Congreso de los Diputados. “Con esta reforma y sin previa negociación, que es obligatoria, con los sindicatos representativos se van a cambiar nuestras condiciones de trabajo. Es una agresión como nunca antes hemos tenido en Justicia”, indicaba a la puerta de los juzgados Pablo Moya Fuero, presidente de la Junta de personal por el sindicato CSIF.

Cambios de la discordia

Como consecuencia de esta reforma, los funcionarios “perdemos nuestro destino”, porque se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad. Otros puntos de desacuerdo con las modificaciones que recoge la ley es que se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo; en caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria solo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino; además, el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de seis meses, según informan los sindicatos.

En la práctica, esto supone que  “la administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro de cada municipio, el puesto de trabajo de cada funcionario o funcionaria en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas”, indica el comunicado de los convocantes.

El problema es que la Ley se va a votar de forma conjunta, con lo que los sindicatos ven reducidas sus posibilidades de modificar puntos concretos que afectan a las condiciones de trabajo.

Además, en las comunidades autónomas donde no están transferidas las competencias de Justicia, reclaman un incremento salarial para equiparar las retribuciones con los ámbitos transferidos.

“Queremos seguridad jurídica y unas condiciones mínimas para dar al ciudadano lo que demanda, una justicia moderna y de calidad”, indica Moya Fuero, quien añade respecto a la situación de la provincia que “Guadalajara es el partido judicial con más población de toda Castilla-La Mancha. Esto supone que tenemos unas cargas de trabajo que son inasumibles”.

Para frenar esta reforma,  CCOO, CSIF, STAJ y UGT está convocando movilizaciones de todo el personal de justicia. El día 16 hay convocada huelga en la administración de Justicia. En la provincia son algo más de 250 los funcionarios del sector, 170 de ellos en la capital.

La reforma de la LOPJ afecta a funcionarios, jueces, fiscales y letrados de Justicia. Los jueces y fiscales han convocada huelga el día 19 y los letrados un paro de dos horas mañana martes.