Garzón se hace con el control de las cuentas del PCTV
01/10/2010 - 09:45
Por: A. T. COLPISA
El juez Baltasar Garzón tomóayer la última de las precauciones legales antes de decretar esta semana la suspensión de todas las actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (y de ANV) por considerarlo vinculado a ETA: ordenó a los bancos y cajas en los que el PCTV o su grupo parlamentario tienen cuentas corrientes, bien sea como titulares directos o indirectos, que no autoricen una sola disposición de fondos, pago o transferencia a nadie sin que antes él sea informado y dé su visto bueno.
El magistrado trata de evitar que los dirigentes y apoderados de este partido utilicen las últimas horas de legalidad para descapitalizar la formación, dado que tiene previsto ordenar este jueves o viernes, dentro de un abanico de medidas cautelares, la congelación de todas las cuentas, bienes y productos financieros de las dos formaciones sospechosas, así como el embargo de las ayudas públicas y subvenciones que pudiesen corresponderles por su representación institucional.
Garzón pretende evitar que el PCTV repita la presunta operación de descapitalización fraudulenta de su patrimonio que, según los informes policiales, realizó entre el 11 de octubre y el 24 de diciembre pasados, con la entrega de más de 800.000 euros a líderes y responsables de Batasuna en España, Francia y Bélgica, a través unas 45 transferencias y pagos electrónicos. Los mismos informes dicen que para poder ejecutar la descapitalización el partido realizó varios ingresos en cuenta y liquidó, entre el 5 de noviembre y el 17 de diciembre, los tres depósitos a plazo fijo de que disponía, con un valor de 569.245 euros. El resultado de el sucesivo y acelerado vaciamiento de las cuentas fue que el día Navidad el saldo bancario se quedó reducido a 6.000 euros.
La operación, que según la Policía buscaba anticiparse a una inminente intervención judicial de los fondos, se inició justo una semana después de que la Audiencia Nacional encarcelase al núcleo duró de la Mesa Nacional de Batasuna y registrase la sede que el PCTV compartía con el partido ilegal en Usurbil (Guipúzcoa). En las cajas fuertes de la sede compartida se localizaron todos los datos bancarios del PCTV, buena parte de los de ANV, y las pruebas de la existencia de una tesorería común entre los tres partidos, dirigida por los máximos responsables de Batasuna.
Colaboración necesaria
El magistrado también acometió ayer el cierre del resto de los flecos necesarios para decretar la suspensión de actividades y la exclusión de ANV y del PCTV de los comicios del próximo 9 de marzo.
Como ya hizo el martes con sus homólogos de ANV, Garzón imputó ayer por un delito de colaboración con ETA y por otro de asociación ilícita al presidente del PCTV, Juan Carlos Ramos; al tesorero, Jesús María Aguirre; y a la apoderada de las cuentas bancarias, Sonia Jacinto. Esta imputación directa de acusaciones a la cúpula del partido es el paso legal previo e imprescindible para adoptar la medida cautelar de suspensión de la actividad por cinco años dentro de la causa penal.
Garzón considera justificadas las imputaciones por los resultados de la investigación que trata de probar la vinculación del PCTV con ETA y Batasuna y que acumula indicios de que la formación proscrita hizo un uso económico-financiero del partido legal para contribuir a la actividad y fines terroristas de dicha organización, a través de sus responsables. Cree que los tres imputados y el resto de los dirigentes del partido que pueden ser acusados en el futuro habrían autorizado, diseñado, dirigido o participado en las operaciones a través de las cuales se habría materializado la acción.
El juez dice en el documento que sin la intervención de Ramos, Aguirre, Jacinto y otros imputados que concretará en el futuro no habría sido posible llevar adelante la actividad presuntamente delictiva que se investiga. La colaboración económica con Batasuna incluiría, además de la citada descapitalización en su favor, la contratación como empleados de unos 40 de sus dirigentes clandestinos; los pagos con tarjeta o factura de los locales para sus actos públicos; de sus desplazamientos internacionales; de otros gastos; e, incluso, del entierro de Jokin Gorostidi.
Dos nuevos detenidos en Francia
Los renovados bríos en la colaboración entre Francia y España en la lucha antiterrorista siguen dando resultados. Ayer la Policía francesa detuvo en territorio galo a dos personas por su presunta vinculación con ETA. Se trata de Jacques Morio, militante del movimiento local occitano, y Jean-Noël Etcheverry, responsable de la Fundación Manu Robles-Arangiz, ambos están acusados de colaborar y dar cobijo a militantes de ETA. Entre los etarras a los que prestaron ayuda estarían Mikel Albizu Iriarte, alias 'Mikel Antza', entonces jefe del aparato político de la banda terrorista, y su pareja Soledad Iparraguire, alias 'Anboto'.
El país vasco francés ha dejado hace mucho tiempo de ser esa especie de santuario en el que los etarras y los que con ellos colaboraban campaban a sus anchas. Fue una orden de las jueces antiterroristas Laurence Le Vert y Marie-Antoinette Houyvet la que motivó la orden de Morio en Pau y la de Etxeberri en Bayona a primera hora de la mañana en sus domicilios.
Ambos arrestos están relacionados con una investigación denominada 'operación Santuario' sobre la red de alojamiento a presuntos miembros de ETA, y están vinculados con la detención en noviembre de 2004 de otro militante de Anaram Au Patac, Robert Arricau.
Garzón pretende evitar que el PCTV repita la presunta operación de descapitalización fraudulenta de su patrimonio que, según los informes policiales, realizó entre el 11 de octubre y el 24 de diciembre pasados, con la entrega de más de 800.000 euros a líderes y responsables de Batasuna en España, Francia y Bélgica, a través unas 45 transferencias y pagos electrónicos. Los mismos informes dicen que para poder ejecutar la descapitalización el partido realizó varios ingresos en cuenta y liquidó, entre el 5 de noviembre y el 17 de diciembre, los tres depósitos a plazo fijo de que disponía, con un valor de 569.245 euros. El resultado de el sucesivo y acelerado vaciamiento de las cuentas fue que el día Navidad el saldo bancario se quedó reducido a 6.000 euros.
La operación, que según la Policía buscaba anticiparse a una inminente intervención judicial de los fondos, se inició justo una semana después de que la Audiencia Nacional encarcelase al núcleo duró de la Mesa Nacional de Batasuna y registrase la sede que el PCTV compartía con el partido ilegal en Usurbil (Guipúzcoa). En las cajas fuertes de la sede compartida se localizaron todos los datos bancarios del PCTV, buena parte de los de ANV, y las pruebas de la existencia de una tesorería común entre los tres partidos, dirigida por los máximos responsables de Batasuna.
Colaboración necesaria
El magistrado también acometió ayer el cierre del resto de los flecos necesarios para decretar la suspensión de actividades y la exclusión de ANV y del PCTV de los comicios del próximo 9 de marzo.
Como ya hizo el martes con sus homólogos de ANV, Garzón imputó ayer por un delito de colaboración con ETA y por otro de asociación ilícita al presidente del PCTV, Juan Carlos Ramos; al tesorero, Jesús María Aguirre; y a la apoderada de las cuentas bancarias, Sonia Jacinto. Esta imputación directa de acusaciones a la cúpula del partido es el paso legal previo e imprescindible para adoptar la medida cautelar de suspensión de la actividad por cinco años dentro de la causa penal.
Garzón considera justificadas las imputaciones por los resultados de la investigación que trata de probar la vinculación del PCTV con ETA y Batasuna y que acumula indicios de que la formación proscrita hizo un uso económico-financiero del partido legal para contribuir a la actividad y fines terroristas de dicha organización, a través de sus responsables. Cree que los tres imputados y el resto de los dirigentes del partido que pueden ser acusados en el futuro habrían autorizado, diseñado, dirigido o participado en las operaciones a través de las cuales se habría materializado la acción.
El juez dice en el documento que sin la intervención de Ramos, Aguirre, Jacinto y otros imputados que concretará en el futuro no habría sido posible llevar adelante la actividad presuntamente delictiva que se investiga. La colaboración económica con Batasuna incluiría, además de la citada descapitalización en su favor, la contratación como empleados de unos 40 de sus dirigentes clandestinos; los pagos con tarjeta o factura de los locales para sus actos públicos; de sus desplazamientos internacionales; de otros gastos; e, incluso, del entierro de Jokin Gorostidi.
Dos nuevos detenidos en Francia
Los renovados bríos en la colaboración entre Francia y España en la lucha antiterrorista siguen dando resultados. Ayer la Policía francesa detuvo en territorio galo a dos personas por su presunta vinculación con ETA. Se trata de Jacques Morio, militante del movimiento local occitano, y Jean-Noël Etcheverry, responsable de la Fundación Manu Robles-Arangiz, ambos están acusados de colaborar y dar cobijo a militantes de ETA. Entre los etarras a los que prestaron ayuda estarían Mikel Albizu Iriarte, alias 'Mikel Antza', entonces jefe del aparato político de la banda terrorista, y su pareja Soledad Iparraguire, alias 'Anboto'.
El país vasco francés ha dejado hace mucho tiempo de ser esa especie de santuario en el que los etarras y los que con ellos colaboraban campaban a sus anchas. Fue una orden de las jueces antiterroristas Laurence Le Vert y Marie-Antoinette Houyvet la que motivó la orden de Morio en Pau y la de Etxeberri en Bayona a primera hora de la mañana en sus domicilios.
Ambos arrestos están relacionados con una investigación denominada 'operación Santuario' sobre la red de alojamiento a presuntos miembros de ETA, y están vinculados con la detención en noviembre de 2004 de otro militante de Anaram Au Patac, Robert Arricau.