Iván Sánchez: “No es aceptable ni tolerable aumentar el número de diputados autonómicos”

La prioridad nacional, la duplicidad de competencias, el número de diputados autonómicos o la regularización de extranjeros son algunas de las cuestiones que aborda Iván Sánchez, guadalajareño portavoz del Grupo parlamentario de Vox en las Cortes Castilla-La Mancha.

Estamos a un año de las elecciones municipales y autonómicas. ¿A qué aspira Vox en estas dos convocatorias? 

Los españoles están pidiendo más Vox. Y en particular, aquí en Guadalajara, se está viendo que gracias a los acuerdos que hay, allá donde está gobernando Vox con acuerdos, se están realizando políticas del sentido común y para los ciudadanos. Entonces, aspiramos a más Vox y a que nos den la posibilidad de gobernar y de obtener muchas más alcaldías. 

¿Está satisfecho con las coaliciones que tienen actualmente, como las del Ayuntamiento de Guadalajara? ¿Se abriría, si se diera el caso, a reeditar este pacto en 2027?

Ya hemos visto en las elecciones de Extremadura y Aragón que la gente, como he dicho antes, quiere más Vox y, al querer más Vox, hay que ver qué fuerza nos dan. Pero nosotros vamos a salir a ganar. Queremos obtener la Alcaldía de Guadalajara y de todos los municipios donde nos presentaremos y, una vez con el apoyo que nos haya dado la ciudadanía, veremos si hay que hacer pactos.

¿Hace un buen balance de estos tres años de gobierno de esta coalición en la capital?

Sí, es un acuerdo bueno; obviamente nos gustaría llegar a muchas más cosas, implantar o implementar muchas más iniciativas, pero llegamos hasta donde podemos con la fuerza que nos han dado los ciudadanos.

Volvemos a Extremadura, donde ese acuerdo de PP y Vox viene protagonizado por la “prioridad nacional”. ¿En qué se traduciría ese concepto en Castilla-La Mancha?

Es algo que nos vienen preguntando en todos los medios, pero está clarísimo: prioridad nacional significa que primero los de aquí, los que estamos pagando impuestos. Es como si vas a ir al médico y te dicen que no puedes porque tiene que ir primero otra persona. Por tanto, prioridad nacional es dar prioridad a que los servicios públicos y las ayudas sociales primero se destinen a los que llevan años aportando a esa bolsa del bien común y del bienestar social. Y no que llegues a un comedor de un colegio o a solicitar una ayuda para vivienda y que vaya primero la gente de fuera que no ha cotizado ni aportado un solo euro a la bolsa común. Es una cuestión de sentido común, porque si no podemos atender a gente que tenemos ahora mismo en España, ¿cómo vamos a poder atender a los de fuera? 

Según sus palabras, esa prioridad nacional incluiría a los inmigrantes que lleven tiempo trabajando y cotizando aquí, ¿es así?

Sí, lo hemos dicho hasta la saciedad; no tenemos absolutamente nada en contra de los inmigrantes que vienen de manera regular, de manera legal, que guardan su cola, que tienen todos sus papeles, que trabajan y que vienen a colaborar en esa bolsa común. Para ellos, cualquier ayuda que sea necesaria también. Lo que no es normal ni de recibo es que todas las ayudas se estén focalizando en gente que viene de manera irregular, que se está saltando la cola, que está faltando también al respeto a esos inmigrantes que han venido legalmente, que han pedido su permiso de trabajo, su permiso de residencia y que están con toda su documentación en regla y aportando a la bolsa. 

¿Todo esto se basará en algún informe, datos que ustedes manejan? 

Sí, sí, por supuesto. Nada más que tienes que coger el teléfono y pedir una cita médica. Nada más que tienes que irte a las colas de cualquier centro que doten de ayuda y ver qué tipo de gente hay. Nada más que tienes que irte a los centros médicos y ver qué gente es la que está esperando. Esa situación hay que revertirla. No podemos desatender a los nuestros para atender a los de fuera. 

Precisamente sobre inmigrantes que están intentando regularizar su situación en ese proceso extraordinario que ha comenzado, ustedes han criticado el punto de atención que ha establecido CCOO en Guadalajara para asesorarles, ¿qué es exactamente a lo que se oponen?

Nuestra queja es que un sindicato que se supone que está para ayudar a los trabajadores, que cobra subvenciones del Estado y cuotas a sus afiliados, destina ese dinero a asesorar a gente que no está trabajando. La queja es que un sindicato se ponga a atender a gente que está trabajando de manera ilegal y desatienda a la gente que está trabajando de manera legal. Tienen que atender a la gente trabajadora y no dar indicaciones y destinar recursos a gente que trabaja en el mercado negro, a gente que trabaja de manera irregular, gente que no está regularizada. 

Entonces, ¿quién cree que debería hacer esa labor de asesoramiento o de orientación? 

El primero que se tenía que haber asesorado es el Gobierno, porque Europa está poniendo la lupa encima de esta regularización para ver de qué manera afecta al tratado de Schengen. Porque no puede ser que Pedro Sánchez intente regularizar a más de medio millón de personas y que además, ya lo dijo Podemos, les vayan a nacionalizar enseguida, pues lo que pretenden es cambiar el censo electoral. Porque lo primero es regularizarlos, luego nacionalizarlos y después permitirles votar.  Y como los españoles ya no creen en el PSOE, tienen que cambiar el censo electoral para que entre gente que sí les vote. Pero Europa dice que va a ver ese acuerdo de Schengen, porque esa gente que va a regularizar España no se podrá mover libremente por el resto de Europa porque se hayan regularizado aquí de cualquier manera. Se está demostrando que hay gente a la que no se están cotejando los antecedentes penales.

En cuestiones regionales, recordemos que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha pasó ese primer trámite en el Congreso de los Diputados, en el que ustedes votaron en contra. ¿Cuáles son los motivos? 

Ya votamos en contra en las Cortes autonómicas cuando se presentó el texto. Desde el primer momento en que se empezó a negociar, nunca nos llamaron. Pero ya dijimos clarísimamente que lo único que interesaba de esta reforma a los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista era el aumento de los diputados. Empezaron esa reforma diciendo que iban a llegar a 59 diputados. Cuando hicieron consultas, lo guardaron en un cajón porque hubo una discrepancia entre ambos partidos sobre el número total y se tiraron un año negociando para bajarlo de 59 a 55. Nosotros decimos desde el primer momento que no se necesitan más políticos, sino más políticas que ayuden a la ciudadanía.

Si Vox llegara al gobierno regional, ¿qué haría al respecto? ¿Qué número de diputados considerarían aceptable?

No es una cuestión de cuál es el número que consideraríamos aceptable; es que no es aceptable que se aumente el número de diputados. Lo dejaríamos como está ahora. No tiene ningún sentido aumentar más. Muchas veces han dicho que los grupos minoritarios seríamos los primeros interesados en que se aumentara. PP y PSOE están en ese juego para que entre más gente, pero nosotros, desde luego, decimos clarísimamente que no hacen falta más políticos para poder hacer más políticas para los ciudadanos. Entonces, lo que no es aceptable ni tolerable es aumentar el número de diputados. 

Defiende que las autonomías crean “fronteras artificiales” en sanidad. ¿Propone la devolución de las competencias sanitarias al Estado?

Por suerte y por desgracia, los vecinos de Guadalajara tenemos Madrid a un paso. Yo, cuando voy a Toledo desde Alovera, donde vivo, paso por delante de nueve hospitales. Y no me podría parar en ninguno porque son de la Comunidad de Madrid.  Y si el médico te da una receta, que ahora son electrónicas, y estás casualmente en Alcalá, no puedes coger esos medicamentos. La receta electrónica solamente funciona en Castilla-La Mancha, con lo cual existen esas fronteras artificiales. Es cierto que la región está firmando convenios con las comunidades que tenemos alrededor para que gente de Molina de Aragón pueda ir al médico a Zaragoza o aTeruel y no tengan que venir hasta Guadalajara. Pero un vecino de Illescas tiene que ir al hospital de Toledo a 45 minutos y no puede acudir al de Parla, a tan sólo cinco. Así que se soluciona con la devolución de las competencias al Estado. Dicen que hemos ganado mucho con las autonomías, pero no hemos ganado nada; al contrario, hemos perdido. ¿Cuántos vecinos de Guadalajara no recuerdan la casa del médico en sus pueblos? Ahora se van a centros que son comarcales y ya está, con lo cual hemos perdido. En Guadalajara no tenemos más que el mismo hospital de siempre. 

¿No sería suficiente con reforzar esos convenios entre autonomías para que sí se pueda acudir, por ejemplo, a un hospital  madrileño? 

No es cuestión de reforma o mejora de esos convenios. Cualquier vecino le debe un euro al banco, va a abrirse una cuenta en cualquier parte de España y automáticamente saltan las alarmas. En cambio, para algo tan necesario como es la sanidad, tenemos esta estupidez de las fronteras en las que no se cruzan ni los historiales clínicos.

¿Cuál sería la primera medida fiscal que Vox pediría aplicar mañana mismo para aliviar a las familias de la región? 

El IRPF. Es algo que notamos todas las familias mes a mes en cuanto cobramos la nómina. Lo que hay que hacer es reducir la presión fiscal. Siempre he dicho que la presión fiscal que sufrimos en Castilla-La Mancha es cada vez más feroz. Aunque ganes más, cobras menos porque la presión fiscal es insoportable. 

También propone eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos del SMI o rebajarles el IRPF. ¿Cómo compensaría Vox la caída de ingresos en el sistema de Seguridad Social que este tipo de medidas supondrían a nivel regional o estatal?

No tiene ningún sentido que abras una empresa y automáticamente, factures o no, te llegue a final de mes la cuota de autónomos. En pandemia, lo primero que hizo el Estado fue decretar el encierro y a los dos días llegó el pago de la cuota de autónomos, cuando los negocios estaban cerrados.  Eso es impensable en cualquier otro país que no sea España. Y luego, ¿cómo compensaríamos el aminoramiento de los ingresos por esa parte? Pues, por supuesto, rebajando el gasto superfluo, la duplicidad de competencias que hay en las autonomías con el Estado central, el gasto innecesario que hay en la política y en los políticos… en todo eso se tiran millones y millones. Pero es que además, desde el año 2023, Hacienda aumenta su récord en recaudación mes a mes. Y, en cambio, los españoles recibimos menos en nuestra casa, porque la presión fiscal es mayor, la cesta de la compra cada vez está más cara y recibimos menos servicios públicos.

¿Cuál es su propuesta concreta para bajar el precio de la vivienda en Castilla-La Mancha sin recurrir a las intervenciones de mercado a las que se oponen?

Intentar topar los precios en algunas ciudades ha llevado a que se encarezca más todavía. La cosa no va de intervencionismo, eso es comunismo puro y duro. Lo que va es de liberar, que se pueda dar una garantía, porque la gente no alquila porque no tiene garantías. Si un inquilino deja de pagar,  tardas dos años en sacarle de la vivienda. Hay muy poca protección jurídica para el propietario. ¿Y cómo mejoraríamos? Liberalizando suelo y facilitando los trámites. Esto pasa por que el Estado haga un plan urbanístico general, no que cada ayuntamiento tenga que hacer su plan de ordenación municipal (POM), en lo que se tarda unos 10 años.  El problema que tenemos con la vivienda es que hay un exceso de demanda y un defecto de oferta, porque está todo vendido. No es como aquel boom inmobiliario que hubo en 2006-2008, con aquella burbuja inmobiliaria en la que había muchísimo inmueble y vacío porque la gente estaba especulando. El problema es que ahora mismo no hay vivienda. Y hay que hacer vivienda pública para los jóvenes y para la gente que lo necesita a unos precios razonables.