La Asociación de Familiares del incendio de Riba asegura que la propuesta del PP pone fin a una "lucha ardua y compleja”

La letrada Carmen Martínez de Tejada ha sido rotunda en sus afirmaciones. “Por fin, tras siete años y medio desde que se produjeron los terribles hechos que sesgaron la vida de 11 personas, el Gobierno regional ha decidido terminar un proceso de lucha, ardua, compleja y extraordinariamente dolorosa para nuestros representados con una Proposición de Ley de Caso Único en la que de forma singular y excepcional, porque así fue lo acontecido, se hace justicia y se da satisfacción a nuestras pretensiones”.

Martínez de Tejada aseguró que en la exposición de motivos de esta propuesta se incluyen las afirmaciones que ellos han mantenido durante todo este tipo. Entre ellas, citó, que el fuego estaba permitido en la zona de la Cueva de los Casares a pesar a la sequía de aquel año y apuntó que según la normativa de 1986 el delegado de Agricultura estaba facultado para prohibir el fuego pero no lo hizo. Además, señaló que a pesar de que la Junta trató de justificar que el encendido de la barbacoa era ilegal, tanto la justicia como en esta propuesta se reconoce, tal y como ellos han defendido que era legal. La exposición de motivos reconoce también que los medios que se pusieron en marcha fueron ineficaces. Asimismo, también reconoce que durante las primeras 28 horas del incendio, hasta que se produjeron los fallecimientos, el proceso de extinción hubiese necesitado más atención en lo que se refiere a la coordinación de medios humanos y materiales.

Con esta exposición de motivos, esta Proposición de Ley reconoce algo “fundamental” para las familias, según Martínez de Tejada: “la lucha incansable y admirable llevada a cabo y que a escala nacional ha supuesto un giro de 180 grados en el modo de afrontar la extinción de incendios otorgándonos su agradecimiento y decidiendo honrar mediante la publicación de la misma la memoria de los fallecidos.

Esta propuesta lleva aparejada unas indemnizaciones que varían desde los 42.701 euros hasta los 102.983 euros dependiendo del grado de parentesco y que la letrada asegura “son el corolario lógico de la Ley, aunque nunca fue el objetivo principal de nuestros representados”. Y recordó: “Queríamos que se reconociera que las cosas no se hicieron bien, y el Gobierno regional nos ha dicho que teníamos razón. Queríamos un reconocimiento público de que había sido necesario mayor coordinación y más eficacia y nuevamente se nos dice que nuestras pretensiones son ajustadas a la realidad y a la verdad”.

La abogada manifestó sentirse “satisfecha” porque gracias a su trabajo han conseguido mejoras en el sistema de extinción de incendios a nivel nacional.