La Audiencia procesa a 40 militares de Ruanda por genocidio
01/10/2010 - 09:45
Por: M. SAIZ-PARDO. COLPISA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu, ha dictado órdenes de detención internacional contra 40 altos mandos militares del actual gobierno de Ruanda, entre ellos 11 generales.
El magistrado les acusa de ser los promotores de la matanza que tuvo lugar entre 1994 y 2000 y que costó la vida a cuatro millones de personas (la ONU rebaja esta cifra a 800.000). Andréu procesa a los mandos del denominado Ejército Patriótico Ruandés (APR) , todos ellos de la etnia tutsi, por genocidio, crimen de lesa humanidad y terrorismo.
El instructor ha centrado el sumario recién abierto exclusivamente en la segunda parte del genocidio (la venganza tutsi contra la mayoría hutu), sin entrar a investigar el origen de la guerra civil: las matanzas masivas de tutsis a manos de las milicias hutus (Interahamwes), que fueron las que causaron el mayor número de muertes.
En su auto hecho público ayer, el juez asegura que existen indicios racionales y fundados de que los máximos responsables de la organización político-militar APR/FPR, entre los que se encuentran los aquí procesados, desplegaron todo un abanico de metodología criminal, después de estar años conspirando para desestabilizar el país, gobernado hasta entonces por la mayoría hutu.
El magistrado lamenta no poder imputar también al actual presidente de Ruanda, el general mayor Paul Kagame, por tener inmunidad como jefe de Estado. No obstante, recuerda que en el sumario hay ya indicios racionales de criminalidad como para haberle procesado con sus antiguos correligionarios de armas.
La investigación de Andréu se inició hace un año a raíz de la denuncia de los familiares de los nueves españoles (seis religiosos y tres cooperantes) asesinados por las tropas tutsis, que también suscribieron varias organizaciones de derechos humanos africanas y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Ezquivel. Desde entonces, el instructor ha interrogado a 22 supervivientes del genocidio, la mayoría exiliados hutus residentes en Europa. Entre las personas que han declarado en la Audiencia Nacional está también un guardia personal del presidente Kagame, el testigo protegido TAP-002, cuyo relato ha sido clave para imputar al actual Estado Mayor ruandés.
Asesinatos masivos
Andréu detalla centenares de asesinatos masivos cometidos por los integrantes del APR. Ejemplo de la crueldad de los asesinos considera el juez que fue la matanza de 2.500 personas en abril de 1994 a manos del APR en el estadio de fútbol de Byumba. A las víctimas se les obligó a tenderse en el suelo y acto seguido militares tutsis las asesinaron lanzándoles granadas desde el exterior.
El escrito del procesamiento también describe como el propio Kagame participó directamente en las matanzas. Él mismo explica el auto- asesinó en mayo de 1994 a una treintena de hombres, mujeres, ancianos y niños desarmados a los que acribilló con una ametralladora antiaérea.
En cuanto a los españoles asesinados, relata varios casos personales: el misionero Joaquín Vallmajó, muerto y desaparecido por criticar a los tutsis; el padre Servando García que fue torturado y ejecutado en el Congo por las milicias del APR al tratar de proteger a 30.000 refugiados hutus; o los tres cooperantes de Médicos del Mundo que trabajaban en el campo de Mugumba en el que había 250.000 desplazados y que se convirtieron en testigos incómodos de la masacre.
El instructor ha centrado el sumario recién abierto exclusivamente en la segunda parte del genocidio (la venganza tutsi contra la mayoría hutu), sin entrar a investigar el origen de la guerra civil: las matanzas masivas de tutsis a manos de las milicias hutus (Interahamwes), que fueron las que causaron el mayor número de muertes.
En su auto hecho público ayer, el juez asegura que existen indicios racionales y fundados de que los máximos responsables de la organización político-militar APR/FPR, entre los que se encuentran los aquí procesados, desplegaron todo un abanico de metodología criminal, después de estar años conspirando para desestabilizar el país, gobernado hasta entonces por la mayoría hutu.
El magistrado lamenta no poder imputar también al actual presidente de Ruanda, el general mayor Paul Kagame, por tener inmunidad como jefe de Estado. No obstante, recuerda que en el sumario hay ya indicios racionales de criminalidad como para haberle procesado con sus antiguos correligionarios de armas.
La investigación de Andréu se inició hace un año a raíz de la denuncia de los familiares de los nueves españoles (seis religiosos y tres cooperantes) asesinados por las tropas tutsis, que también suscribieron varias organizaciones de derechos humanos africanas y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Ezquivel. Desde entonces, el instructor ha interrogado a 22 supervivientes del genocidio, la mayoría exiliados hutus residentes en Europa. Entre las personas que han declarado en la Audiencia Nacional está también un guardia personal del presidente Kagame, el testigo protegido TAP-002, cuyo relato ha sido clave para imputar al actual Estado Mayor ruandés.
Asesinatos masivos
Andréu detalla centenares de asesinatos masivos cometidos por los integrantes del APR. Ejemplo de la crueldad de los asesinos considera el juez que fue la matanza de 2.500 personas en abril de 1994 a manos del APR en el estadio de fútbol de Byumba. A las víctimas se les obligó a tenderse en el suelo y acto seguido militares tutsis las asesinaron lanzándoles granadas desde el exterior.
El escrito del procesamiento también describe como el propio Kagame participó directamente en las matanzas. Él mismo explica el auto- asesinó en mayo de 1994 a una treintena de hombres, mujeres, ancianos y niños desarmados a los que acribilló con una ametralladora antiaérea.
En cuanto a los españoles asesinados, relata varios casos personales: el misionero Joaquín Vallmajó, muerto y desaparecido por criticar a los tutsis; el padre Servando García que fue torturado y ejecutado en el Congo por las milicias del APR al tratar de proteger a 30.000 refugiados hutus; o los tres cooperantes de Médicos del Mundo que trabajaban en el campo de Mugumba en el que había 250.000 desplazados y que se convirtieron en testigos incómodos de la masacre.