La CHT desmiente las “multas astronómicas” por intervenir en cauces mientras un centenar de alcaldes denuncia inundaciones recurrentes

Hace más de un año, en febrero de 2025, decenas de pequeños municipios de Guadalajara empezaron a gestar una plataforma apolítica para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) un desbroce más ágil de los cauces, la agilización de autorizaciones y el ajuste de lo que consideraban sanciones desproporcionadas. Hoy esa plataforma agrupa alrededor de 139 entidades -ayuntamientos, EATIM, mancomunidades, asociaciones y colectivos- de las provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y Cuenca. Llevan años esperando que se atiendan sus demandas de limpieza regular de ríos y arroyos para evitar inundaciones, y que la Confederación asuma con recursos propios esas actuaciones que muchos consistorios de menos de 100 habitantes no pueden sufragar.

Los episodios se repiten por toda la provincia y están directamente ligados a la falta de desbroce, un desbroce que bien puede acometer la propia CHT o los Ayuntamientos directamente con permiso de la Confederación.

Según la plataforma, en el primero de los casos, los trabajos llegan tarde o nunca; y los ayuntamientos, como el caso de Jirueque, no se atreven a acometer el desbroce incluso con la licencia de la CHT, porque, asegura su alcalde, juan Antonio Sanz, que incluso con la licencia si no se aplican las instrucciones que la Confederación estima pertientes su juegan multas como la que llegó a Jirueque de 2.600 euros.

Sanciones, que en la localidad serrana, equivalen a un pago de 50 euros por vecino. Unas multas que en la provincia han alcanzado, en total, más de 10.000 euros. En la capital, las crecidas del Henares de 2024 -en marzo, abril, agosto y septiembre- se intensificaron por la acumulación de vegetación, árboles caídos y residuos en el cauce, según reconoció el propio Ayuntamiento al solicitar permisos a la CHT y acometer después una limpieza de 1.500 metros tras seis años sin actuar. En Marchamalo, Cabanillas, Yunquera, la capital y decenas de pueblos de la provincia, los vecinos ya conocen de sobra cómo se traduce ese debate en calles anegadas y campos perdidos. En el término de Mondéjar y alrededores, incluyendo la Comunidad de Madrid -caso de Ambite- las anegaciones, causadas por la falta de desbroce del Tajuña, son recurrentes cada vez que llueve de forma intensa, con el peligro que implica para conductores, viviendas e instalaciones industriales.

En Luzaga y Cortes, el Tajuña sin desbrozar -lleno de árboles y carrizos- se ha desbordado en al menos cinco ocasiones solo en 2024, cortando la carretera e inundando campos y molinos. En Villel de Mesa, el desbordamiento del río Mesa durante la DANA de octubre de 2024 dejó más de metro y medio de agua en el casco urbano; vecinos y alcaldes de la zona siguen exigiendo a la CHT la limpieza del cauce ante el temor a nuevas riadas. Casos similares se repiten en Taragudo (inundación de 2020 por arroyo sin desbrozar), Ventosa, Saelices de la Sal y decenas de localidades de la Campiña, la Sierra Norte y el Señorío de Molina, donde agricultores y regidores culpan a la ausencia de mantenimiento de los cauces de que cada lluvia intensa se convierta en inundación.

El presidente de la CHT, Antonio Yáñez, aseguró que “una cosa es el conocimiento técnico, una cosa son los datos y otra cosa es el relato". Respecto a las denuncias municipales remarca que en cualquier ayuntamiento que haya sido sancionado hay que analizar "por qué, en qué circunstancias, cuántas sanciones se han puesto... Todo eso está proyectado en una tabla y no es esa la realidad".

Respecto a las quejas de la plataforma sobre el modo en que Yáñez planifica las reuniones con los alcaldes afectados de uno en uno, y no en grupo (sus miembros hablan de una política de "divide y vencerás"), el presidente de la Confederación del Tajo, asevera que "recibe a todos y cada uno de los alcaldes que pide cita, independientemente del tamaño de la población y del signo político", señala.  Sin embargo, prosigue, "las condiciones de las reuniones las pongo yo. Si un alcalde le digo que le recibo y dice que no, que él solo viene con 150…”.

La respuesta del presidente de la CHT se produce en un contexto de tensión ya documentada. En junio de 2025 la propia plataforma denunció lo que calificó de “estrategia de dispersión” o “división” tras recibir la contestación de la Confederación a su petición de una reunión colectiva: Yáñez propuso un calendario de entrevistas individuales con cada municipio. Los alcaldes insistieron entonces en que pedían “diálogo, no monólogos; coordinación, no dispersión”.

Según los regidores, el temor a las sanciones -algunas de las cuales, según han denunciado en distintos momentos, han alcanzado cifras como los 2.600 euros en Jirueque (casi el 10 % del presupuesto de un pueblo de 47 habitantes), los 6.000 euros en Albendiego o los 2.000 euros en otros municipios-paraliza cualquier intervención, incluso con licencia, por miedo a que un detalle técnico derive en expediente. Mientras tanto, aseguran, los cauces se llenan de maleza, troncos y residuos, y cada riada se traduce en inundaciones de carreteras, campos y casas. 

Los alcaldes siguen reclamando un interlocutor estable, un plan de limpieza con medios de la propia Confederación y que las exigencias burocráticas se adapten a la realidad de los pueblos más pequeños. Yáñez sigue reclamando datos concretos antes de aceptar el relato de las “multas astronómicas” y de las inundaciones evitables. Entre medias, el agua sigue bajando por cauces que, según una parte, nadie puede tocar sin riesgo y, según la otra, no se tocan porque no se aporta la información precisa.