La Diputación reforzará el servicio de asistencia a municipios en materia urbanística, a instancias del PSOE

La Diputación de Guadalajara aprobó ayer en pleno por unanimidad una moción del Grupo Socialista para reforzar el Servicio de Atención al Municipio (SAM) con el objetivo de agilizar los informes solicitados por los ayuntamientos en materia urbanística, que están acumulando considerables retrasos. La propuesta salió adelante pese a las reticencias iniciales del Grupo Popular –secundado por la diputada de Ciudadanos–, que quiso rechazarla alegando primero que esa decisión no era competencia del pleno, y después que dos días antes el Equipo de Gobierno ya había dado orden de adscribir a esa tarea a técnicos de otros servicios.

“La primera es una excusa inverosímil, carente de sentido, y la segunda un intento de última hora –una vez que ya se había presentado la moción del Grupo Socialista– de evitar que prosperase una propuesta que deja en muy mal lugar al Equipo de Gobierno. Supone reconocer que el problema existía desde hace tiempo, que la solución estaba en su mano, y que no se han movido para solucionarlo hasta que no se ha presentado esta moción”, ha aseverado el portavoz socialista, Julio García.

Una vez desmontados esos falaces argumentos, y reconocida por todos la existencia del problema, tanto al PP como a Ciudadanos no les quedó más remedio que secundar esta petición y apoyar la propuesta del PSOE. El Grupo Ahora Guadalajara se mostró a favor desde un principio.

De hecho, no es la primera vez que el Grupo Socialista eleva a pleno esta petición. En diciembre del año pasado ya presentó una enmienda a los presupuestos de 2016, que fue rechazada por el PP. Lo que se pedía entonces era básicamente lo mismo que ahora: reforzar el servicio mediante la cobertura de la plaza de arquitecto vacante en la plantilla y la creación de nuevas plazas si fuera necesario, y adscribir provisionalmente técnicos de otros servicios a la emisión de este tipo de informes para los pueblos. Esta última es la medida que, según el diputado responsable del servicio, se habría puesto en marcha desde el día 16 de noviembre, a raíz de la moción presentada por el PSOE.

Descortesía institucional y anomalías en la contratación

Por otro lado, García formuló también varias preguntas relacionadas con la celebración del II Foro provincial por la participación infantil el próximo viernes, día 25, organizado por la propia Diputación y por Unicef.

En primer lugar, el portavoz socialista ha lamentado que la Diputación organice este acto precisamente en esa jornada, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y todas las administraciones deben colaborar activamente para dar la máxima visibilidad a este asunto. “Nos parece como mínimo una descortesía, cuando no una deslealtad institucional, y un error absoluto”, ha señalado.

García ha recordado que existe un acuerdo entre administraciones –Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación, Junta de Castilla-La Mancha y Subdelegación de Gobierno– para organizar un único acto institucional en ese día. “Por eso, lamentamos que la Diputación se haya desmarcado sin motivo alguno”, ha señalado García.

El acto organizado por la Diputación está vinculado al Día Internacional del Niño, que es este domingo, 20 de noviembre. “Si no quieren restar relevancia a los actos relacionados con la Infancia, parece un error aún mayor hacer coincidir ambos eventos. El Foro, ya que no se ha programado para el día 20, podría haberse celebrado cualquier otro día de la semana”, ha agregado. 

En segundo lugar, ha preguntado por la forma de contratación de los vehículos que trasladarán a los participantes hasta Guadalajara. García ha explicado que la Diputación va a contratar con medios propios una serie de autobuses que partirán desde distintos puntos de la provincia, pero que en los casos de Sigüenza y de Molina de Aragón, los medios de transporte serán contratados por los ayuntamientos, aunque “la Diputación se hará cargo de la factura”, según indica textualmente el programa de este acto.

El portavoz del Grupo Socialista ha preguntado al presidente “si considera legal esta fórmula de contratar un servicio, si se utiliza con regularidad en otros casos similares y si está autorizada por el servicio de Intervención. “A nosotros nos parece que esta práctica vulnera cualquier normativa sobre contratación pública y supone una subvención encubierta, algo que también prohíbe la ley”, ha advertido.