La Eurocámara aprueba la directiva de retorno para los inmigrantes sin papeles
01/10/2010 - 09:45
Tal y como era previsible, el Parlamento europeo decidió este miércoles no plantar cara a los acuerdos de los Gobiernos europeos contra la inmigración ilegal, consciente, de que la mayor parte de la opinión pública europea no le iba a apoyar probablemente en esta batalla, y dio su visto bueno en primera lectura a la directiva de retorno para el tratamiento de la inmigración ilegal por una muy amplia mayoría.
Se trata de un tema mayor, que ha provocado reacciones adversas en diversos entornos, tanto de izquierda como de derecha, identificados unos y otros con los problemas de los ilegales. No era, sólo, la bandera de una cierta progresía sino de infinidad de pequeñas comunidades de apoyo que ayudan a los ilegales a integrarse en nuestras sociedades, desde posiciones ideológicas o religiosas muy distantes.
La Eurocámara no dudó: 369 votos a favor y 197 en contra, con 106 abstenciones, avalaron el acuerdo logrado por los ministros de Interior y Justicia de la UE con una representación restringida del Parlamento el pasado día 5, después de varios meses de transacciones en el seno del Comité de Representantes Permanentes, Coreper.
A favor de la Directiva de Retorno votó la mayor parte de los populares y los conservadores de la Eurocámara, principal formación política de la institución por número de escaños. Los socialistas, que le siguen como segundo grupo, votaron divididos: los españoles se declararon a favor de la propuesta con tres excepciones: los votos en contra de Josep Borrell y Raimon Obiols y la abstención de Martí Grau. También se abstuvo el eurodiputado del PNV, Josu Ortuondo, que se encuentra adscrito actualmente al grupo de los liberales, después del periplo del PNV por el PPE, primero, y los Verdes después.
Socialistas españoles
Los socialistas españoles desatendieron la disciplina de voto del PSE (Partido Socialista Europeo), que pedía el no, significando con ello el giro de 180 grados que ha dado el Gobierno de Rodríguez Zapatero en cuestiones de inmigración. Javier Moreno (PSE), que forma parte de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, y que la víspera había reclamado una suavización de la Directiva, terminó votando a favor después de que quedara descartada cualquier posibilidad de incorporar enmiendas al proyecto legal. Su argumento fue que la directiva crea un marco jurídico armonizado que permitirá crear una política común para la inmigración en la UE. Se trata, este, de un objetivo estratégico del Gobierno.
La mayoría parlamentaria favorable a la Directiva logró evitar la inclusión de enmiendas al texto, que hubieran forzado un nuevo debate en el Consejo provocando retrasos en la aprobación de la directiva que la presidencia eslovena de la UE cifraba la víspera en tres años.
Reacciones
La Comisión europea reaccionó al acuerdo por boca de su vicepresidente, Jacques Barrot. Tras tomar nota de la decisión parlamentaria, Barrot manifestó que los Estados miembros gestionaban de manera muy diferente hasta ahora las decisiones y los procedimientos de repatriación, lo que podía atentar contra la dignidad de las personas. Un marco jurídico (común) era, por lo tanto, indispensable. El texto aprobado ofrece ciertas garantías comunes para la puesta en aplicación de medidas de alejamiento (expulsión de ilegales), permitiendo al tiempo a los Estados miembros el mantenimiento o la puesta a punto de regímenes más protectores ( ) El voto del Parlamento parca una primera etapa en el camino que la Unión europea debe recorrer para dotarse de medios efectivos con los que gestionar de manera concertada, solidaria y humana la inmigración
ilegal.
Los planteamientos de Barrot eran compartidos por Manfred Weber, el ponente parlamentario del informe sobre la Directiva que pactó con el consejo los términos de la posición común: hemos definido un buen equilibrio entre las políticas de repatriación estrictas y los estándares humanitarios para con los inmigrantes ilegales, decía en un comunicado.
Otros sectores de izquierda de la Eurocámara juzgaron la decisión de aberrante. La calificó así el socialista italiano Claudio Fava, criticando el periodo máximo de 18 meses de detención de ilegales.
Willy Meyer (Izquierda Unida), emitió por su parte un comunicado en el que califica el acuerdo parlamentario de verdadera vergüenza para Europa (pues) con esta Directiva se pretende deportar a 8 millones de personas bajo la figura de la detención administrativa.
Los estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasponer a sus ordenamientos nacionales la Directiva adoptada en la Eurocámara, después de que esta sea publicada en el diario oficial.
Al menos 425 ilegales llegan a Canarias
Con la llegada del buen tiempo, se ha incrementado la llegada de inmigrantes clandestinos a las costas españolas, de forma especialmente significativa a las Islas Canarias. El último de los cayucos interceptados fue localizado este miércoles frente a la costa de Tenerife con unos 60 inmigrantes a bordo, lo que elevó el balance de llegadas de sin papeles desde que comenzase la semana a unos 425, más de un tercio de los cuales se frenaron durante la jornada de ayer. La última de las pateras confirmadas por las autoridades se localizó ayer a 37 millas de Punta Rasca, al sur de Tenerife, según informó la Delegación del Gobierno. En torno a 60 inmigrantes viajaban a bordo, tres de los cuales podrían tener menos de 18 años de edad, aunque todos presentan en aparente buen estado de salud.
La Eurocámara no dudó: 369 votos a favor y 197 en contra, con 106 abstenciones, avalaron el acuerdo logrado por los ministros de Interior y Justicia de la UE con una representación restringida del Parlamento el pasado día 5, después de varios meses de transacciones en el seno del Comité de Representantes Permanentes, Coreper.
A favor de la Directiva de Retorno votó la mayor parte de los populares y los conservadores de la Eurocámara, principal formación política de la institución por número de escaños. Los socialistas, que le siguen como segundo grupo, votaron divididos: los españoles se declararon a favor de la propuesta con tres excepciones: los votos en contra de Josep Borrell y Raimon Obiols y la abstención de Martí Grau. También se abstuvo el eurodiputado del PNV, Josu Ortuondo, que se encuentra adscrito actualmente al grupo de los liberales, después del periplo del PNV por el PPE, primero, y los Verdes después.
Socialistas españoles
Los socialistas españoles desatendieron la disciplina de voto del PSE (Partido Socialista Europeo), que pedía el no, significando con ello el giro de 180 grados que ha dado el Gobierno de Rodríguez Zapatero en cuestiones de inmigración. Javier Moreno (PSE), que forma parte de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, y que la víspera había reclamado una suavización de la Directiva, terminó votando a favor después de que quedara descartada cualquier posibilidad de incorporar enmiendas al proyecto legal. Su argumento fue que la directiva crea un marco jurídico armonizado que permitirá crear una política común para la inmigración en la UE. Se trata, este, de un objetivo estratégico del Gobierno.
La mayoría parlamentaria favorable a la Directiva logró evitar la inclusión de enmiendas al texto, que hubieran forzado un nuevo debate en el Consejo provocando retrasos en la aprobación de la directiva que la presidencia eslovena de la UE cifraba la víspera en tres años.
Reacciones
La Comisión europea reaccionó al acuerdo por boca de su vicepresidente, Jacques Barrot. Tras tomar nota de la decisión parlamentaria, Barrot manifestó que los Estados miembros gestionaban de manera muy diferente hasta ahora las decisiones y los procedimientos de repatriación, lo que podía atentar contra la dignidad de las personas. Un marco jurídico (común) era, por lo tanto, indispensable. El texto aprobado ofrece ciertas garantías comunes para la puesta en aplicación de medidas de alejamiento (expulsión de ilegales), permitiendo al tiempo a los Estados miembros el mantenimiento o la puesta a punto de regímenes más protectores ( ) El voto del Parlamento parca una primera etapa en el camino que la Unión europea debe recorrer para dotarse de medios efectivos con los que gestionar de manera concertada, solidaria y humana la inmigración
ilegal.
Los planteamientos de Barrot eran compartidos por Manfred Weber, el ponente parlamentario del informe sobre la Directiva que pactó con el consejo los términos de la posición común: hemos definido un buen equilibrio entre las políticas de repatriación estrictas y los estándares humanitarios para con los inmigrantes ilegales, decía en un comunicado.
Otros sectores de izquierda de la Eurocámara juzgaron la decisión de aberrante. La calificó así el socialista italiano Claudio Fava, criticando el periodo máximo de 18 meses de detención de ilegales.
Willy Meyer (Izquierda Unida), emitió por su parte un comunicado en el que califica el acuerdo parlamentario de verdadera vergüenza para Europa (pues) con esta Directiva se pretende deportar a 8 millones de personas bajo la figura de la detención administrativa.
Los estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasponer a sus ordenamientos nacionales la Directiva adoptada en la Eurocámara, después de que esta sea publicada en el diario oficial.
Al menos 425 ilegales llegan a Canarias
Con la llegada del buen tiempo, se ha incrementado la llegada de inmigrantes clandestinos a las costas españolas, de forma especialmente significativa a las Islas Canarias. El último de los cayucos interceptados fue localizado este miércoles frente a la costa de Tenerife con unos 60 inmigrantes a bordo, lo que elevó el balance de llegadas de sin papeles desde que comenzase la semana a unos 425, más de un tercio de los cuales se frenaron durante la jornada de ayer. La última de las pateras confirmadas por las autoridades se localizó ayer a 37 millas de Punta Rasca, al sur de Tenerife, según informó la Delegación del Gobierno. En torno a 60 inmigrantes viajaban a bordo, tres de los cuales podrían tener menos de 18 años de edad, aunque todos presentan en aparente buen estado de salud.