La Fiscalía alerta de la falta de centros específicos para menores con problemas de conducta en Guadalajara
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2025 advierte también de la presión generada por la llegada de menores migrantes no acompañados y del retraso en la tramitación de expedientes por falta de medios.
La Fiscalía General del Estado advierte en su memoria anual de 2025 de que la provincia de Guadalajara carece de centros específicos para menores con problemas de conducta, una situación que, según el Ministerio Público, dificulta la atención diferenciada de estos jóvenes y su convivencia con menores que se encuentran inmersos en procesos de integración educativa.
El documento señala que esta carencia también afecta a otras provincias como Cuenca, Toledo, Baleares, Navarra, La Rioja, Huesca, Álava, Bizkaia, Burgos, Cádiz, Palencia y las dos provincias de Extremadura.
Según la Fiscalía, la ausencia de estos recursos provoca que menores con "comportamientos disruptivos" convivan con otros en fase de integración educativa, lo que "dificulta considerablemente" el trabajo con ambos colectivos. Asimismo, la institución subraya la necesidad de reforzar los programas de salud mental dirigidos a la infancia y la adolescencia, tanto en régimen residencial como ambulatorio.
Aumento de la presión por la llegada de menores migrantes
La memoria, referida al ejercicio 2025 y publicada este jueves, también analiza la situación derivada de la llegada de menores extranjeros no acompañados, especialmente por Canarias y Ceuta, lo que llevó a declarar ambos territorios en situación de contingencia migratoria.
La Fiscalía señala que esta situación generó una acumulación de expedientes para determinar la edad de los menores debido a la "falta de medios personales y materiales". Durante 2025 se incoaron 7.999 expedientes de determinación de edad, un 1,73 % menos que el año anterior, aunque al cierre del ejercicio permanecían pendientes de resolución 3.904 expedientes.
El Ministerio Público advierte además de que la elevada presión asistencial conlleva "un riesgo de creación de macrocentros con un elevado número de plazas", una circunstancia que, según indica, dificulta el trabajo individualizado y la integración educativa de los menores.
Pese a ello, la memoria apunta que la situación mejoró respecto a 2024 gracias al descenso de las llegadas irregulares, lo que permitió adaptar mejor los recursos de protección y garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los menores. También destaca la coordinación entre las entidades públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para agilizar su documentación e identificación.
En cuanto a la inmigración irregular en conjunto, la Fiscalía cifra en 17.990 las llegadas registradas en 2025, frente a las 24.902 del año anterior, aunque considera que el volumen continúa siendo elevado y mantiene la necesidad de coordinación para perseguir las redes de inmigración ilegal y garantizar los derechos de las personas migrantes.