La Fiscalía eleva a 1.120 años la pena para los etarras de la T-4
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El fiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos, elevó de 900 a 1.120 años su petición de cárcel para los tres presuntos autores del atentado perpetrado el 30 de diciembre de 2006 contra la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, al considerar que quedó acreditado que en total fueron 52 las personas heridas.
El resto de acusaciones particulares también mantuvo sus conclusiones, a excepción de tres de ellas que reclamaron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, al considerar que los mecanismos de seguridad del Estado no funcionaron correctamente, ya que los tres acusados llegaron a entrar tres veces en el aeropuerto antes de colocar la furgoneta cargada de explosivos. Así, el representante del Ministerio Público atribuyó a los tres presuntos etarras, Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, 52 delitos de intento de asesinato, por los que solicita 20 años de cárcel por cada uno. Además, consideró que los tres fueron responsables de dos delitos consumados de asesinato terrorista, por los que pidió 80 años de cárcel (40 cada uno). El fiscal elevó a definitivas el resto de sus conclusiones provisionales, solicitando así que los tres supuestos miembros del comando Elurra de ETA indemnicen con 500.000 euros a cada una de las familias de los asesinados. No obstante, no será a este jueves cuando Campos exponga a la Sala su informe definitivo, tras el juicio celebrando desde el pasado lunes ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
Falta de vigencia
Sin embargo, esta modificación reclamó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado no fue admitida por el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, quien advirtió que, de ser aceptada, habría que repetir el juicio, ya que no se permitió al Estado que se defienda de esta acusación. El juez apuntó que esta responsabilidad por la supuesta falta de vigilancia del aeropuerto antes de colocar la furgoneta cargada de explosivos. No obstante, recordó que la Ley de Víctimas del Terrorismo ya contempla indemnizaciones para las personas que sufran un atentado terrorista, se identifique o no a los autores. Así, y tras escuchar la opinión de las partes, que en su mayoría se opusieron a la admisión de esta modificación, el presidente del tribunal anunció el rechazo de plano absolutamente.
Durante la tercera sesión del juicio celebrada este miércoles y después de escuchar losa visos que uno de los tres supuestos etarras hizo por teléfono a la DYA de San Sebastián, SOS-Deiak y Bomberos de Madrid, también se proyectaron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto en las que se ve cómo la furgoneta que estalló el 30 de diciembre de 2006 entra en el aparcamiento de Barajas y a un individuo ataviado con una gorra, una maleta y una muleta saliendo de la terminal, disfraz que, según declaró Sarasola ante la Guardia Civil, el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, le ordenó que llevara.
También comparecieron dos agentes de la Policía Nacional especialistas en la lucha antiterrorista que pusieron el acento en que los tres acusados fueron conscientes del daño que pudieron causar con la furgoneta-bomba de gran potencia, como, de hecho, subrayaron en las llamadas telefónicas de aviso. ¿Sabían lo que llevaban y lo que podían ocasionar con lo que llevaban?, les preguntó el fiscal, a lo que los policías respondieron afirmativamente. Además, algunas de las partes pidieron que se redujeran en el juicio dos de los documentos aportados: la declaración de Sarasola ante la Guardia Civil en la que relató pormenorizadamente su participación en el atentado y cómo se llevó a cabo y un documento intervenido a Txeroki tras su detención en Francia titulado haciendo frente a la detención.
Falta de vigencia
Sin embargo, esta modificación reclamó la responsabilidad civil subsidiaria del Estado no fue admitida por el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, quien advirtió que, de ser aceptada, habría que repetir el juicio, ya que no se permitió al Estado que se defienda de esta acusación. El juez apuntó que esta responsabilidad por la supuesta falta de vigilancia del aeropuerto antes de colocar la furgoneta cargada de explosivos. No obstante, recordó que la Ley de Víctimas del Terrorismo ya contempla indemnizaciones para las personas que sufran un atentado terrorista, se identifique o no a los autores. Así, y tras escuchar la opinión de las partes, que en su mayoría se opusieron a la admisión de esta modificación, el presidente del tribunal anunció el rechazo de plano absolutamente.
Durante la tercera sesión del juicio celebrada este miércoles y después de escuchar losa visos que uno de los tres supuestos etarras hizo por teléfono a la DYA de San Sebastián, SOS-Deiak y Bomberos de Madrid, también se proyectaron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto en las que se ve cómo la furgoneta que estalló el 30 de diciembre de 2006 entra en el aparcamiento de Barajas y a un individuo ataviado con una gorra, una maleta y una muleta saliendo de la terminal, disfraz que, según declaró Sarasola ante la Guardia Civil, el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, le ordenó que llevara.
También comparecieron dos agentes de la Policía Nacional especialistas en la lucha antiterrorista que pusieron el acento en que los tres acusados fueron conscientes del daño que pudieron causar con la furgoneta-bomba de gran potencia, como, de hecho, subrayaron en las llamadas telefónicas de aviso. ¿Sabían lo que llevaban y lo que podían ocasionar con lo que llevaban?, les preguntó el fiscal, a lo que los policías respondieron afirmativamente. Además, algunas de las partes pidieron que se redujeran en el juicio dos de los documentos aportados: la declaración de Sarasola ante la Guardia Civil en la que relató pormenorizadamente su participación en el atentado y cómo se llevó a cabo y un documento intervenido a Txeroki tras su detención en Francia titulado haciendo frente a la detención.